“¿Así que cualquier mujer que tenga un niño puede matar fácilmente, total, va detenida a su casa?”, pregunta Rodolfo Rubén Morcón, padre de Rubén Ismael, el joven de 20 años asesinado a golpes para robarle la moto, en el barrio 1º de Mayo de San Luis.
Además de Romero, por el asesinato están acusados su hijo de 18 años y un vecino
El miércoles el papá de la víctima se encadenó frente a los tribunales de San Luis para protestar porque la jueza Penal Nº 3, Virginia Palacios, le dio el beneficio de la prisión domiciliaria a Rosa Romero, involucrada en el homicidio junto a su hijo Cristofer Emanuel Romero y un vecino, Marcelo Raúl Rodríguez, alias “El Cara de Tabla”.
“No sé qué beneficio es ése. Si vos matás a una persona, supongo que tenés que cumplir. Según ellos, es hasta que salga el juicio. Pero hasta entonces va a estar muy piola en la casa”, se quejó Morcón luego de deponer la protesta. Una secretaria del juzgado de Palacios lo recibió en su oficina y le explicó los motivos del beneficio otorgado a la acusada.
“Romero es mamá de una nena de 3 años que no tiene papá y tiene otros hijos menores. Son cuatro hijos biológicos y una quinta hija, adoptada, muy pequeña, cinco en total. Y ella es el único sostén de la familia. Se gana el sustento trabajando en lavado y planchado”, informó la secretaria del juzgado, Adriana Lucero Alfonso.
La jueza firmó el viernes 9 la resolución en la que autorizó a la procesada por homicidio simple a salir de la Penitenciaría provincial y continuar privada de la libertad en la casa de un familiar.
Ante el reclamo de Morcón, Palacios aclaró que lo que le concedió a la acusada “no es una liberación o excarcelación, sino un cambio en la ejecución de la privación de la libertad, es prisión en otra modalidad. Y está expresamente prevista en la norma”.
"Una cuestión de humanidad"
“La prisión domiciliaria no debe entenderse como un cese o suspensión en la privación de la libertad, sino como una alternativa o una modalidad atenuada en la ejecución”, pertinente para casos especiales previstos por la Ley 24.660, de Ejecución de la Pena, señaló la jueza en su resolución.
Esa ley establece que los magistrados pueden concederle la detención domiciliaria a, entre otros casos, los internos que padezcan una enfermedad incurable en período terminal; los internos discapacitados cuando la privación de la libertad en un penal es inadecuada por su condición; los mayores de setenta años; las embarazadas y las madres de discapacitados que estén a su cargo o con hijos menores de cinco años. Este último es el caso de Rosa Romero.
Palacios dijo además que el arresto domiciliario está justificado por un principio de humanidad “o de Trato Humanitario en la ejecución penal”, respaldado –enumeró en sus fundamentos– por la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y la Convención por los Derechos del Niño.
Los principios constitucionales buscan “evitar que la privación de libertad aplicada a los padres trascienda a los menores”, por eso permiten que el juez otorgue a la madre la prisión domiciliaria, afirmó Palacios en su resolución.
Antes de decidir, consultó la opinión al fiscal Nº 3 subrogante, Gabriel Lutens.
“Sostuve que no es obligatorio para un juez disponer una prisión domiciliaria con la mera presentación de la defensa, sino que había que estudiar el caso. Pedí una encuesta socioambiental y pericias psicológicas y psiquiátricas”, explicó el fiscal al ser consultado por El Diario de la República.
“Porque el solo hecho de tener un hijo no es suficiente para que alguien cumpla la detención en la casa. Pero si los requisitos están, se puede otorgar” el beneficio, sostuvo Lutens.
Si no cumple, vuelve a prisión
La secretaria del juzgado señaló que la jueza esperó a contar con esas pericias pedidas por el fiscal para decidir.
“Romero no puede salir del domicilio fijado para que cumpla la detención, que no es el que ella tenía en el barrio 1º de Mayo porque a su casa la quemaron después del homicidio”, recordó Lucero Alfonso.
Y advirtió que si la procesada viola las condiciones estipuladas, en forma automática le revocarán el beneficio y tendrá que volver a la cárcel.
“Mi temor es que Romero se escape. Porque una vez se quiso escapar, la agarraron en la terminal”, dijo Rodolfo Morcón.
El miércoles 26 de marzo, dos días después de la muerte de Ismael, que fue agredido la madrugada del domingo 23 y agonizó hasta el lunes 24, Romero y su hijo Cristofer fueron apresados cuando intentaban huir de la ciudad. “Quería escaparse sola, no llevaba los niños, en ese momento no pensó en ellos”, afirmó Morcón.
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