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Cumple dos años el fallo de la Corte que le dio la razón a San Luis

La Provincia aun espera la devolución de nueve años de descuentos indebidos en su coparticipación. El reclamo llega a los 17 mil millones de pesos. 

Por Pablo Petrolini
| 24 de noviembre de 2017
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Cuando el 24 de noviembre de 2015 la Corte falló a favor de la provincia, ni el más pesimista hubiera arriesgado a vaticinar que, dos años más tarde, la Nación seguiría sin cumplir con el mandato que le ordena devolverle a San Luis fondos que le fueron retenidos de manera indebida durante nueve años y que hoy rondan los 17 mil millones de pesos.

Hace exactamente dos años la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a San Luis en dos causas. Una de ellas fue iniciada por el descuento de fondos de la coparticipación destinados a financiar el pago de jubilaciones a través de la Anses. Todo comenzó el 15 de julio de 1994 cuando el gobierno del presidente Carlos Menem privatizó las jubilaciones a través de la creación de AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Previo a la entrada en vigencia de ese régimen, la Nación y las provincias acordaron descontar temporariamente un 15% de la coparticipación para destinar esos fondos a financiar el pago de los haberes a los jubilados, ya que el Estado dejaría de recibir el aporte de los trabajadores en actividad. Ese descuento fue prorrogado de común acuerdo entre la Nación y las provincias (con pactos firmados en 1999 y 2000) hasta el 31 de diciembre de 2005. A partir de 2006 ya no hubo acuerdo, sino que la Nación decidió unilateralmente seguir reteniendo esos fondos.  Además, el 9 de diciembre de 2008 el gobierno de Cristina Kirchner estatizó las jubilaciones y los aportes de los trabajadores activos volvieron al estado, lo que se sumó otro argumento para que la provincia “recuperara” aquel 15% que inicialmente había acordado ceder.

Para ese entonces, junto con la elección a presidente del 28 de octubre de 2007, los puntanos ya habían votado por SÍ o por NO en una Consulta Popular donde el Gobierno les preguntaba si estaban de acuerdo en avanzar con presentaciones judiciales para reclamar fondos que le correspondían a la provincia. La consulta la impulsó el gobernador Alberto Rodríguez Saá y era una manera de sumar legitimidad a reclamos que venía haciendo San Luis por diferentes deudas que la Nación mantenía con San Luis (y que aun hoy están impagas). La victoria del SÍ fue contundente y obtuvo el 92% de los votos.

Con ese respaldo sobre sus espaldas San Luis fue a la Corte a reclamar lo que le correspondía. Y le dieron la razón ya que el máximo tribunal declaró que era inconstitucional la deducción del 15% de la coparticipación que hacía el Estado Nacional, sin el acuerdo de la provincia. Por eso ordenó de manera inmediata no sólo cesar con el descuento indebido del 15% (cosa que ocurrió a partir de diciembre de 2015), sino también devolverle a San Luis todo el acumulado desde el 1º de enero de 2006 a la fecha del fallo, aun pendiente.

Hay un segundo fallo que emitió la Corte y que también le dio la razón a San Luis cuando la provincia cuestionó el decreto nacional del 4 de noviembre de 2001, que dispuso financiar las actividades de la AFIP con un porcentaje de fondos que eran coparticipables. La Corte explicó que esa quita también fue dispuesta unilateralmente y que al dictar un decreto, el Ejecutivo nacional actuó sin la autorización del Congreso y se arrogó facultades legislativas para dar destino a recursos coparticipables, algo que está prohibido por la Constitución Nacional.