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Malos vecinos

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Malos vecinos

La historia latinoamericana está plagada de hechos lamentables entre vecinos: traición, exceso de confianza, negocios delictivos, abuso y aprovechamiento de posición dominante, falta de solidaridad, o sencillamente violencia tapizan las relaciones intrarregionales. Pero nunca dejan de sorprender.

En algún momento Chile colaboró con Gran Bretaña durante la Guerra de Malvinas; en algún momento Argentina vendió armas en la guerra entre Perú y Ecuador; en algún momento Brasil, Uruguay y Argentina se aliaron para destrozar a Paraguay.

La lista es larga, si solo se refiere a conflictos bélicos, pero se hace muy extensa si además abarca negociados, ilícitos y estafas de unos a otros.

La misma América Latina en la que muchas voces claman por la igualdad, en contra de los imperios absolutistas, las tiranías y el poder opresivo del dinero permite de manera regular y consistente, las peores miserias imaginables “entre hermanos”.

Autoridades de México sancionaron a personas y empresas con una multa de tres millones de dólares (que se destinará a la ONU), porque vendían al gobierno de Venezuela alimentos de baja calidad y con sobreprecio, para la población más pobre del país sudamericano, informó la Fiscalía mexicana.

Según una investigación de la fiscalía general, desde 2016 “estas personas han obtenido recursos (del gobierno venezolano), desviándolo de sus fines humanitarios, para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos”, dijo Israel Lira, responsable de la oficina especializada en investigación de delincuencia organizada.

En medio de una profunda crisis económica, alimentaria, política y social, el gobierno del presidente Nicolás Maduro instaló desde 2016 en las poblaciones más empobrecidas los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), un sistema de distribución de alimentos básicos a precios subsidiados.

Se trata de paquetes con leche en polvo, harina de maíz, aceite, arroz, frijoles y a veces latas de atún que son vendidos a los venezolanos por 10 bolívares soberanos, equivalentes a unos 70 centavos de dólar, en una economía en la que la inflación alcanzará el 10.000.000% en 2019, según el FMI.

Numerosas denuncias apuntan a que estos productos, sobre todo la leche en polvo, no cumplen con los estándares mínimos de nutrición, mientras investigaciones periodísticas aseguran que detrás de estas despensas se teje una red de corrupción y lavado de dinero entre empresarios cercanos al gobierno venezolano.

Según las pesquisas mexicanas, los intermediarios se dedican a “adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y a través de los CLAPS, revenderlos a la población venezolana”, dijo Lira, quien aseguró que el precio que se paga por estos alimentos es 112% superior al real.

Así, el Ministerio Público de la Federación celebró un “acuerdo reparatorio”, que garantiza que “los imputados harán entrega al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) la cantidad de tres millones de dólares”, que serán destinados para atender a América Latina y el Caribe, dijo Lira.

Además, estas personas “se comprometen a no efectuar ningún acto comercial con el gobierno de Venezuela o terceros, que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas”.

Según la ONU, 2,6 millones de venezolanos (de una población de 30,6 millones) viven en el exterior, de los que alrededor de 1,9 millones emigraron desde el 2015 huyendo de la peor crisis en la historia del país caribeño. Una tragedia económica que, sin embargo, muchos “hermanos latinoamericanos” aprovechan, para enriquecerse con la miseria del vecino.

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Malos vecinos

La historia latinoamericana está plagada de hechos lamentables entre vecinos: traición, exceso de confianza, negocios delictivos, abuso y aprovechamiento de posición dominante, falta de solidaridad, o sencillamente violencia tapizan las relaciones intrarregionales. Pero nunca dejan de sorprender.

En algún momento Chile colaboró con Gran Bretaña durante la Guerra de Malvinas; en algún momento Argentina vendió armas en la guerra entre Perú y Ecuador; en algún momento Brasil, Uruguay y Argentina se aliaron para destrozar a Paraguay.

La lista es larga, si solo se refiere a conflictos bélicos, pero se hace muy extensa si además abarca negociados, ilícitos y estafas de unos a otros.

La misma América Latina en la que muchas voces claman por la igualdad, en contra de los imperios absolutistas, las tiranías y el poder opresivo del dinero permite de manera regular y consistente, las peores miserias imaginables “entre hermanos”.

Autoridades de México sancionaron a personas y empresas con una multa de tres millones de dólares (que se destinará a la ONU), porque vendían al gobierno de Venezuela alimentos de baja calidad y con sobreprecio, para la población más pobre del país sudamericano, informó la Fiscalía mexicana.

Según una investigación de la fiscalía general, desde 2016 “estas personas han obtenido recursos (del gobierno venezolano), desviándolo de sus fines humanitarios, para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos”, dijo Israel Lira, responsable de la oficina especializada en investigación de delincuencia organizada.

En medio de una profunda crisis económica, alimentaria, política y social, el gobierno del presidente Nicolás Maduro instaló desde 2016 en las poblaciones más empobrecidas los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), un sistema de distribución de alimentos básicos a precios subsidiados.

Se trata de paquetes con leche en polvo, harina de maíz, aceite, arroz, frijoles y a veces latas de atún que son vendidos a los venezolanos por 10 bolívares soberanos, equivalentes a unos 70 centavos de dólar, en una economía en la que la inflación alcanzará el 10.000.000% en 2019, según el FMI.

Numerosas denuncias apuntan a que estos productos, sobre todo la leche en polvo, no cumplen con los estándares mínimos de nutrición, mientras investigaciones periodísticas aseguran que detrás de estas despensas se teje una red de corrupción y lavado de dinero entre empresarios cercanos al gobierno venezolano.

Según las pesquisas mexicanas, los intermediarios se dedican a “adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y a través de los CLAPS, revenderlos a la población venezolana”, dijo Lira, quien aseguró que el precio que se paga por estos alimentos es 112% superior al real.

Así, el Ministerio Público de la Federación celebró un “acuerdo reparatorio”, que garantiza que “los imputados harán entrega al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) la cantidad de tres millones de dólares”, que serán destinados para atender a América Latina y el Caribe, dijo Lira.

Además, estas personas “se comprometen a no efectuar ningún acto comercial con el gobierno de Venezuela o terceros, que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas”.

Según la ONU, 2,6 millones de venezolanos (de una población de 30,6 millones) viven en el exterior, de los que alrededor de 1,9 millones emigraron desde el 2015 huyendo de la peor crisis en la historia del país caribeño. Una tragedia económica que, sin embargo, muchos “hermanos latinoamericanos” aprovechan, para enriquecerse con la miseria del vecino.

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