Delitos cibernéticos, el lado oscuro de la web

X se enviaba fotos con una mujer Y que vivía en San Juan. Dos parientes de la joven, se hallaron con las imágenes subidas de tono y pensaron que allí existía la posibilidad de extorsionar a X y pedirle dinero, de lo contrario las imágenes se difundirían en la red. La justicia federal de la provincia decidió colaborar con X y amparándose en “averiguación de extorsión”, llevaron a cabo una operación con agentes encubiertos de la Federal. El intercambio de dinero con los extorsionadores sería la excusa. Los agentes lograron capturar a los delincuentes, y dado que se comprobó que no existía un posible secuestro de por medio, el fiscal federal Cristian Rachid, decidió derivar la causa a la justicia provincial. 
Daniel Monastersky, abogado especializado en derecho informático, explicó que este tipo de extorsión, conocida en el ambiente como la "pornovenganza" -es decir, el chantaje a la víctima por la difusión de videos o imágenes de contenido erótico sin consentimiento de los participantes-, se enmarca dentro de los delitos informáticos y que básicamente son los crímenes que existían previamente a las nuevas tecnologías, pero se valen de ellas para realizarse.
El chantaje siempre ha existido. La diferencia es que ahora las nuevas tecnologías permiten que los delincuentes no tengan que estar ni siquiera en la misma provincia para hostigar a sus víctimas y que no existe un negativo único, una única copia del material que si se destruye, el honor de las victimas podrá ser resguardado. La facilidad de copia y replicar material digital hacen que sea virtualmente imposible para Julio Balderrama, ingeniero que dirige FSA LATAM, una consultora de seguridad informática, deshacerse del contenido. "Cuando algo se sube a un sitio determinado, los buscadores ingresan y recopilan información. En el caso de videos, algunos hacen back up. Hay "bots" (programas autónomos) que recolectan información y eso lo hacen de forma automática. Y la redistribución también", detalló. 
Es por esto que cuando "N" perdió su celular en su trabajo, sabía que el video que había filmado en su intimidad con su pareja, podía llegar a manos equivocadas. En aquella oportunidad, hubo 3 detenidos por la justicia provincial. Sin embargo ya era tarde: el Whatsapp había hecho que muchos de sus compañeros de trabajo tuvieran el video íntimo en su poder.
Ambos casos fueron tomados por los juzgados contravencionales y correccionales de la provincia, y en virtud de conservar la identidad y evitar revictimización por parte del público, El Diario de la República tuvo sólo acceso a los datos principales. Sin embargo, dejan algo en claro: el ciberdelito ya llegó a San Luis.

En San Luis capital ya se denunciaron 6 casos de grooming, desde la vigencia de la ley.

Grooming, el acoso a niños
Comienza como un juego. De actitud amable, el depredador sexual empieza a enviar mensajes por Facebook a su víctima. Le pregunta a qué escuela va, cómo se lleva con sus compañeros, cuántos años tiene. Es probable que la niña tenga entre 12 o 13 años. Con el tiempo y ganando confianza, el amigo virtual empieza a pedir fotografías a las pequeñas. Es un juego, algo inocente. Pero luego el contacto cambia de actitud. De repente pide fotos más comprometedoras. De lo contrario, le contará a sus padres. Ya sabe dónde vive, él puede hacerle daño a ella y a su familia. La niña cede. 
A fines de 2015, algunos de esos casos conocidos como grooming, que es el acoso sexual a menores de edad a fines de conseguir material pornográfico que, muchas veces, terminan formando parte de las redes internacionales de pornografía infantil, se dieron a través de un grupo cerrado de Facebook en San Luis. Las investigaciones realizadas por la justicia federal determinaron que existían muchas probabilidades de que el criminal estuviera actuando en Colombia. 
“Siempre se dejan rastros en internet”, expresó Horacio Azzolin, fiscal de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, de la Procuraduría General de la Nación. Algo con lo que coincidió Balderrama, los tipos de páginas que utilizan, el sistema operativo del que se valen, el IP, o código identificatorio de la máquina ante las conexiones de internet, los servidores donde se alojan la información que se trasmite a través de la rápida e inmensa internet, son vitales a la hora de encontrar al cibercriminal.
El IP, algo así como el DNI de las computadoras, es la pista más común para iniciar las investigaciones. Encontrar el IP tiene que ver muchas veces con encontrar los servidores, esos puertos gigantes de información, que en distintas partes del mundo alojan y transmiten los bites de data desde Buenos Aires a Caracas, desde Nueva York a Londres, en milésimas de segundo. El problema está en que el internet es un servicio que cruza fronteras y que cada gran compañía de internet no necesariamente tiene servidores en todos los países del mundo. Permisos internacionales y exhortos deben solicitarse. Los tiempos pueden volverse extensos y contraproducentes a la investigación, aseguró el fiscal Rachid. Es por esto que la pesquisa de grooming del grupo cerrado de Facebook  de San Luis se estancó, y a pesar de que fue dado de baja, y las maniobras del acosador terminaron, no se sabe más de que el servidor de donde se transmitían las amenazas,  el cual surgía de Colombia.
Una vez hallado el IP, aún hay más dificultades por delante. A veces el criminal puede simplemente ir a un cyber, cambiar de computadoras, alterar el IP de estas, intercambiarla por el de otra persona. Y así ganar el tiempo suficiente como para no ser identificado.
Los expertos consideran que desde el punto de vista legal e institucional, Argentina está avanzando. El año pasado, por aprobación unánime de la Cámara de Senadores de la Nación, se dio media sanción a la ley de "pornovenganza", que prevé penas de 6 meses a 4 años a quienes difundieren sin consentimiento de los participantes, videos e imágenes de contenido erótico. Hasta ahora, las causas se enmarcaban en el delito de extorsión del Código Penal; el proyecto buscaría que sea un delito en sí mismo. Además ya existe la ley de delitos informáticos, del 2008 y la ley de grooming, del 2013.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creó el primer centro de ciberseguridad de Latinoamérica, que tiene como objetivo recibir denuncias de delitos digitales, pero sobre todo concientizar sobre el uso responsable de las redes. Con la elaboración de manuales, boletines y charlas en escuelas a docentes y alumnos, son la punta de lanza en el país para ayudar a la ciudadanía a lidiar con los delitos que pueden surgir de las nuevas tecnologías.
A esto se suma la Unidad Especializada de Ciberdelincuencia, que a pesar de lidiar con casos de más alto perfil, como el combate al terrorismo y la trata de personas, es la primera fiscalía del país que se encarga exclusivamente de delitos informáticos.
 

Delitos más complejos
Monastersky indicó que además de la "pornovenganza" y el grooming, existen otros delitos, cuya finalidad es la información en sí misma. Es decir crímenes que se hacen con el solo objetivo de conseguir información vital, ya sea de empresas privadas o bancos. Estos crímenes están en ascenso y tiene modalidades más sofisticadas y difíciles de detectar.
Balderrama, que trabaja justamente en el asesoramiento de empresas en seguridad informática, indicó que no se puede hablar puntualmente de grupos organizadas o “bandas” de criminales. Pero si observa en los últimos años el aumento de una modalidad: la colaboración entre delincuentes más experimentados con principiantes.
Si en un asalto un delincuente se vale de una navaja o un revolver, un criminal informático necesita sí o sí de “paquetes”  o "kits" de programas especiales, para robar información. Así el criminal con más cancha diseña estas armas electrónicas, y por una comisión por el delito a cometer, le cede el programa al novato. Todas estas transacciones se llevan a cabo en la "deep web", una especie de internet paralela de la que se valen hackers y pedófilos y se realiza venta de drogas y armas. Los costos van de los 5 mil a los 25 mil dólares, aseguró Balderrama. 
"Cada vez son más personas. Lo bueno es que muchas veces, su ego hace que vayan dejando pistas de quiénes son, lo que permite que los investigadores los encuentren", afirmó Balderrama. "Suelen ser autodidactas, no profesionales", apuntó. 

Los principales crímenes
Balderrama dijo que en la Argentina los tres delitos digitales que predominan son el ransomware, el malware y el phishing y que aún no tienen estadísticas oficiales de delitos de extorsión e invasión a la privacidad. CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos son las provincias con más casos. 
Lo que más se ve es malware, programas que se instalan en las maquinas para recolectar información o utilizadas como fuente para cometer un delito o estar expuestas. "Esto se da por no tener antivirus autorizados o desactualizados o usar software sin licencia", explicó Balderrama, que aseguró que más de la mitad de la población que utiliza computadoras, tiene un malware y que el 60% usa software no autorizado. 
El ransomware es cuando el delincuente accede a ordenadores ajenos, roba información y la encripta. A cambio de dinero, le da las claves a las víctimas, para que puedan recuperar sus datos. Argentina ocupa el séptimo puesto de este crimen en la región. 
Por último, está el phishing, del que no hay estadísticas pero que consiste en robar contraseñas o información personal, a través de cuentas de mail o programas falsos.
¿Se está seguro en la web? “No nunca. Hay que hacer un buen uso y concientizar”, concluyó Balderrama.