El proyecto kirchnerista que reforma el Código Procesal Penal ingresó ayer al Senado, que empezará a debatirlo el próximo martes en un plenario de comisiones. La intención del oficialismo es votarlo en la última semana de noviembre.
El gobierno defendió la iniciativa y el último discurso de la Presidente.
El martes el debate comenzará a las 15 en las comisiones de Justicia, Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda.
El jefe del bloque "K", Miguel Ángel Pichetto, y el senador Rodolfo Urtubey, dieron detalles del tratamiento de la reforma anunciada por la presidente Cristina Kirchner. "Vamos a trabajar todo el mes. La idea es intentar aprobarlo en la última semana de sesiones ordinarias", señaló Pichetto.
Urtubey aclaró que la vigencia del nuevo Código no la dará "su sanción, sino otra ley de implementación que será tratada por una comisión bicameral", creada por el mismo proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo.
El proyecto de reforma del Código Procesal Penal tiene 349 artículos. Contempla, entre otras cosas, el sistema acusatorio que delega en el fiscal toda la investigación y la oralización de los procesos.
También establece que la investigación debe hacerse en un plazo máximo de un año y que el juicio oral deberá empezar entre 5 y 30 días después de terminada la instrucción, pero la totalidad del proceso no puede durar más de tres años: si los fiscales o los jueces no cumplen con estos plazos tendrán sanciones graves, además de ser apartados de la causa.
La iniciativa establece, además, que las víctimas van a poder participar en el proceso junto al fiscal y al juez, exigiendo y reduciendo medidas e inclusive proponiendo la dirección del proceso cuando el juez y el fiscal no lo hagan.
En uno de los puntos más polémicos, señala también que aquellos extranjeros que tengan una situación irregular en su presencia en el país y sean sorprendidos "in fraganti" cometiendo un delito serán expulsados y no podrán reingresar por 15 años.
La oposición aparece dividida en torno al proyecto. Mientras la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, llamó a no "legitimar la impunidad", el diputado del Frente Renovador Sergio Massa y el macrismo se manifestaron "de acuerdo" con la iniciativa.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich reclamó "coherencia" a los opositores para "aprobar rápidamente" el proyecto "porque es lo que pedían". Denunció además una "acción política alevosa tendiente a confundir a la ciudadanía" sobre los alcances del proyecto, y aseguró que es falso que promueva una "gran amnistía y prescripción de varias causas".
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo aclaró que "cuando la Presidente habla de que la inseguridad tiene mucho de marketing, no lo hace con el sentido de creer que no hay problemas vinculados a la inseguridad. Todo lo contrario". Y fue más allá en su aclaración: "Es de un grado de 'hijaputez' (sic) increíble afirmar que a la Presidente no le preocupa la inseguridad".
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