Piden que condenen a ex policía por vender una Hilux secuestrada

Hace siete años que la investidura policial es apenas una anécdota para José Luis Mansilla. Aunque en todos estos años el alguna vez jefe de la Comisaría 9ª logró armar una vida completamente diferente y alejada a sus días de subcomisario, hay algo que todavía lo ata a aquel pasado en la Policía de la Provincia: estar imputado en la venta de una Toyota Hilux que había sido secuestrada por ser trucha. Esta semana esa espina, que le valió que fuera expulsado de la fuerza de seguridad, reflotó. La fiscal Verónica Alonso Ernst solicitó que sea sentenciado a siete años de prisión.

Mansilla está procesado por el delito de “hurto doblemente calificado, por el uso de la llave verdadera que hubiere sido retenida y por ser miembro de las fuerzas policiales”. La titular de la Fiscalía Nº 3 consideró para la acusación la falta de antecedentes, como atenuante y, como agravante, “el ser funcionario público y la actitud asumida después del hecho, que mediante engaños, irregularidades y artilugios trató de encubrir su accionar”.

El ex jefe policial seguramente fue anoticiado del pedido de condena en su natal Villa Dolores, donde se mudó apenas fue expulsado de la fuerza y donde, según algunos ex colegas, es dueño de una cadena de carnicerías.

En realidad, lo que le imputan es apenas una parte de lo que supo ser en un principio, recordó Hernán Echevarría, el abogado de Jorge Maurelle, el dueño de la pickup. También es el único procesado que quedó de una lista que incluyó, en su momento, a otros tres efectivos.

La cadena de acusados e imputaciones se redujo, en gran medida, porque pasaron muchos años desde la venta de la pickup en cuestión. La camioneta le fue secuestrada a Maurelle el 21 de abril de 2009. Ese día el joven había salido de la fábrica Tubhier, donde trabajaba, con un compañero.

Condujo por la Autopista de las Serranías Puntanas y enfiló hacia el acceso norte de Villa Mercedes, por 25 de Mayo. Ahí, en cercanías de la colectora sur y la avenida, vio un retén policial y frenó. Corrían los primeros cinco minutos de ese día.

Un oficial le pidió los papeles del vehículo. “La documentación está ok, pero la camioneta va a ser trasladada a la seccional, para constatar la procedencia”, le dijo el policía al conductor. El secuestro obedeció a que el rodado aún no estaba a su nombre, porque “faltaban algunos papeles y porque tenía una tarjeta verde de color celeste, algo que hacían sospechar de su autenticidad, además de no poder identificarse aquél”, detalla la fiscal en su acusación.

Maurelle pensaba hacer la transferencia al día siguiente. Pero la Policía le retuvo la pickup. Entonces se subió a un taxi y se volvió a su casa. Ésa fue la última vez que vio su Hilux.

Hacía apenas cuatro días que el empleado fabril la había comprado. Según recordó su abogado, la adquirió en una concesionaria. Oscar del Pilar Coria se la vendió adulterada, mediante boleto de compraventa. El damnificado abonó al contado y hasta entregó un cuatriciclo, en parte de pago.

“La Policía le dijo a mi cliente que fuera dentro de dos o tres días a la comisaría, que le iban a confirmar el estado de la camioneta”, recordó Echevarría. Pero cuando Maurelle fue a la seccional el personal que le retuvo el rodado no estaba y tampoco la Toyota. Le dijeron que había desaparecido.

Lo que pasó –deduce la fiscal- es que el día del secuestro, alrededor de las 18, Mansilla recibió a Oscar del Pilar Coria en el patio de la comisaría. Lo hizo pasar por el portón ubicado en calle Vicente Dupuy. Allí le facilitó las llaves y la 4x4 en cuestión. Ese hecho fue confirmado por varios testigos que aseguraron haber visto al imputado hablar con el hombre.

Pero esa irregularidad no fue asentada como tal en el libro de registro de novedades, resultó Alonso Ernst. Puesto que, de acuerdo a las constancias obrantes, por orden del ex jefe de la 9ª, la pickup fue entregada a su dueño.

Cuando comenzaba a pensar que jamás volvería a saber de ella, a los pocos días, el 30 de abril, la 4x4 apareció. Estaba 250 kilómetros al sur de Villa Mercedes, en una zona rural de Unión. Le faltaba su patente, DUC 087. Estaba con las puertas abiertas y las llaves puestas.

Por todo ello, el 24 de octubre de 2011 el juez Alfredo Cuello procesó al policía federal Jorge Rocha como presunto autor del delito de “falsedad ideológica”, pues el agente se desempeñaba en la planta verificadora y presumía que fue quien hizo constar como válida la pickup, a sabiendas de que no era auténtica. También procesó a Pilar Coria por “estafa” y “hurto calificado, por el uso de llave verdadera que hubiere sido retenida” y a Mansilla, además de las actuales imputaciones, por “falsificación documental de instrumentos públicos” y “supresión de documentos agravado”. A la vez, sobreseyó al subcomisario de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario” y le dictó la falta de mérito a los policías Víctor López y Ariel Abraham por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario, supresión de documentos, falsificación de documentos públicos y estafa.

El 2 de marzo de este año, Rocha, Pilar Coria, López y Abraham fueron, finalmente, sobreseídos de las acusaciones con las que cargaban, puesto que las mismas prescribieron. También caducaron algunas contra Mansilla. 

Pese a la solicitud de la fiscal, hace mucho que Maurelle bajó los brazos. Al tiempo del hallazgo, la Justicia Federal tomó parte en la causa y ordenó que la Hilux fuera destruida, recordó Echevarría. El letrado está convencido de que nada fue casual. “A mi cliente le armaron un operativo exclusivamente para él. La Policía le hizo una tarea de inteligencia. Sabía los días y los horarios que trabajaba en la fábrica, cómo se movía. Entonces, un día lo pararon en la ruta para secuestrarle la camioneta porque sabían que era trucha, hasta sabían quién se la había vendido y todo”, remarcó.

 “Mi cliente ya asumió  que jamás va a recuperar nada. Si el que se la vendió anduvo prófugo y, además, es un insolvente total. Ya está…”, expresó el abogado.