Caso Abel Ortiz: le negaron la libertad al comisario Acevedo

Ni la prisión domiciliaria ni mucho menos la libertad. Para el juez de instrucción Penal N° 2, Leandro Estrada no es ni remotamente viable que el comisario Marcelo Cecilio Acevedo sobrelleve los procesamientos por el homicidio de Abel Roque Ortiz y por asociación ilícita fuera de la cárcel. Primero porque es lógico pensar que sólo por el primero de los delitos que le imputan, cuya pena es la reclusión perpetua, el ex jefe de la Comisaría 9ª podría intentar escapar si le conceden la excarcelación. Señala que cuenta con los conocimientos y los medios económicos para fugarse de la provincia en cuanto tenga la primera oportunidad y eso, desde ya, entorpecería la investigación. Por eso, ayer, el magistrado rechazó el pedido de excarcelación que le había planteado Hernán Echevarría, el abogado del ex jefe policial, y también las alternativas de prisión domiciliaria o traslado a otras dependencias policiales, que subsidiariamente, le había sugerido el defensor.

Apenas arranca su resolución, el juez rescata lo que la Fiscalía pronunció respecto al planteo de cese de cárcel. “(...) La prisión preventiva ordenada luce procedente, teniendo en cuenta el tipo de delito, las circunstancias que han rodeado el suceso (…) ‘El Estado está obligado a llevarla a cabo (de otro modo, no sería penal) y el imputado a tolerar su realización y, por ende, a soportar sus medidas”, manifiesta el dictamen fiscal. Por todo ello, la Fiscalía expresaba que, en su opinión, el magistrado no debía hacerle lugar a la petición de la defensa. 

La sentencia también dedica un espacio para referirse a parte de un informe que el director del Servicio Penitenciario Provincial, el inspector general Ernesto Sáez, remitió al Juzgado. En él informa que Acevedo está alojado en la habitación 1, de un pabellón llamado “Sanidad”, ubicado en la Unidad N° 3 “Jóvenes adultos”. Dicho sector “está adaptado para que convivan los presos que han pertenecido a las fuerzas de seguridad, evitando que tengan contacto directo con el resto de la población penal; entendiéndose por ello a los internos procesados de la Unidad N° 2 y así preservar su integridad física”. Indica que el acusado goza de todos los privilegios que la Ley permite: recreo, visitas, comunicación, asistencia médica y psicológica, asistencia de culto y, además, como parte de laborterapia, trabaja en la huerta de la unidad en la que está.

Para explicarse, Estrada menciona, como ejemplos, cuatro casos que se han dado en la Justicia y refieren a la excarcelación. Algunos de los cuales se apoyan en el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual señala que la gravedad de un delito y la severidad de su pena muchas veces son un parámetro más que razonable y válido para pensar que al imputado podría cruzársele por la cabeza la intención de eludir el accionar de la Justicia.

Echevarría había requerido que, en el caso de que la liberación de su cliente le sea negada, le otorgarán la prisión domiciliaria o, como medida cautelar alternativa a ella, la posibilidad de cumplir la detención preventiva en alguna de estas tres dependencias policiales: la Comisaría del Menor de Villa Mercedes, las instalaciones del Comando de Operaciones de Alto Riesgo (COAR) o los bomberos voluntarios, de San Luis Capital.

Al respecto, el juez indica en su dictamen que las dependencias propuestas funcionalmente no están destinadas para desempeñar tal fin, tampoco su personal está preparado para resguardar a personas sobre las que pesan medidas de coerción, como la prisión preventiva.

Por último, el magistrado rechaza la petición de que el comisario cumpla con la detención en la comodidad de su domicilio, pues no corresponde con lo dispuesto en el Código Penal de la Nación y la Ley Nacional.

Acevedo fue enviado al penal la tarde del martes 5. Estrada lo procesó porque tiene elementos para presumir que, entre otras cosas, se valió de su investidura policial para desviar la investigación de la desaparición de Ortiz, porque era amante de la ex de Abel, la peluquera Alejandra Espinosa (también procesada y encarcelada por el homicidio del joven), con quien también integraba, junto a otros sospechosos, una asociación ilícita que le vendía drogas a los chicos, incendiaba casas y baleaba personas.