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Un fiscal pidió que investiguen a un comisario por dos delitos

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Un fiscal pidió que investiguen a un comisario por dos delitos

Marcelo Sosa, junto a un amigo, persiguió a su ex pareja y dañó el auto del hombre que la acompañaba.

Un fiscal pidió a un juez que investigue por los delitos de daños y coacción a un comisario y su amigo, quienes persiguieron a la ex del policía y agredieron al acompañante de la mujer, un agente penitenciario que terminó efectuando dos disparos contra ellos y, por esa reacción, estuvo detenido y fue procesado por abuso de arma.

“Entiendo que hay que investigar a Marcelo Ariel Sosa y a Federico Damián Lucero por los daños causados al vehículo del agente penitenciario y por la posible comisión del delito de coacción”, le informó a El Diario el agente fiscal 1 de la capital, Marcelo Palacio Fernández.

“Entiendo –dijo para explicar su inclusión de la figura de coacción– que en esa persecución hubo una amenaza inminente que obligaba al agente penitenciario a huir”.

La investigación judicial sobre el incidente ocurrido la siesta del sábado 4 de mayo comenzó por una denuncia policial que hizo, en la Comisaría 23ª, el comisario Sosa. Fue a exponer que había sido baleado por el guardiacárcel Claudio Sebastián Torres, quien había disparado con una pistola calibre 9 milímetros contra el auto en el que andaban él y Lucero.

La denuncia motivó que Torres fuera detenido e imputado de intento de homicidio.

 

Los abogados de Torres ya le pidieron al juez que le otorgue al penitenciario el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Es decir, que le den condiciones a cumplir, a cambio de no afrontar un juicio oral por su delito.

 

Pero, si bien quedó demostrado por las pericias y el propio penitenciario confesó haber disparado dos veces contra el auto en el que andaban Sosa y su amigo, el juez Penal 1, Marcos Flores Leyes, entendió que no había tenido la intención de matarlos. Por eso lo procesó por “abuso de arma” y ordenó dejarlo en libertad.

El comisario afirmó, en la denuncia, que Torres había tratado de atropellarlo con su auto cuando se acercó al vehículo para hablar con su ex pareja. Y que, para defenderse, él golpeó un vidrio del rodado y lo rompió. Sin embargo, las filmaciones de la persecución, hechas y aportadas a la investigación por el propio policía, demuestran que tal intento de atropellamiento no existió.

También quedó probado que Sosa y su amigo, en el auto de Lucero, perseguían a la pareja desde antes de que el comisario dañara el auto, y que luego de ella continuaron la persecución. Esa acción “obligaba a la víctima a huir y poner en peligro no solo su vida sino también la de otros transeúntes”, dijo el fiscal.

El seguimiento se extendió hasta la casa de Torres, donde el comisario se bajó y siguió dañando el auto del penitenciario.

 

 

Causa contra Torres, a otro juez

El fiscal le presentó la solicitud de investigación al juez Correccional y Contravencional 1, Marcelo Bustamante Marone.

El mismo magistrado va a continuar la investigación contra Torres, iniciada por el juez Penal Flores Leyes. Al cambiar la calificación legal de la acusación –de homicidio en grado de tentativa a abuso de arma–, cambió la competencia, porque en ese último delito debe entender el juzgado Correccional.

De modo que Bustamante Marone tendrá en sus manos dos investigaciones sobre el mismo hecho: la iniciada por la denuncia de Sosa contra Torres y la solicitada por el fiscal contra Sosa y Lucero.

“Adherimos al pedido de investigación hecho por el fiscal, pero entendemos que Sosa no debe ser investigado por coacción simple, sino agravada, porque si bien ya estaba pasado a disponibilidad en la Policía cuando cometió el hecho,  es un funcionario público”, afirmó la abogada María de los Ángeles De Pascuale, una de los dos defensores de Torres.

Dijo que comparten la visión de Palacio Fernández porque “todo el raid fue completamente intimidatorio”. “Por toda esa larga persecución, que Sosa hizo cruzando semáforos en rojo, Torres reaccionó por temor. Además, al llegar a su casa sufrió agresiones y daños. Fue una experiencia tortuosa”, sostuvo.

“Torres tiene responsabilidad por haber usado el arma, pero se vio coaccionado, obligado a hacerlo”, enfatizó la defensora.

De Pascuale, que actúa en el caso junto a su colega Ricardo Gutiérrez Esley, señaló, además, que evalúan denunciar al comisario Sosa “por delitos de acción pública como la falsedad, porque los hechos que él denunció no son los que ocurrieron realmente”.

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Un fiscal pidió que investiguen a un comisario por dos delitos

Marcelo Sosa, junto a un amigo, persiguió a su ex pareja y dañó el auto del hombre que la acompañaba.

Comisaría 23ª. En la seccional del sur se presentó el comisario Sosa a denunciar al guardiacárcel. Foto: Marianela Sánchez.

Un fiscal pidió a un juez que investigue por los delitos de daños y coacción a un comisario y su amigo, quienes persiguieron a la ex del policía y agredieron al acompañante de la mujer, un agente penitenciario que terminó efectuando dos disparos contra ellos y, por esa reacción, estuvo detenido y fue procesado por abuso de arma.

“Entiendo que hay que investigar a Marcelo Ariel Sosa y a Federico Damián Lucero por los daños causados al vehículo del agente penitenciario y por la posible comisión del delito de coacción”, le informó a El Diario el agente fiscal 1 de la capital, Marcelo Palacio Fernández.

“Entiendo –dijo para explicar su inclusión de la figura de coacción– que en esa persecución hubo una amenaza inminente que obligaba al agente penitenciario a huir”.

La investigación judicial sobre el incidente ocurrido la siesta del sábado 4 de mayo comenzó por una denuncia policial que hizo, en la Comisaría 23ª, el comisario Sosa. Fue a exponer que había sido baleado por el guardiacárcel Claudio Sebastián Torres, quien había disparado con una pistola calibre 9 milímetros contra el auto en el que andaban él y Lucero.

La denuncia motivó que Torres fuera detenido e imputado de intento de homicidio.

 

Los abogados de Torres ya le pidieron al juez que le otorgue al penitenciario el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Es decir, que le den condiciones a cumplir, a cambio de no afrontar un juicio oral por su delito.

 

Pero, si bien quedó demostrado por las pericias y el propio penitenciario confesó haber disparado dos veces contra el auto en el que andaban Sosa y su amigo, el juez Penal 1, Marcos Flores Leyes, entendió que no había tenido la intención de matarlos. Por eso lo procesó por “abuso de arma” y ordenó dejarlo en libertad.

El comisario afirmó, en la denuncia, que Torres había tratado de atropellarlo con su auto cuando se acercó al vehículo para hablar con su ex pareja. Y que, para defenderse, él golpeó un vidrio del rodado y lo rompió. Sin embargo, las filmaciones de la persecución, hechas y aportadas a la investigación por el propio policía, demuestran que tal intento de atropellamiento no existió.

También quedó probado que Sosa y su amigo, en el auto de Lucero, perseguían a la pareja desde antes de que el comisario dañara el auto, y que luego de ella continuaron la persecución. Esa acción “obligaba a la víctima a huir y poner en peligro no solo su vida sino también la de otros transeúntes”, dijo el fiscal.

El seguimiento se extendió hasta la casa de Torres, donde el comisario se bajó y siguió dañando el auto del penitenciario.

 

 

Causa contra Torres, a otro juez

El fiscal le presentó la solicitud de investigación al juez Correccional y Contravencional 1, Marcelo Bustamante Marone.

El mismo magistrado va a continuar la investigación contra Torres, iniciada por el juez Penal Flores Leyes. Al cambiar la calificación legal de la acusación –de homicidio en grado de tentativa a abuso de arma–, cambió la competencia, porque en ese último delito debe entender el juzgado Correccional.

De modo que Bustamante Marone tendrá en sus manos dos investigaciones sobre el mismo hecho: la iniciada por la denuncia de Sosa contra Torres y la solicitada por el fiscal contra Sosa y Lucero.

“Adherimos al pedido de investigación hecho por el fiscal, pero entendemos que Sosa no debe ser investigado por coacción simple, sino agravada, porque si bien ya estaba pasado a disponibilidad en la Policía cuando cometió el hecho,  es un funcionario público”, afirmó la abogada María de los Ángeles De Pascuale, una de los dos defensores de Torres.

Dijo que comparten la visión de Palacio Fernández porque “todo el raid fue completamente intimidatorio”. “Por toda esa larga persecución, que Sosa hizo cruzando semáforos en rojo, Torres reaccionó por temor. Además, al llegar a su casa sufrió agresiones y daños. Fue una experiencia tortuosa”, sostuvo.

“Torres tiene responsabilidad por haber usado el arma, pero se vio coaccionado, obligado a hacerlo”, enfatizó la defensora.

De Pascuale, que actúa en el caso junto a su colega Ricardo Gutiérrez Esley, señaló, además, que evalúan denunciar al comisario Sosa “por delitos de acción pública como la falsedad, porque los hechos que él denunció no son los que ocurrieron realmente”.

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