Polémico cambio de Diputados al proyecto del presupuesto 2019

El presupuesto 2019 deberá esperar un poco más. La Cámara de Diputados de la provincia aprobó una nueva y polémica modificación al proyecto, en lo referido al artículo 15, el que establecía la asignación de 700 millones de pesos a los municipios de la provincia. Parte del bloque Unidad Justicialista, junto al interbloque Avanzar y Cambiemos por San Luis y Sanluiseños por el Cambio votaron a favor de la modificación, por lo que tendrá un fuerte análisis en Senadores.

La "Cláusula del Progreso", establecía, en el proyecto del Senado aprobado el martes, la creación de un fondo de 700 millones de pesos, destinado a todos los municipios de la provincia, en forma equitativa de acuerdo a las normas de la coparticipación municipal. Además detallaba que las comunas deberían presentar "proyectos enmarcados en el Plan de Lucha Contra la Pobreza" y relacionados a la cultura, educación, salud, seguridad, vivienda, deporte y comunicación para el uso de este fondo. Ahora la nueva cláusula conserva tanto el monto como la inclusión de todos los municipios, pero establece a su vez que los fondos deberán entregarse en doce cuotas consecutivas y mensuales desde enero de 2019 y que deberán destinarse a la "Lucha contra la Pobreza" aunque sin la presentación de proyectos y mencionando "programas relacionados a la obra pública municipal o acción social en beneficio de los habitantes de dichas localidades".

Los diputados Luis "Lucho" Martínez y Alfredo Domínguez, del Justicialismo apuntaron contra la validez de la interpretación que hizo la oposición del artículo 132 de la Constitución Provincial.   Básicamente lo que sostuvieron ambos legisladores, es que solo había dos opciones para sus pares: aprobar por dos tercios las modificaciones del Senado o desechar las correcciones y sostener el proyecto original que había sido aprobado en la Cámara de Diputados inicialmente (N de R: aquel que sostenía una partida de 494 millones de pesos para 29 municipios). Una tercera opción no sería válida, ya que podría desembocar en un sinnúmero de modificaciones.

Martínez apuntó contra los opositores que sostenían que la redacción del artículo que hizo el Senado limitaba la autonomía de las comunas, al solicitarle la presentación de un proyecto. "Quien rinde fondos es la Provincia, con las cuentas de inversión del año que viene, la Provincia se encontrará con que no puede dar explicaciones de lo que hizo con los 700 millones de pesos y esta tiene responsabilidad sobre los fondos municipales. Es una partida especial que administran las comunas, nadie tiene mala voluntad de que lo ejecuten bien. Lo que estamos diciendo todos, es que la cámara tuvo la oportunidad, tenían los votos para hacer un proyecto más generoso que el del Senado. ¿No se dieron cuenta de eso?", apuntó.

"Lo que se está insistiendo en el mismo error, se está insistiendo en no cumplir con lo que establece la Constitución de la Provincia en lo que corresponde al tratamiento de esta norma. El artículo 132 no está sujeto a interpretación, hay que cumplirlo. En ninguno de los párrafos del artículo 132, habla de una nueva propuesta. Se pone en riesgo, por una actitud caprichosa", criticó Alfredo Domínguez. "Es triste ir a decir a los pueblos que la actitud irresponsable de legisladores que votan en contra de la Constitución han estancado el proyecto de presupuesto del Gobierno de la Provincia", concluyó el legislador.

PASO y cupo femenino

Al final de la sesión, en la que se trataron múltiples proyectos por más de seis horas, también obtuvo media sanción la modificación de la ley de coparticipación municipal. Por mayoría, el 20 por ciento de los fondos asignados de los municipios se asignarían de la siguiente forma: el 19,5 iría directo a las comunas y el 0,5 a los fondos del Tesoro Provincial. Hasta el momento se asigna directamente un 16 por ciento a los fondos coparticipables de manera directa; el 3,5 va al Fondo Municipal de Saneamiento y Desarrollo (FOMS y D) y el 0,5 al Fondo de Aportes del Tesoro Provincial.

La sesión también definió leyes para las próximas elecciones del 2019. Allí obtuvieron media sanción dos proyectos que tendrán incidencia directa: el restablecimiento de las Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) y la Ley de Paridad de Género. El primero fue aprobado por mayoría; el segundo, por unanimidad.

Las PASO no solo establecerán  nuevamente la obligatoriedad en las internas partidarias. Estipula también la paridad de género, la prohibición de actos de gobierno hasta 30 días antes del acto eleccionario, limita los gastos de campaña, que no pueden superar cuatro veces los aportes estatales establecidos por ley y la obligación de que se den registros directos por parte de la Secretaría Electoral del listado de deudores alimentarios y antecedentes penales, para que los mismos candidatos no hagan el trámite personal. A su vez indica que aquellos que se postulen a cargos nacionales no podrán hacerlo a nivel provincial o municipal y que las listas de ganadores podrán adherirse o formar alianzas para las elecciones generales.

En cuanto a la paridad de género, sube el mínimo de representación femenina de un 30 a un 50 por ciento, con una serie de condiciones extras. Cada lista deberá "intercalar" candidatos de un género distinto (varón, mujer y así sucesivamente) y en el caso de la ausencia del titular, el o la suplente deberá ser del mismo género. Esto incluirá a todos a los órganos colegiados provinciales entre los que se incluyen senadores, diputados y concejales. Por último en el caso que haya una única postulación para uno de esos cargos, el titular deberá ser de un sexo y el suplente de otro.