Lesa humanidad: no destruirán los expedientes de 1972 a 1983

El Superior Tribunal de Justicia acordó suspender la destrucción de todos los expedientes judiciales iniciados entre 1972 y 1983 por pedido de la Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, que pertenece al Ministerio Público Fiscal de la Nación. En lo que fue una de las últimas decisiones que tomó el máximo Tribunal bajo la presidencia de Omar Uría, el acuerdo que lleva el número 183 consigna que “es imperativo para ese cuerpo respetar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su 24ª Asamblea General (Ley 24.556), donde se asumió el compromiso de los Estados de sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas”.

El propio Uría dijo que con esta medida “creo que se puede ayudar porque a lo mejor para el tema de la recuperación de hijos y nietos puede haber algún expediente que esté vinculado y se puede esclarecer algunos de los hechos delictivos durante esa época”. Aunque en la solicitud de la Unidad Fiscal se afirma que “resulta inseguro definir a priori cuáles expedientes, podrían resultar útiles y cuáles no, para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad”, el  propio Tribunal decidió que ninguno de esos archivos fueran destruidos y se puedan consultar en las futuras investigaciones.

El vocal del Superior Tribunal destacó que le pareció “muy bien haber tomado esta decisión para colaborar con la investigación de delitos de lesa humanidad que han sido tan caros para la sociedad argentina”. Al ser consultado por la posibilidad de que esos expedientes luego puedan ser digitalizados indicó que “lo ideal es mantenerlos en papel como están ahora”. Y recordó que la Provincia de San Luis cuenta con un Archivo General del Poder Judicial desde 1980 por lo que las causas anteriores se encuentran en custodia del Archivo General de la Provincia.

Uría fue convocado a declarar como testigo por el Tribunal que juzgó a 29 ex integrantes de las fuerzas de seguridad en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Luis, el pasado 18 de marzo de 2014. El hecho fue el asesinato del abogado y político radical de Villa Mercedes, Dante Bodo, quien fuera ultimado en la puerta de su casa en abril de 1976.

Sobre su participación en ese juicio señaló que la víctima “fue un amigo y un colega al cual yo respetaba muchísimo. Me pareció horrendo ese hecho porque no era para nada una persona peligrosa ni un terrorista. Era un abogado con sus ideales pero que no significaba ningún peligro. Siempre tuve la inquietud de colaborar en todo lo que pueda para que se esclareciera y tuviera el condigno castigo quien lo hubiera hecho”.