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Cumple dos años el fallo de la Corte que le dio la razón a San Luis

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Cumple dos años el fallo de la Corte que le dio la razón a San Luis

Pablo Petrolini

La Provincia aun espera la devolución de nueve años de descuentos indebidos en su coparticipación. El reclamo llega a los 17 mil millones de pesos. 

Cuando el 24 de noviembre de 2015 la Corte falló a favor de la provincia, ni el más pesimista hubiera arriesgado a vaticinar que, dos años más tarde, la Nación seguiría sin cumplir con el mandato que le ordena devolverle a San Luis fondos que le fueron retenidos de manera indebida durante nueve años y que hoy rondan los 17 mil millones de pesos.

Hace exactamente dos años la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a San Luis en dos causas. Una de ellas fue iniciada por el descuento de fondos de la coparticipación destinados a financiar el pago de jubilaciones a través de la Anses. Todo comenzó el 15 de julio de 1994 cuando el gobierno del presidente Carlos Menem privatizó las jubilaciones a través de la creación de AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Previo a la entrada en vigencia de ese régimen, la Nación y las provincias acordaron descontar temporariamente un 15% de la coparticipación para destinar esos fondos a financiar el pago de los haberes a los jubilados, ya que el Estado dejaría de recibir el aporte de los trabajadores en actividad. Ese descuento fue prorrogado de común acuerdo entre la Nación y las provincias (con pactos firmados en 1999 y 2000) hasta el 31 de diciembre de 2005. A partir de 2006 ya no hubo acuerdo, sino que la Nación decidió unilateralmente seguir reteniendo esos fondos.  Además, el 9 de diciembre de 2008 el gobierno de Cristina Kirchner estatizó las jubilaciones y los aportes de los trabajadores activos volvieron al estado, lo que se sumó otro argumento para que la provincia “recuperara” aquel 15% que inicialmente había acordado ceder.

Para ese entonces, junto con la elección a presidente del 28 de octubre de 2007, los puntanos ya habían votado por SÍ o por NO en una Consulta Popular donde el Gobierno les preguntaba si estaban de acuerdo en avanzar con presentaciones judiciales para reclamar fondos que le correspondían a la provincia. La consulta la impulsó el gobernador Alberto Rodríguez Saá y era una manera de sumar legitimidad a reclamos que venía haciendo San Luis por diferentes deudas que la Nación mantenía con San Luis (y que aun hoy están impagas). La victoria del SÍ fue contundente y obtuvo el 92% de los votos.

Con ese respaldo sobre sus espaldas San Luis fue a la Corte a reclamar lo que le correspondía. Y le dieron la razón ya que el máximo tribunal declaró que era inconstitucional la deducción del 15% de la coparticipación que hacía el Estado Nacional, sin el acuerdo de la provincia. Por eso ordenó de manera inmediata no sólo cesar con el descuento indebido del 15% (cosa que ocurrió a partir de diciembre de 2015), sino también devolverle a San Luis todo el acumulado desde el 1º de enero de 2006 a la fecha del fallo, aun pendiente.

Hay un segundo fallo que emitió la Corte y que también le dio la razón a San Luis cuando la provincia cuestionó el decreto nacional del 4 de noviembre de 2001, que dispuso financiar las actividades de la AFIP con un porcentaje de fondos que eran coparticipables. La Corte explicó que esa quita también fue dispuesta unilateralmente y que al dictar un decreto, el Ejecutivo nacional actuó sin la autorización del Congreso y se arrogó facultades legislativas para dar destino a recursos coparticipables, algo que está prohibido por la Constitución Nacional.

 

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Plazo vencido y sin respuesta

En aquella sentencia del 24 de noviembre de 2015 la Corte había otorgado 120 días para que “las partes acuerden la forma y plazos en que se reintegrarán las sumas debidas”. 

“El cálculo de la deuda actualizada ya es de 17 mil millones de pesos, según la fórmula que propone San Luis y de 15 mil millones, según la Nación”, explicó anoche (jueves) a El Diario el fiscal de Estado, Eduardo Allende.  El pasado 10 de octubre la Corte otorgó un plazo de 30 días hábiles para que Nación y Provincia le informen si existe acuerdo en la determinación del monto de la deuda. Ese mismo día el gobernador Rodríguez Saá pidió una reunión con Nación para, de esa manera, cumplir con el mandato del máximo tribunal. Lo hizo mediante cuatro notas que llegaron a los despachos del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. “Ninguna fue contestada”, informó Allende quien detalló que el plazo se vence hoy (viernes) y que San Luis notificará ante la Corte que no ha tenido respuesta por parte de la Nación.    

Cumple dos años el fallo de la Corte que le dio la razón a San Luis

La Provincia aun espera la devolución de nueve años de descuentos indebidos en su coparticipación. El reclamo llega a los 17 mil millones de pesos. 

El gobernador Alberto Rodríguez Saá reunido el 18 de diciembre de 2015 con el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Fue casi un mes después  del fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a la provincia. Foto: Presidencia de la Nación.

Cuando el 24 de noviembre de 2015 la Corte falló a favor de la provincia, ni el más pesimista hubiera arriesgado a vaticinar que, dos años más tarde, la Nación seguiría sin cumplir con el mandato que le ordena devolverle a San Luis fondos que le fueron retenidos de manera indebida durante nueve años y que hoy rondan los 17 mil millones de pesos.

Hace exactamente dos años la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a San Luis en dos causas. Una de ellas fue iniciada por el descuento de fondos de la coparticipación destinados a financiar el pago de jubilaciones a través de la Anses. Todo comenzó el 15 de julio de 1994 cuando el gobierno del presidente Carlos Menem privatizó las jubilaciones a través de la creación de AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Previo a la entrada en vigencia de ese régimen, la Nación y las provincias acordaron descontar temporariamente un 15% de la coparticipación para destinar esos fondos a financiar el pago de los haberes a los jubilados, ya que el Estado dejaría de recibir el aporte de los trabajadores en actividad. Ese descuento fue prorrogado de común acuerdo entre la Nación y las provincias (con pactos firmados en 1999 y 2000) hasta el 31 de diciembre de 2005. A partir de 2006 ya no hubo acuerdo, sino que la Nación decidió unilateralmente seguir reteniendo esos fondos.  Además, el 9 de diciembre de 2008 el gobierno de Cristina Kirchner estatizó las jubilaciones y los aportes de los trabajadores activos volvieron al estado, lo que se sumó otro argumento para que la provincia “recuperara” aquel 15% que inicialmente había acordado ceder.

Para ese entonces, junto con la elección a presidente del 28 de octubre de 2007, los puntanos ya habían votado por SÍ o por NO en una Consulta Popular donde el Gobierno les preguntaba si estaban de acuerdo en avanzar con presentaciones judiciales para reclamar fondos que le correspondían a la provincia. La consulta la impulsó el gobernador Alberto Rodríguez Saá y era una manera de sumar legitimidad a reclamos que venía haciendo San Luis por diferentes deudas que la Nación mantenía con San Luis (y que aun hoy están impagas). La victoria del SÍ fue contundente y obtuvo el 92% de los votos.

Con ese respaldo sobre sus espaldas San Luis fue a la Corte a reclamar lo que le correspondía. Y le dieron la razón ya que el máximo tribunal declaró que era inconstitucional la deducción del 15% de la coparticipación que hacía el Estado Nacional, sin el acuerdo de la provincia. Por eso ordenó de manera inmediata no sólo cesar con el descuento indebido del 15% (cosa que ocurrió a partir de diciembre de 2015), sino también devolverle a San Luis todo el acumulado desde el 1º de enero de 2006 a la fecha del fallo, aun pendiente.

Hay un segundo fallo que emitió la Corte y que también le dio la razón a San Luis cuando la provincia cuestionó el decreto nacional del 4 de noviembre de 2001, que dispuso financiar las actividades de la AFIP con un porcentaje de fondos que eran coparticipables. La Corte explicó que esa quita también fue dispuesta unilateralmente y que al dictar un decreto, el Ejecutivo nacional actuó sin la autorización del Congreso y se arrogó facultades legislativas para dar destino a recursos coparticipables, algo que está prohibido por la Constitución Nacional.

 

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