La Cámara Industrial de San Luis pidió audiencia con el intendente de la capital puntana, Enrique Ponce, para expresar su desacuerdo con una resolución que establece que la "Tasa Comercial" toma ahora como base de cálculo las ventas registradas en todo el territorio provincial y no por las que ocurren dentro de la jurisdicción capitalina. El conflicto se agudiza porque para obtener las habilitaciones comerciales los industriales están obligados a pagar este canon.
"El nuevo coeficiente modifica demasiado el arancel con respecto al año pasado"
Eduardo Mirengo, presidente de la Cámara, explicó que hasta diciembre de 2013 la tasa se calculaba en el 2 por mil de lo facturado dentro del ejido capitalino. “Comenzaron a remitir a la base imponible de ingresos brutos a nivel nacional. Algunas empresas iban a tener un incremento muy alto y otras nada, evidentemente no evaluaron qué significa esa modificación”, indicó.
La nueva ordenanza fue publicada el 11 de febrero en el Boletín Oficial municipal y sostiene que la “facultad para interpretar las disposiciones tributarias y otorgar claridad jurídica a las normas es de la Secretaría de Hacienda y Obras Públicas”. Mirengo ironizó que “aparentemente es un tema interpretativo”, y que eso implica que pueden cambiar nuevamente las reglas. “El nuevo coeficiente modifica mucho el arancel con respecto al año pasado. Nosotros queremos trabajar, no queremos problemas”, remarcó. Además del pedido de audiencia, la Cámara prevé el envío de una carta documento al secretario de Hacienda municipal, Esteban Pringles, en la que se lo instará a rever la decisión en un plazo de cinco días, por considerarla inconstitucional y por entender que “hay un orden jurídico vulnerado”, y que hubo un “intempestivo cambio de interpretación".
Borrado con el codo
La Cámara Industrial explicó que el miércoles 21 de mayo mantuvieron una reunión con Pringles y la directora de Ingresos Públicos de la Municipalidad, Alejandra Pina, en la que se acordó mantener la norma con la que se tributaba sólo por la actividad comercial en la ciudad (la reglamentación vigente hasta diciembre de 2013) y entregar las habilitaciones correspondientes. También se pactó mantener una nueva reunión con equipos técnicos para determinar el valor a pagar. Según indicaron, el acuerdo fue desconocido al día siguiente por la Municipalidad, y mediante un correo oficial se instó a los industriales a regularizar la situación como plantea la última resolución, lo que ha dejado a empresarios sin habilitación para trabajar.
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