Tribunales de Cuentas de todo el país ratificaron su labor, sus derechos y aclararon su exclusividad a la hora de controlar las finanzas públicas de Estados provinciales o municipales. Así lo determinó la declaración que firmaron representantes de todo el país en la reunión anual del Secretariado Permanente de Organismos Públicos de Control de la República Argentina que tuvo lugar en Salta y donde se cuestionó, entre otras, a la Municipalidad de San Luis por la contratación de una compañía privada para auditar sus cuentas.
Dirigentes de los diferentes distritos firmaron la carta en la que aclaran su rol a raíz de los intentos que distintos gobiernos ensayaron buscando eludir la revisión de sus cuentas y movimientos de dinero.
Los casos de mayor gravedad son el gobierno de Mendoza y la Comuna puntana, cuyos Poderes Ejecutivos convocaron otros ojos para desarrollar auditorías que revisen sus cuentas.
La administración del mendocino Paco Pérez busca evadir a los revisores del Tribunal de Cuentas de su provincia y pretende que la Auditoría General de la Nación chequee su cuestionada gestión económica.
A su vez, el intendente puntano, Enrique Ponce, contrató a la firma Kpgm para que repase las cuentas de sus cuatro años al frente del Municipio.
La declaración redactada en la capital salteña indicó que "ve con profunda preocupación algunos intentos de injerencia y sustitución de las competencias de los Organismos de Control Público a través de la contratación de auditorías privadas u órganos de extraña jurisdicción". En otro párrafo de la carta dice que "ese mecanismo no libera a los funcionarios del cumplimiento de sus obligaciones", remarca la misiva.
Gambetas cortas
Pero además de las gambetas que ensayan Pérez y Ponce, según revelaron los dirigentes, esas prácticas se extienden por todo el país: muchos otros gobiernos municipales planifican la forma de esquivar el repaso de sus números. "Lamentablemente es una tendencia que crece. El problema lo analizamos en Salta. Con esa declaración remarcamos cuál es el rol de los tribunales de cuenta. No se pueden sustituir. Es inconstitucional hacerlo, son pilares básicos de la república. Tienen autonomía propia y su labor no puede ser reemplazada. Además, sea cual fuere el resultado de una auditoría privada, ese Poder Ejecutivo no queda exento de la revisión a la que debe someterse por parte de su Tribunal público", dijo Sergio Oste, titular del órgano puntano.
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