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Las muertes que no se evitan

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Las muertes que no se evitan

América Latina es pródiga en mártires. Su historia está jalonada por los nombres de mujeres y hombres que entregaron la vida por una idea. Desde el origen de la civilización, y en toda la geografía del planeta, hubo mártires. Pero el territorio latino es un apasionado y nunca pasa demasiado tiempo sin que aparezca un nuevo candidato. Los mártires mueren en defensa de sus convicciones; pero mueren.

Muchas de esas muertes podrían evitarse, pero no resulta así. La muerte de un dirigente opositor en las instalaciones de la policía política colocó de nuevo el foco internacional sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, incluida la situación de activistas presos o forzados al exilio.

Fernando Albán, concejal de Caracas y dirigente del partido opositor Primero Justicia (centrista), murió el 8 de octubre, mientras estaba detenido en la sede de la policía política, tres días después de su arresto en el aeropuerto capitalino, adonde llegó tras participar en denuncias de su organización en Nueva York contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El activista “murió cuando pidió permiso para ir a un baño y, estando allí, se lanzó al vacío” desde el décimo piso de la céntrica sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), informó inicialmente el fiscal general, Tarek Saab.

El ministro de Interior y Justicia, el general Néstor Reverol, luego, dio cuenta de que el suicidio ocurrió cuando Fernando Albán se precipitó “desde una sala de espera” del mismo piso del edificio y, desde entonces, esa ha sido la tesis oficial.

Albán fue arrestado por un fallido atentado con drones contra el presidente el 4 de agosto, por el que también están detenidas una veinte personas más.

Según el gobierno, el cerebro de los atentados es Julio Borges, coordinador del partido Primero Justicia y autoexiliado en Bogotá. Y, detrás de Borges, Caracas acusa de colaboradores a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

Portavoces de la oposición rechazaron la tesis del suicidio, difundieron versiones de que el concejal murió víctima de torturas y su cuerpo fue arrojado al vacío; mientras, organizaciones de derechos humanos y la jerarquía de la Iglesia Católica han demandado una investigación imparcial e internacional.

Otro tanto hicieron Estados Unidos, los 12 gobiernos americanos reunidos en el Grupo de Lima y la Unión Europea. Francia y España, incluso, convocaron a los embajadores de Venezuela para comunicar su preocupación por la muerte del concejal, bajo la custodia del Estado.

Cuatro días después de la muerte de Albán, el gobierno sacó de una sede del Sebin al joven activista Lorent Saleh y, de manera expedita, lo envió a España. Saleh llevaba cuatro años preso, acusado de organizar atentados terroristas desde Colombia sin que los cargos llegasen a un tribunal, ya que 53 veces se aplazó la inicial audiencia de presentación del reo ante un juez.

“Por primera vez en cuatro años podré ver la luna y el amanecer”, dijo Saleh al llegar a Madrid, tras estar detenido en celdas de sótanos con solo luz artificial, según sus defensores.

Saleh, galardonado con el europeo Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia de 2017, también afirmó que había sido víctima de torturas que le hicieron pensar en suicidarse.

Asimismo, desde agosto, permanece encarcelado Juan Requesens, un joven diputado sindicado de cooperar con el atentado de los drones. Fue detenido sin respetar la inmunidad que la Constitución ampara a los parlamentarios.

De él se divulgaron videos, tomados en los primeros días bajo arresto, con expresión ausente y apenas vistiendo una ropa interior manchada de materia fecal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó el 12 de octubre medidas de protección para Requesens y, de nuevo, solicitó al gobierno venezolano que permita el ingreso de una comisión internacional que verifique las condiciones de su detención.

Torturas que no se evitan, muertes que no se evitan. Y mártires nuevos. 

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Las muertes que no se evitan

América Latina es pródiga en mártires. Su historia está jalonada por los nombres de mujeres y hombres que entregaron la vida por una idea. Desde el origen de la civilización, y en toda la geografía del planeta, hubo mártires. Pero el territorio latino es un apasionado y nunca pasa demasiado tiempo sin que aparezca un nuevo candidato. Los mártires mueren en defensa de sus convicciones; pero mueren.

Muchas de esas muertes podrían evitarse, pero no resulta así. La muerte de un dirigente opositor en las instalaciones de la policía política colocó de nuevo el foco internacional sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, incluida la situación de activistas presos o forzados al exilio.

Fernando Albán, concejal de Caracas y dirigente del partido opositor Primero Justicia (centrista), murió el 8 de octubre, mientras estaba detenido en la sede de la policía política, tres días después de su arresto en el aeropuerto capitalino, adonde llegó tras participar en denuncias de su organización en Nueva York contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El activista “murió cuando pidió permiso para ir a un baño y, estando allí, se lanzó al vacío” desde el décimo piso de la céntrica sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), informó inicialmente el fiscal general, Tarek Saab.

El ministro de Interior y Justicia, el general Néstor Reverol, luego, dio cuenta de que el suicidio ocurrió cuando Fernando Albán se precipitó “desde una sala de espera” del mismo piso del edificio y, desde entonces, esa ha sido la tesis oficial.

Albán fue arrestado por un fallido atentado con drones contra el presidente el 4 de agosto, por el que también están detenidas una veinte personas más.

Según el gobierno, el cerebro de los atentados es Julio Borges, coordinador del partido Primero Justicia y autoexiliado en Bogotá. Y, detrás de Borges, Caracas acusa de colaboradores a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

Portavoces de la oposición rechazaron la tesis del suicidio, difundieron versiones de que el concejal murió víctima de torturas y su cuerpo fue arrojado al vacío; mientras, organizaciones de derechos humanos y la jerarquía de la Iglesia Católica han demandado una investigación imparcial e internacional.

Otro tanto hicieron Estados Unidos, los 12 gobiernos americanos reunidos en el Grupo de Lima y la Unión Europea. Francia y España, incluso, convocaron a los embajadores de Venezuela para comunicar su preocupación por la muerte del concejal, bajo la custodia del Estado.

Cuatro días después de la muerte de Albán, el gobierno sacó de una sede del Sebin al joven activista Lorent Saleh y, de manera expedita, lo envió a España. Saleh llevaba cuatro años preso, acusado de organizar atentados terroristas desde Colombia sin que los cargos llegasen a un tribunal, ya que 53 veces se aplazó la inicial audiencia de presentación del reo ante un juez.

“Por primera vez en cuatro años podré ver la luna y el amanecer”, dijo Saleh al llegar a Madrid, tras estar detenido en celdas de sótanos con solo luz artificial, según sus defensores.

Saleh, galardonado con el europeo Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia de 2017, también afirmó que había sido víctima de torturas que le hicieron pensar en suicidarse.

Asimismo, desde agosto, permanece encarcelado Juan Requesens, un joven diputado sindicado de cooperar con el atentado de los drones. Fue detenido sin respetar la inmunidad que la Constitución ampara a los parlamentarios.

De él se divulgaron videos, tomados en los primeros días bajo arresto, con expresión ausente y apenas vistiendo una ropa interior manchada de materia fecal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó el 12 de octubre medidas de protección para Requesens y, de nuevo, solicitó al gobierno venezolano que permita el ingreso de una comisión internacional que verifique las condiciones de su detención.

Torturas que no se evitan, muertes que no se evitan. Y mártires nuevos. 

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