El tránsito en San Luis es un caos: las calles denotan falencias en el control y faltan certezas de disposiciones vigentes y en desuso. Por eso, el concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Francisco Guiñazú, presentó un proyecto de ordenanza integral de tránsito para que la Municipalidad tenga autonomía más allá de los documentos que rigen en la Provincia y en la Nación. Y como puntos novedosos impulsa la revisión técnica obligatoria para los vehículos usados y la creación de una escuela municipal de manejo.
El autor pretende que toda la recaudación de las multas quede para la Municipalidad.
La propuesta incluye que el cuerpo de tránsito comunal tenga la potestad de vigilar y realizar actas y le otorga mayor competencia al Juzgado de Faltas. Pero también hace un repaso de conceptos básicos. También de las edades mínimas para obtener el carné de conducir y agrega requisitos para tramitarlo. El escrito ya está en la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante y el edil confía en que se pueda enriquecer su idea, “la cual no va en contra de lo que manda la Nación”.
“San Luis quedó jurídicamente descalzada ya que esa adhesión caducó, por eso es importante que avancemos en un ordenamiento que vaya en sintonía unidireccional con la normativa nacional, y eso no significa que las leyes sean iguales. Esto quiere decir que si en la ciudad un hecho significa una falta, que en la Nación también lo sea. Pero nos guardamos la facultad de elegir cuestiones que atañen a nuestra idiosincrasia”, comentó sobre la iniciativa que elaboró en tres meses y cuenta con noventa y cuatro artículos.
La última norma de este tipo es de hace cuarenta y seis años. Carlos Ponce, el padre del actual intendente, se adhirió a la vieja legislación nacional 24.449 en 1998, que encima fue cambiada tres veces después. Hace dos meses su hijo, Enrique, giró un proyecto para plegarse a la ley Nº 26.363. Ésta no es la primera vez que la Comuna se acerca a la Agencia Nacional de Seguridad Vial: ya firmó un convenio para entregar un carné de conducir que tenga alcance en todo el país.
Guiñazú explicó que si se anexa a la ley nacional, como propuso el intendente, el dinero de las multas iría a la Nación y volverían a la ciudad en forma de coparticipación. “Quiero que los recursos queden acá. La Nación siempre se queda con la mejor parte o lo reparten con quien tiene mayor afinidad. No quiero eso. Por eso, es importante resguardarlo”, sostuvo.
Además, la ciudad podría enriquecer su ley. “Podemos imponer exigencias y normas exclusivas que no colisionen. Esto abre muchas posibilidades. Tenemos la facultad de emitir la licencia de conducir, por ejemplo, y podemos aceptar los requerimientos para otorgarla pero eso no excluye que agreguemos más ítems. Quizás en esa licencia se podría incluir contactos telefónicos de parientes a los que se podrían llamar si ocurre un accidente”, comentó.
La provincia ve con agrado sumarse a la nueva ley de tránsito y eso, para Guiñazú, no sería un inconveniente en el caso que la ciudad tenga la suya. “Cada uno reserva su incumbencia, a la ciudad le toca mirar el tránsito dentro del ejido municipal y a la provincia le toca lo mismo con las rutas. No son incompatibles”, dijo el edil.
El plan contempla que el poder Ejecutivo municipal sea la institución que compruebe y la Justicia de Faltas, que sea el juzgador.
El concejal sabe que para llevar adelante una ordenanza de ese calibre es necesario celebrar los convenios con los distintos organismos nacionales y provinciales, lo que consideró que no es un problema para concretarlo. Señaló que lo primordial es adherirse al Consejo Federal de Seguridad Vial.
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