Adolfo Rodríguez Saá denunció un supuesto pacto por el presupuesto 2017

El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá denunció, durante el debate que dio dictamen a la Ley de Acceso a la Información, un supuesto pacto legislativo para el tratamiento del presupuesto 2017. 
Según trascendió, sectores del oficialismo buscarían acordar con sectores de la oposición la aprobación sin modificaciones de la Ley de Acceso a la Información, a cambio de asegurarse los votos necesarios para el tratamiento y la aprobación del ejercicio 2017, que pronto enviará la administración de Mauricio Macri al Legislativo.
Rodríguez Saá expresó su malestar por el "desprecio a la clase política", y aclaró que sus críticas no van en contra del Gobierno,  sino en defensa del rol del Senado como  Cámara revisora.
"Los organismos del Parlamento funcionan. ¿Cuál es la traba?", planteó Adolfo, quien además preguntó: "¿Rompemos algún acuerdo como el que anuncian Clarín y Nación, acerca de que se está pactando el presupuesto entre algunos senadores y diputados?", aseguró. 
"Este Senado tiene facultad revisora; no acepto pactos entre algunos  senadores y diputados que  anulan las facultades de esta cámara. No estoy de acuerdo", afirmó el legislador por San Luis. "Mi posición no es contra el Gobierno, ni el Parlamento, ni a favor del Senado: es un principio en defensa de la Constitución", dijo, y advirtió: "Cada vez que salimos de ella, pagamos caro el error".
El contexto del reclamo fue la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, y Justicia y Asuntos Penales del Senado, que trató el proyecto de Ley de Acceso a la Información.
Respecto a la enmienda que se trataba, el legislador solicitó que "no se desprecie a la clase política", en referencia al artículo 23 que impedía que el cargo de director de la futura Agencia de Acceso a la Información pueda ser ejercido por quienes hayan "desempeñado cargos electivos o partidarios en los últimos cinco años previos a la designación".
Finalmente el dictamen de mayoría modificó el texto del polémico artículo 23, por lo que habilita ahora a quienes desempeñaron cargos políticos, o postularon por ellos, a ocupar la dirección del organismo que regulará y suministrará información pública a toda persona que lo requiera.