El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para la creación del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico, en el ámbito de la Policía provincial, obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en la sesión de ayer. La nueva organización, que reemplazará a la división Toxicomanía, apunta a jerarquizar a los agentes y dotarlos de mayor presupuesto y recursos tecnológicos.
La nueva organización, que reemplazará a la división Toxicomanía, apunta a jerarquizar a los agentes y dotarlos de mayor presupuesto y recursos tecnológicos.
Algunos de los fundamentos que expresó Néstor Elías, diputado de Compromiso Federal, fueron que “el crecimiento poblacional y la complejidad de este nuevo tejido social han acrecentado delitos donde se advierte la vinculación o conexión con el consumo de drogas. Y el Gobierno reconoce esta situación, como así también la existencia de algún comercio de estupefacientes en el ámbito de la provincia a determinada escala”. Pero destacó que “San Luis no es un escenario de actuación de grandes traficantes que representen un peligro latente para la juventud. Y tampoco se han registrado antecedentes de plantaciones de sustancias ilegales o laboratorios de procesamiento de drogas denominadas de diseño”.
Si bien todos los bloques coincidieron en aprobar el texto, las bancadas minoritarias hicieron saber sus dudas y exigencias para el cumplimiento de la nueva norma. Walter Ceballos, presidente del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) pidió “que se controle el accionar policial que hoy no lo tiene de manera externa de parte de ninguna de las comisiones legislativas. En 2006 se desmanteló Asuntos Internos y hoy no tiene ninguna auditoría, ni adentro, ni afuera del cuerpo”. Y recordó que el Observatorio para la Deuda Social que publica todos los años la Universidad Católica Argentina, detectó que el 64% de los habitantes de barrios humildes y periféricos de la ciudad de San Luis reconoció la existencia de la venta y distribución de drogas en esas jurisdicciones.
La diputada Sonia Delarco (Frente para la Victoria) dijo estar preocupada de que sea necesaria una fuerza policial especializada y se preguntó: “¿Quién será la encargada de capacitarla? ¿qué montos destinará el Ejecutivo para este departamento? ¿cuáles son los recursos tecnológicos y logísticos que se piensan implementar?”. Y destacó que hubiera preferido “una mirada de políticas públicas sociales para los jóvenes que consumen en nuestros barrios periféricos”.
Mientras que el jefe de la bancada Mercedinos por el Cambio, José Giraudo, planteó su desacuerdo con la redacción del artículo 3º que ordena "la reglamentación conjunta entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad", y también con el significado de la palabra “blindaje” para definir a los operativos que debería aplicar el nuevo equipo de policías.
El único legislador que se opuso con su voto fue Raúl Laborda (FPCyS) quien señaló su total desacuerdo "con que la DEA sea la que capacite a la nueva fuerza".
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