La Justicia falló y puede retomarse la obra pública en la provincia

La Provincia ya está en condiciones de retomar las licitaciones, contrataciones, adjudicaciones y la ejecución de nuevas obras públicas. Así se desprende de la resolución que este jueves sacó el Superior Tribunal de Justicia en la que dispuso suspender la medida cautelar interpuesta por la dupla Claudio Poggi-Ricardo Endeiza y que había neutralizado el motor económico de San Luis desde el lunes 2 de octubre.

En un dictamen de siete carillas, el máximo órgano judicial dispuso admitir el recurso extraordinario por salto de instancia solicitado por la Fiscalía de Estado tres días después del fallo inicial de la jueza laboral N° 2, María Eugenia Bona. La admisión fue firmada por cuatro de los cinco integrantes: Jorge Levingston, Cecilia Chada, Eduardo Allende y Guillermo L'Huillier, mientras que Carolina Monte Riso no lo suscribió porque está de licencia.

“El Tribunal Superior de Justicia ha dicho que se suspende la medida cautelar; seguimos trabajando y gobernando”, celebró por la tarde el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, en un Salón de la Puntanidad que fue epicentro de una reunión de gabinete ampliada.

En la disposición, la Corte puntana establece que se abocará al per saltum porque se cumplieron "los recaudos en orden a la procedencia formal del recurso y estando ante una situación de notoria gravedad institucional". Consideró además que la vigencia de la cautelar "relativa a la totalidad de la obra pública provincial excede el interés individual de las partes y afecta de manera directa el de la comunidad toda".

En el texto se enumeran los perjuicios que genera la paralización: los ingresos de los trabajadores, los de los proveedores de materiales, pérdidas económicas en las empresas comitentes, afectación del comercio interno por disminución del circulante monetario, pérdida definitiva del financiamiento nacional ante la imposibilidad de ejecutar las obras previamente consensuadas como el acueducto de Justo Daract y los nuevos colectores cloacales en el barrio Eva Perón de San Luis, entre otras.

El fiscal de Estado, Roald Cattaneo, le confirmó a El Diario de la República que la medida habilita la continuación de la obra pública en el territorio puntano. "Suspende la cautelar, es decir que no está más vigente hasta tanto se resuelva. La recepción del recurso que nosotros planteamos por salto de instancia suspende la cautelar, pero no está resuelto el fondo del recurso".

Cattaneo dijo que ahora "se los va a escuchar a ellos, se les corre traslado, ellos contestan; es todo un trámite. Después, recién el Superior Tribunal se expide sobre si corresponde o no y si está bien lo que nosotros planteamos".

Aún continúa pendiente la acción de amparo que presentó Poggi y compañía. "Todavía queda un caminito, pero ya se destrabó el tema de la obra pública —explicó Cattaneo—. Todavía no tenemos resuelta la apelación de la cautelar".

"Al fallo de la jueza lo hemos criticado con razón", completó el fiscal. La Provincia había apelado el fallo de la jueza Bona y había pedido su recusación porque entendía que "la precautoria avanza ilegítimamente sobre atribuciones reservadas exclusivamente al Ejecutivo en funciones y no respeta la división de poderes".