Dan el fallo a jueza de Familia que enfrenta su segundo jury

Silvina Lafuente, de Villa Mercedes, es investigada por incumplimiento de sus funciones y por maltrato a empleados.

Hoy, la suspendida jueza de Familia y Menores 2 de Villa Mercedes, Silvina Verónica Lafuente, sabrá si continuará en su cargo o si, tal como lo solicitó el procurador general Fernando Estrada en la última audiencia del jury, será destituida. Es la segunda vez que Lafuente enfrenta un juicio político y está latente la posibilidad de que no salga airosa como en octubre de 2014, cuando la absolvieron ante la acusación de liberar a un joven que había abusado de una chica. A las 9, en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia –ex Casa de Gobierno– leerán la sentencia.

El pasado 4 de julio, cuando tuvo la oportunidad de decir unas palabras, Lafuente dijo que la acusación “expone una agresión institucional sistemática” que ha sufrido desde que sorteó el primer jury. Aseguró que desde ese momento, “ha sido incesante e inagotable la persecución”.

“Ésta es una clara revancha por la absolución de mi primer juicio político, que injustamente tuve que enfrentar. Y que debo enfrentar nuevamente, con una acusación deshonrosa”, expresó. 

Ese mismo día, durante los alegatos, Estrada pidió, tras exponer sus argumentos, que la magistrado sea declarada culpable, removida de su cargo e inhabilitada para ejercer la función pública por diez años. Por su parte, la defensora oficial Penal interina, Nadia Agundez, requirió que desestimen la acusación, “por no encontrarse incursa en ninguna de las causales (…) previstas en la ley de enjuiciamiento”, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Según lo comunicado por el área de prensa de tribunales, Estrada refirió que está demostrado el abuso de autoridad de la jueza en tres casos, dos de ellos sobre quienes eran secretarias judiciales.

Aseveró que cometía acoso laboral y que no se trató de un caso aislado. Dijo que la presión y la delegación de su responsabilidad en las secretarias eran continuas y que, en algunas ocasiones, no las saludaba ni hablaba.

Según el procurador, una prueba de la ineptitud y negligencia de la magistrado es que eran las secretarias quienes redactaban las resoluciones, autos interlocutorios y sentencias, y que la jueza sólo se limitaba a corregirlas en sus aspectos ortográficos o gramaticales. 

También refirió que está comprobado el delito de denegación de justicia –en el caso de un menor que interpuso un Hábeas Corpus– y su demora en adoptar medidas para proteger a chicos en riesgo, como a un bebé que necesitaba un trasplante de médula y a una niña y un niño víctimas de abuso.

La defensora Agundez, por su parte, consideró que no hay pruebas de los cargos contra Lafuente. Por ello, pidió que la acusación sea desestimada, que la jueza sea absuelta y que no le apliquen ningún tipo de inhabilitación. E hizo la reserva de presentar recursos de orden federal e internacional, en caso de que la resolución sea adversa.

Para responder a la acusación de la morosidad en el cumplimiento de sus funciones, Agundez expresó, en primer término, que los tiempos de tramitación en un juzgado de Familia y Menores no son iguales a los de otros fueros.

Además, la defensora dijo que, “sin lugar a dudas, la doctora (Lafuente) contaba con gente que quizá no estaba capacitada realmente, hasta moralmente quizás o espiritualmente, para sobrellevar esa tarea”, reprodujo el comunicado del CIJ. “Es indudable también que la mora que existía en el juzgado, que está acreditada en todas las causales y en todos los ítems, pertenecía ineludiblemente a obligaciones de los secretarios”, afirmó la defensora.

“Casi todos los secretarios que pasaron por acá son responsables de esa mora que tiene la dependencia. ¿Y cómo lo vemos resuelto por los secretarios? Crearon un plan sistemático para acreditar que la doctora los trataba mal, para deslizar que no solamente los trataba mal a ellos, a los litigantes, sino también a los agentes judiciales que, casualmente, no vinieron a declarar. Solamente lo hicieron los secretarios”, aclaró Agundez.

Según la interpretación de la defensora, el juicio político “es producto de un plan de los secretarios que desean deslindar responsabilidades inherentes a sus funciones, abusando de una realidad, que la doctora ya había pasado por un jury. La jueza ha sido perseguida durante este tiempo de innumerables formas”.