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Trece años de cárcel por violar a su hija adoptiva durante años

La fiscal de Cámara había pedido que lo condenaran a 15 años de prisión. La defensa, que lo absolvieran por el beneficio de la duda.

Por redacción
| 08 de septiembre de 2018
Integración. De izquierda a derecha: Aizpeolea (Cámara 1), Saá Petrino (Cámara 2) y Flores (Cámara 1). Foto: Archivo.

El primer indicio que tuvieron los docentes y empleados de la Escuela Nº 5 “Bartolomé Mitre” de San Luis, es que ella, una alumna de 15 años, pasaba allí más tiempo que otros estudiantes. A veces, por ejemplo, hasta se quedaba  a hacer los deberes ahí. Así fue como comenzó a tejer confianza con el personal escolar, y fue por esa familiaridad que en 2013 les manifestó que prefería estar en el colegio y no en su casa. ¿La razón? En su hogar estaba Guillermo Luis Moyano, su papá adoptivo, el hombre que la abusaba desde que tenía 7 u 8 años. Ayer, la Cámara del Crimen 1 de San Luis condenó al hombre a 13 años de cárcel, por las sistemáticas violaciones sufridas por la muchacha.

 

El tribunal que dictó el veredicto estuvo presidido por Silvia Aizpeolea e integrado por José Luis Flores y Hugo Saá Petrino, este último, integrante de la Cámara del Crimen 2 de San Luis. La pena no estuvo lejos, en cuanto al monto, por los solicitado en su oportunidad por el fiscal de instrucción 1, Ernesto Lutens, y por la fiscal de Cámara 1, Carolina Monte Riso. Lutens había pedido en la requisitoria de elevación a juicio que le dieran 12 años de prisión. Y la fiscal de Cámara, que lo condenaran a 15 años.

 

Según refirió una fuente, tanto Moyano, su esposa, la víctima y una hermana menor de ella –con la que se lleva un año y medio, aproximadamente– son de Mendoza. La pareja, que no había podido tener hijos, vivía en la provincia vecina cuando la Justicia les entregó, de modo provisorio, a tres hermanos varones, también menores.

 

Mientras tenían a los niños a su cuidado, llegaron a su casa la víctima y su hermana, que en ese entonces tenían dos años y medio y un año, respectivamente, contó la fuente. Por decisión de las autoridades, los varones fueron revinculados con su familia biológica, por lo que el matrimonio quedó sólo con las niñas, indicó. Aparentemente, la razón de la mudanza a San Luis fue que la pareja temía que les quitaran a las hermanitas.

 

Según la fuente, la pareja inició aquí, al parecer, algún trámite para lograr la adopción plena. Pero eso finalmente no se concretó, por lo que las hermanas tienen, al día de hoy, los apellidos de sus respectivos papás biológicos (son hijas de la misma mamá, pero de distintos padres).

 

Por lo que relató la damnificada, la familia ya estaba instalada aquí cuando Moyano comenzó con los abusos. Inicialmente, según narró la muchacha –que actualmente tiene 21 años y espera para fines de este mes a su primer hijo–, Moyano la manoseaba. Luego, con el tiempo, empezó a violarla. “Dijo que en un momento, él lo hacía todos los días”, contó la fuente. 

 

El pediatra del Cuerpo Profesional Forense Darío Villarroel, que examinó a la menor, confirmó que tenía signos de accesos carnales crónicos. Y la psicóloga del Poder Judicial Marisa Samper, que escuchó a la adolescente en la Cámara Gesell e hizo el informe de esa pericia, también halló indicadores de abuso.

 

Esas fueron dos de las pruebas que sopesaron los camaristas para adoptar la decisión. Pero, durante las audiencias que hubo esta semana, escucharon a la propia víctima, a su hermana y a su madre adoptiva, la ex pareja del acusado.

 

La damnificada explicó que los ataques ocurrían cuando la madre no estaba en la casa –trabajaba como seguridad comunitaria entre las 18 y las 24 horas–. También refirió que el hombre aprovechaba para someterla de noche, mientras su mamá dormía en otra habitación con su madre, a quien cuidaba porque estaba enferma.

 

La ex pareja de Moyano le aseguró al tribunal que ella nunca vio ninguna conducta extraña en su marido, que nunca sospechó lo que hacía. Y que supo lo que ocurría cuando la citaron al Juzgado de Familia y Menores 2, a una audiencia. Afirmó que nunca dudó de su hija.

 

La Justicia tomó intervención después de que las autoridades de la Escuela “Bartolomé  Mitre” impulsaran un “Comunica Situación”, luego de que la adolescente les manifestara que su padre adoptivo abusaba de ella. Después, comenzó, además, la investigación en la faz penal.

 

La hermana de la víctima no pudo aportar demasiado a través de su declaración: dijo que no había visto nada, que no sabía nada. Según confió la fuente, la damnificada afirmó que el violador le decía que si contaba lo que sucedía iba a desilusionar a las personas de su entorno y amenazaba con hacerle lo mismo a su hermana menor. Así, logró silenciarla y someterla durante años.

 

En 2013, tras la denuncia, Moyano fue excluido del hogar, y la víctima y su hermana quedaron al cuidado de su mamá adoptiva. Casi tres años después, el 28 de octubre de 2016, el juez Penal 1, Sebastián Cadelago Filippi, ordenó la detención del sospechoso. Días más tarde, lo procesó con prisión preventiva.

 

Santiago Salomón Calderón y Federico Putelli, defensores de Moyano, alegaron que al momento de la denuncia, la muchacha estaba de novia y que acusó al padrastro para tapar que ella tenía relaciones con su pareja. A su entender, los abusos no estaban probados. Pidieron que lo absolvieran por el beneficio de la duda.

 

La fiscal, por su parte, refirió que el delito estaba probado, así como la autoría de Moyano, e indicó que los dichos de la chica en la Cámara Gesell –ratificados cuando declaró ante el tribunal durante el juicio– fueron contundentes y hallaron correspondencia con el examen del pediatra Villarroel, prueba científica que dio la pauta de la cronicidad de los ataques.

 

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