Brenda Arias: el homicidio quedó a un paso del juicio

Tendrá que esperar un poco más, pero la familia de Brenda Jimena Arias está cerca de culminar con un doloroso proceso que comenzó hace casi ocho años, cuando la joven fue asesinada en la localidad de Villa del Carmen, todo indica que a manos de Juan José Murúa, procesado por el homicidio y para quien el fiscal de instrucción pidió 25 años de cárcel. Hace diez días, la jueza Patricia Besso elevó la causa a juicio oral; el miércoles pasado, el presidente de la Cámara Penal de Concarán hizo el llamamiento a debate, aunque por el tiempo que llevan los preparativos se celebraría recién el año próximo.

Tan grande fue el dolor por la pérdida de su hija y tan agotadora la búsqueda de justicia que la salud de Elva Norma “Negrita” Garayalde se fue deteriorando de a poco, hasta que su vida finalmente se apagó hace tres semanas, a los 63 años, producto de una enfermedad terminal que en los últimos tiempo le impidió caminar.

Le sobrevivieron su otro hijo, Emanuel Arias, y su compañero y padre de Brenda, Miguel Ángel Arias, que mantienen vivo el reclamo por el que luchó más de siete años.

Brenda fue asesinada la noche del 11 de julio de 2009 en un sector de las sierras de Villa del Carmen, aunque sus restos, calcinados, fueron hallados recién 18 días después, el 27 de ese mes, cuando un vecino sordomudo descubrió huesos que le parecieron humanos y asoció que podían pertenecer a “la boquita pintada”, como apodaban a la víctima, que tenía solo 19 años.

Al comienzo de la investigación las sospechas giraron en torno a César Albelo, con quien Brenda había roto una relación de noviazgo el mismo día de su desaparición, pero esas primeras dudas fueron disipándose con la falta de pruebas y la causa quedó sin sospechosos firmes.

La falta de resultados motivó numerosos reclamos por parte de Garayalde y de su esposo, causa a la que, con el correr de los años, fueron sumándose integrantes de organizaciones sociales que los acompañaron en cada marcha, en cada pedido por el esclarecimiento del caso.

Pero la investigación dio un giro rotundo recién en abril de este año, cuando Besso, jueza Penal de Concarán, ordenó detener a Murúa, un amigo con quien Brenda solía frecuentarse los meses previos a su desaparición. “Los elementos ya estaban, pero nos faltaba tecnología y personal idóneo para analizarlos. Y hoy en día lo tenemos”, comentó la magistrado en julio, cuando lo procesó por “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”.

La jueza se refería, puntualmente, al análisis de los movimientos del celular de la víctima, que desapareció tras su muerte y que, según el informe del Área Criminalística y Análisis Criminal del Departamento de Delitos Complejos de tribunales, los días posteriores al crimen se situó en los lugares en que se movía el sospechoso.

El 30 de octubre pasado, un día después de la muerte de “Negrita”, el fiscal Carlos Leloutre le elevó a Besso el pedido de pena contra Murúa: 25 años de cárcel, el máximo previsto para el delito por el que lo procesaron.

Llamamiento

El 9 de noviembre, sin que la defensa del acusado haya instado el sobreseimiento ni opuesto excepciones, la jueza elevó las actuaciones a la Cámara en lo Penal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, cuyo presidente, Luis Manuel Sosa, “hizo el llamamiento a debate oral, lo que implica convocar a las partes a examinar el expediente, presentar recusaciones, ofrecer pruebas o rehusarse a algún tipo de cuestión respecto al tribunal”, confirmó la camarista Sandra Elizabeth Piguillem.

“Ésa va a ser la única actividad este año, porque no dan los tiempos para celebrar el debate antes de la feria judicial, sobre todo por los plazos que conlleva prepararlo. El año entrante, en el que me toca a mí la presidencia de la Cámara, será mi turno de poner fecha al juicio cuando armemos el cronograma de debates”, explicó.