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Detectaron irregularidades en la construcción y entrega de casas

Por redacción
| 20 de septiembre de 2016
En concreto. Gatto dio una conferencia de prensa donde detalló los resultados de las auditorías. Foto: Marina Balbo.

Y finalmente llegaron los primeros resultados. Tres meses y medio después de poner en marcha la intervención de la Secretaría de Vivienda y de evaluar la herencia de las políticas habitacionales, Ángela Gutiérrez de Gatto brindó una extensa conferencia de prensa donde disparó para todos lados. Apuntó a la falta de transparencia, orden y efectividad a la hora de construir y entregar las casas sociales. Además, criticó a los empresarios que llegaron a comprar hasta diez unidades, y reveló cuáles fueron los ex funcionarios que se autoadjudicaron o directamente beneficiaron a sus familiares.

 


Armada de papeles y fotos, Gatto describió las diversas situaciones que relevaron a lo largo y ancho de la provincia, como consecuencia de los distintos planes de la gestión Poggi; la ausencia de controles en las inscripciones y el manejo de los materiales, y el oportunismo de personas de mayor poder adquisitivo y escribanos, entre tantas otras aristas que indicó durante más de una hora.

 


El primer punto fue el Plan Solidaridad, en teoría, un sistema por el cual el Estado brindaba los terrenos, Viviendas los materiales y cada beneficiario levantaba sus paredes. Sin embargo, según la interventora, la mayoría eran mujeres, a quienes se les tomaba asistencia, y si no iban, las desadjudicaban.

 


En números, de los 33 municipios que firmaron los convenios, sólo en 5 finalizaron las obras. Por lo que, de las 871 unidades que “encararon” -tal como definió Gatto-, terminaron 498 (es decir, el 57%); muchas de ellas con serios problemas edilicios.

 


Para ejemplificar este ítem, señaló los casos de La Toma y el barrio Estrella del Sur, donde madres solteras las recibieron pero sin los servicios básicos, o directamente con los techos pendientes de un hilo, respectivamente.

 


“Hasta el día de hoy, hemos encontrado una pieza llena de remitos. No están las compras hechas por localidades; tampoco cuánto recibió cada una. Pudimos compilar dos años, parciales, del 2014 y 2015, de donde surge que hay 35 millones de pesos gastados en materiales. Pero tampoco encontramos todos los expedientes. Desde que asumimos estuvimos alrededor de veinte días buscando cajas, hasta que iban apareciendo papeles. Hay empresas que están hasta sin contratos”, dijo y agregó: “En arena, por ejemplo, la cantidad que se compró alcanza para construir unas mil casas. Bueno, se terminaron estas 498, y no sobraron bolsas por ningún lado. Por ello elaboré una auditoría por cada localidad”, explicó.

 


Otro de los puntos más turbios fue la entrega de comodatos, donde a falta de una base de datos y archivos, no se sabe a quién, cómo, cuándo y con qué criterio beneficiaron a las personas que recibieron una vivienda en calidad de préstamo, tal como lo establece el propio término. Sin embargo, “el comodato es una figura que no está prevista en ninguna ley, de manera que constituye una irregularidad… Entonces, hicimos una convocatoria para saber de todos aquellos que tengan una,  con este tipo de contrato, porque esto salía simplemente con la firma de un funcionario; no había ni resolución ni decreto que lo avale”, señaló.

 


Tras recibir las denuncias de los vecinos (por la plataforma online que lanzó el Gobierno) sobre las casas que estaban vacías, de las 486 que relevaron, en 411 no había nadie.

 


“Iniciamos el proceso de desadjudicación; ya se han firmado 34 decretos, así que en los próximos días las readjudicaremos. Por ejemplo: en Quines, de 20 que auditamos, 19 estaban vacías. En Luján, de 10, en 6 no había nadie. Entonces, surge claramente que ha habido una falla en los controles”, afirmó la interventora para luego señalar casos puntuales de compra y venta de viviendas y de asignaciones para los mismos funcionarios o sus familiares.

 


“Encontramos casos que desde el punto de vista moral son absolutamente reprochables. Me dicen que jurídicamente hay que seguir analizándolos. Está el de Carmelo Aiello y su esposa, Susana Anzulovich. Detectamos que tienen 10 viviendas sociales (en La Punta, Bº Amppya, Juan Gregorio Vivas, Bº Los Eucaliptus, etcétera)”, lanzó Gatto, quien explicó que al ser compradas y escrituradas –en el registro data entre el 2013 y 2015-, quedan fuera de la órbita del Estado.

 


Pero Aiello es sólo uno de los nombres que mencionó. A la lista se le suman diversos empresarios y escribanos que le entregaban al vendedor una seña con la que cancelaban el total de la deuda con la Provincia, y luego se la terminaban de comprar al beneficiario del "plan social"; lo mismo con la venta de las famosas “carpetas”.

 


“En la mayoría se daba con la gente más humilde; es un abuso de la necesidad. Por eso, desde la moral es absolutamente reprochable, porque se ha desvirtuado el fin con que el Estado  ha subvencionado; y en definitiva somos nosotros, con nuestros impuestos…”.

 


Otro de los ejes de la conferencia –y de las quejas que más recibieron por parte de la comunidad- fueron  las polémicas autoadjudicaciones por parte de algunos ex funcionarios de la gestión Poggi.

 


“En general, antes se hacía lo siguiente: había mil inscriptos, y se hacían mil casas. Se han hecho para sectores humildes, clases medias; hay funcionarios que tienen, como médicos, profesionales, y es legítimo. Ahora, la situación en particular es que en el 2011 hubo 16.208 anotados, y se entregaron 9 mil (significa el 55,5%). Entonces, es muy importante el orden de prelación, que de acuerdo al Artículo Nº 74, primero van las familias con discapacidad, luego los sectores vulnerables, madres solteras, mayor arraigo en San Luis. Y acá quedaron 93 inscriptos con alguna discapacidad, sin sus casas; y yo encuentro a funcionarios que han estado en el área de Viviendas, y no pueden desconocer esa situación, y se la preadjudicaron. Es decir, hicieron un beneficio del lugar en el que estaban”, comentó y señaló a Diego Pagella, Diego Pacheco y María Cristina Quinteros, quien benefició a sus tres hijos.

 


“El caso del señor Damián Gil es más grave, porque él estaba como asesor cuando se preadjudicó. Además, estaba en un orden de mérito de 640, y se subió al 64, y bajó a una señora que tiene una niña discapacitada. El argumento era que la casa no tenía la habilitación para la niña, pero al día de hoy ella todavía no tiene una vivienda”.

 


Como próximo paso, los expedientes, documentos y archivos recolectados pasarán a los escritorios de la Fiscalía de Estado para que investigue el amplio abanico de irregularidades y qué castigo le cabe a cada uno de los involucrados. Mientras, el Gobierno confecciona una nueva ley provincial que establezca sanciones más duras y proteja el espíritu social de la propia política. Además, junto al Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, pone a punto las casi 2 mil casas sin terminar, para continuar con las entregas.

 


Gatto aclaró que el trabajo de auditoría seguirá durante todo el año. Y también que el gobierno continuará con la construcción de viviendas, una política que se inició en 1983 y que no tiene antecedentes en el país.  

 


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