El Gobierno alista la contraofensiva judicial para elevar la batalla con los fondos buitres a la Corte Internacional de La Haya, estrategia con la que intentará poner fin a una demanda que considera injusta, aunque lo expondrá a un enfrentamiento directo con los Estados Unidos.
La administración de Cristina Kirchner acusa a la Justicia estadounidense de mala praxis y antes de ir a La Haya pasará por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de obtener apoyo y forzar a la primera potencia mundial a que acepte dirimir el llamado "juicio del siglo" en ese tribunal.
La Casa Rosada parece decidida a embarcarse en una lucha judicial que la enfrentará a Obama.
La demanda dejaría en un segundo plano a los fondos especulativos liderados por el NML Capital y el Aurelius Capital Management —que reclaman el pago de 1.600 millones de dólares por bonos defaulteados en 2001— porque iría ya contra la gestión de Barack Obama, la Justicia estadounidense y el Parlamento de ese país.
La estrategia argentina se inscribe en el Derecho Internacional, el cual indica que las decisiones de un sistema judicial que provocan consecuencias sobre otra nación "deben ser denunciadas legalmente, en el marco de un litigio de Estado a Estado".
El propio ministro de Economía, Axel Kicillof, dejó entrever la maniobra cuando el 26 de junio advirtió a los Estados Unidos sobre las consecuencias de sus actos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, en este caso a manos del magistrado neoyorquino Thomas Griesa, que falló a favor de los fondos buitres en su demanda contra la Argentina.
La acción judicial que preparan expertos en Derecho Internacional —con el monitoreo del secretario Legal y Técnico Carlos Zannini— para que el Gobierno inicie la contraofensiva buscará entonces hacer valer legítimamente los derechos del país como miembro de la comunidad global integrante de la ONU, el FMI, la OEA, entre otros organismos multilaterales.
Entienden en la Casa Rosada que la prórroga de jurisdicción con que se emitieron los títulos que los fondos especulativos compraron por monedas en 2008, mucho después del default, no implica la aceptación de actos jurisdiccionales de "cumplimiento imposible", ya que el fallo de Griesa vulnera el principio de inmunidad soberana e interpreta en forma "absurda" el pari passu, esto es, el derecho a igual trato de los acreedores.
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