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Cruces entre el Municipio y la Policía por las responsabilidades

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Cruces entre el Municipio y la Policía por las responsabilidades

La muerte de Matías Auderut alertó sobre la falta de controles en la zona de bares y boliches del centro.

Tras el hecho que se cobró la vida de Matías Auderut, ocurrido en la madrugada del 30 de diciembre, en la avenida Illia, frente al bar “Say No More”, el Municipio de San Luis y la Policía provincial no logran acordar operativos conjuntos para mejorar la seguridad en la zona que se ha vuelto la más concurrida de la ciudad los fines de semana. Y hay cruces entre ambos por las responsabilidades.

Auderut, de 31 años, fue brutalmente golpeado por un grupo de hombres que estaban en el local y hasta por la misma seguridad privada. Fue tal la gravedad de los golpes que recibió que no los soportó y murió en el Hospital San Luis, el 4 de enero.

Un video que registró un testigo de la pelea, y que subió a las redes sociales, sirvió para identificar a dos hombres que participaron de la gresca. Actualmente están detenidos. Uno es un artesano brasileño y el otro, un malabarista correntino.

El caso de Auderut, por ser uno de los más graves por las consecuencias, no es un hecho aislado. En la misma zona fue víctima de una agresión similar Iván Zencich Dermechcov, quien resultó con graves secuelas. En ciertas noches, el bulevar Illia, la zona más convocante para las actividades nocturnas de la capital, da la impresión de ser una “tierra de nadie”, porque, por lo visto, no siempre hay quien controle y ponga freno a los excesos.

“La Policía cumple con su función de brindar seguridad en la vía pública. Controlar lo que ocurre en los locales y si cumplen con las exigencias en materia de seguridad es responsabilidad de la Municipalidad”, aseguró el jefe de la Policía provincial, comisario general Fabricio Portela.

“Hemos solicitado trabajar en conjunto con la Policía, he mandado notas, pero no hemos tenido respuesta”, expresó el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, José Pereyra.

“Pereyra tiene mi teléfono, me puede llamar y nosotros le damos el apoyo y la seguridad necesaria. Una vez pidió una reunión para diagramar un operativo de seguridad, lo convoqué a mi despacho y no vino. Tuve una reunión con el representante de la Cámara de Comercio, en la que le brindé todo el apoyo. Nosotros estamos al servicio de la comunidad”, respondió el jefe de Policía.

Una ordenanza municipal, del año 2001, establece que los dueños de los bares y locales bailables son los encargados de la seguridad interna del lugar. Deben contratar personal de seguridad en proporción a la capacidad máxima de asistentes autorizada, y los custodios, quienes deben pertenecer a agencias debidamente autorizadas.

“Los propietarios tienen que garantizar la tranquilidad externa, hasta un radio de 50 metros del local, y deberá ser cubierta exclusivamente por agentes de la Policía de la Provincia de San Luis. La autoridad de aplicación podrá requerir a los organizadores o titulares de locales la contratación de personal policial adicional toda vez que las características del evento lo justifiquen”, fija la ordenanza 2.881 en su 6º artículo.

Sin embargo, el presidente de la CaCaUni (Cámara de Cámaras Única de lugares diurnos y/o nocturnos con o sin actividad bailable), Diego Astudillo, dijo: “Teóricamente debería haber personal policial uniformado, al menos uno, pero hay una disyuntiva: al no dar habilitaciones municipales a los locales la Policía no brinda uniformados para que estén en la puerta como lo establece la ordenanza. Según quienes están a cargo de adicionales de la fuerza dicen que las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) no los cubren a los policías durante esos servicios”.

Eber Bustos, responsable de la empresa de seguridad “Cobra”, una de las agencias que brindan custodia privada en locales nocturnos, afirmó que el Municipio nunca les solicitó algún tipo de documentación.

“Cuando dejaron de prestar servicio los policías adicionales, los dueños de los boliches y bares salieron a buscar gente de civil. Supuestamente lo que decían los mismos efectivos es que era porque los bares no estaban habilitados y si a ellos les pasaba algo la ART no los cubría”, contó.

Portela señaló que la seguridad de cada lugar bailable corresponde al dueño del local. “Los policías tienen cobertura ART para cualquier tipo de servicio. Somos serios y responsables. Si el dueño quiere, puede contratar seguridad privada o un policía adicional. Está en todo su derecho en adquirir cualquiera de los dos servicios”, aseguró.

 

"Quieren pagar un solo efectivo"

“Mientras estamos trabajando la ART a nosotros nos cubre en todo momento. Hoy por hoy, nosotros no brindamos seguridad en los boliches porque la mayoría de los dueños han contratado seguridad privada”, aseguró la directora general de Operaciones de la Policía, comisario mayor Natalia Pereyra, quien es la encargada del área de adicionales de la fuerza.

Y agregó: “Le damos prioridad a la seguridad pública. Los propietarios de los locales lo que quieren es pagar un solo efectivo y con uno solamente no alcanza. Por eso no damos adicionales para los boliches, porque como mínimo los dueños deben contratar al menos a tres, y no quieren. Contratan solo privados. A la cantidad de efectivos a contratar la quieren imponer ellos y no los que nosotros les requerimos. Es exponer al personal policial, yo no puedo mandar a un solo policía”, concluyó Pereyra.

A mediados de la semana pasada el Municipio anunció que comenzó a diagramar controles en las zonas donde cada vez más jóvenes se juntan a pasar las noches durante los fines de semana.

“Constará de controles de alcoholemia, de ruidos molestos, de cierre de horarios de boliches, de expendio de bebidas alcohólicas y de no consumo de alcohol en la vía pública”, indicó Pereyra.

Dijo que se implementará de ahora en más todos los viernes, sábados y vísperas de feriados. A partir de las 00 hasta la finalización de la actividad nocturna, aproximadamente a las 6.

“Las zonas más conflictivas que tenemos son la avenida Illia, desde Mitre hasta Falucho. Pero también los controles serán extensibles, si es necesario, a la avenida Lafinur, entre la avenida España y Bolívar, donde siempre hay concentración de motos y automóviles haciendo ruidos molestos”, añadió.

“En caso de que sea necesaria la fuerza pública, se dará a conocer a través del 911, o de la comisaría de jurisdicción”, indicó Pereyra.

El jefe de la Unidad Regional I de la Policía, comisario general Carlos Villegas, afirmó que “la Policía no está ausente en ningún momento”.

“La presencia policial está en las calles los fines de semana, tanto viernes como sábado. Hacemos un operativo policial que no solo abarca la ciudad de San Luis en la zona céntrica principalmente en la avenida Illia, sino que también se extiende hasta Juana Koslay, donde realizamos regulación de tránsito y control de alcoholemia. Son operativos que vienen desarrollándose de forma permanente”, enfatizó.

Admitió que no trabajan en conjunto con la Municipalidad. “El sistema de prevención lo hace la Policía en sí. Siempre hemos trabajado por separado”, dijo.

Señaló que últimamente a los controles de la avenida Illia afectan personal del Comando Radioeléctrico y unidades especiales. “Hacen recorridos y operativos estáticos y móviles. No solo sobre la avenida, sino también en calles aledañas. Porque siempre hay vehículos estacionados, circula gente que concurre a la avenida y luego sale de la concentración y para que no sean víctimas de algún delito también cubrimos los alrededores”, sintetizó.

En cuanto a la seguridad de los locales, dijo que generalmente trabajan con seguridad privada. “Si hay una ordenanza que establezca que debe haber efectivos como parte de la seguridad y no se cumple es un tema municipal, tienen que ejecutar el control. Si hay una habilitación de por medio que exige que tiene que haber un efectivo, no deberían habilitar el local”, resaltó.

Astudillo dijo que los bares y boliches de la avenida Illia en su mayoría “están con habilitaciones provisorias, permisos y recursos de amparo”. Muchas veces “esas habilitaciones terminan judicializadas”.

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Cruces entre el Municipio y la Policía por las responsabilidades

La muerte de Matías Auderut alertó sobre la falta de controles en la zona de bares y boliches del centro.

Concurrida. La Illia es una de las avenidas principales más elegida para el esparcimiento puntano.

Tras el hecho que se cobró la vida de Matías Auderut, ocurrido en la madrugada del 30 de diciembre, en la avenida Illia, frente al bar “Say No More”, el Municipio de San Luis y la Policía provincial no logran acordar operativos conjuntos para mejorar la seguridad en la zona que se ha vuelto la más concurrida de la ciudad los fines de semana. Y hay cruces entre ambos por las responsabilidades.

Auderut, de 31 años, fue brutalmente golpeado por un grupo de hombres que estaban en el local y hasta por la misma seguridad privada. Fue tal la gravedad de los golpes que recibió que no los soportó y murió en el Hospital San Luis, el 4 de enero.

Un video que registró un testigo de la pelea, y que subió a las redes sociales, sirvió para identificar a dos hombres que participaron de la gresca. Actualmente están detenidos. Uno es un artesano brasileño y el otro, un malabarista correntino.

El caso de Auderut, por ser uno de los más graves por las consecuencias, no es un hecho aislado. En la misma zona fue víctima de una agresión similar Iván Zencich Dermechcov, quien resultó con graves secuelas. En ciertas noches, el bulevar Illia, la zona más convocante para las actividades nocturnas de la capital, da la impresión de ser una “tierra de nadie”, porque, por lo visto, no siempre hay quien controle y ponga freno a los excesos.

“La Policía cumple con su función de brindar seguridad en la vía pública. Controlar lo que ocurre en los locales y si cumplen con las exigencias en materia de seguridad es responsabilidad de la Municipalidad”, aseguró el jefe de la Policía provincial, comisario general Fabricio Portela.

“Hemos solicitado trabajar en conjunto con la Policía, he mandado notas, pero no hemos tenido respuesta”, expresó el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, José Pereyra.

“Pereyra tiene mi teléfono, me puede llamar y nosotros le damos el apoyo y la seguridad necesaria. Una vez pidió una reunión para diagramar un operativo de seguridad, lo convoqué a mi despacho y no vino. Tuve una reunión con el representante de la Cámara de Comercio, en la que le brindé todo el apoyo. Nosotros estamos al servicio de la comunidad”, respondió el jefe de Policía.

Una ordenanza municipal, del año 2001, establece que los dueños de los bares y locales bailables son los encargados de la seguridad interna del lugar. Deben contratar personal de seguridad en proporción a la capacidad máxima de asistentes autorizada, y los custodios, quienes deben pertenecer a agencias debidamente autorizadas.

“Los propietarios tienen que garantizar la tranquilidad externa, hasta un radio de 50 metros del local, y deberá ser cubierta exclusivamente por agentes de la Policía de la Provincia de San Luis. La autoridad de aplicación podrá requerir a los organizadores o titulares de locales la contratación de personal policial adicional toda vez que las características del evento lo justifiquen”, fija la ordenanza 2.881 en su 6º artículo.

Sin embargo, el presidente de la CaCaUni (Cámara de Cámaras Única de lugares diurnos y/o nocturnos con o sin actividad bailable), Diego Astudillo, dijo: “Teóricamente debería haber personal policial uniformado, al menos uno, pero hay una disyuntiva: al no dar habilitaciones municipales a los locales la Policía no brinda uniformados para que estén en la puerta como lo establece la ordenanza. Según quienes están a cargo de adicionales de la fuerza dicen que las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) no los cubren a los policías durante esos servicios”.

Eber Bustos, responsable de la empresa de seguridad “Cobra”, una de las agencias que brindan custodia privada en locales nocturnos, afirmó que el Municipio nunca les solicitó algún tipo de documentación.

“Cuando dejaron de prestar servicio los policías adicionales, los dueños de los boliches y bares salieron a buscar gente de civil. Supuestamente lo que decían los mismos efectivos es que era porque los bares no estaban habilitados y si a ellos les pasaba algo la ART no los cubría”, contó.

Portela señaló que la seguridad de cada lugar bailable corresponde al dueño del local. “Los policías tienen cobertura ART para cualquier tipo de servicio. Somos serios y responsables. Si el dueño quiere, puede contratar seguridad privada o un policía adicional. Está en todo su derecho en adquirir cualquiera de los dos servicios”, aseguró.

 

"Quieren pagar un solo efectivo"

“Mientras estamos trabajando la ART a nosotros nos cubre en todo momento. Hoy por hoy, nosotros no brindamos seguridad en los boliches porque la mayoría de los dueños han contratado seguridad privada”, aseguró la directora general de Operaciones de la Policía, comisario mayor Natalia Pereyra, quien es la encargada del área de adicionales de la fuerza.

Y agregó: “Le damos prioridad a la seguridad pública. Los propietarios de los locales lo que quieren es pagar un solo efectivo y con uno solamente no alcanza. Por eso no damos adicionales para los boliches, porque como mínimo los dueños deben contratar al menos a tres, y no quieren. Contratan solo privados. A la cantidad de efectivos a contratar la quieren imponer ellos y no los que nosotros les requerimos. Es exponer al personal policial, yo no puedo mandar a un solo policía”, concluyó Pereyra.

A mediados de la semana pasada el Municipio anunció que comenzó a diagramar controles en las zonas donde cada vez más jóvenes se juntan a pasar las noches durante los fines de semana.

“Constará de controles de alcoholemia, de ruidos molestos, de cierre de horarios de boliches, de expendio de bebidas alcohólicas y de no consumo de alcohol en la vía pública”, indicó Pereyra.

Dijo que se implementará de ahora en más todos los viernes, sábados y vísperas de feriados. A partir de las 00 hasta la finalización de la actividad nocturna, aproximadamente a las 6.

“Las zonas más conflictivas que tenemos son la avenida Illia, desde Mitre hasta Falucho. Pero también los controles serán extensibles, si es necesario, a la avenida Lafinur, entre la avenida España y Bolívar, donde siempre hay concentración de motos y automóviles haciendo ruidos molestos”, añadió.

“En caso de que sea necesaria la fuerza pública, se dará a conocer a través del 911, o de la comisaría de jurisdicción”, indicó Pereyra.

El jefe de la Unidad Regional I de la Policía, comisario general Carlos Villegas, afirmó que “la Policía no está ausente en ningún momento”.

“La presencia policial está en las calles los fines de semana, tanto viernes como sábado. Hacemos un operativo policial que no solo abarca la ciudad de San Luis en la zona céntrica principalmente en la avenida Illia, sino que también se extiende hasta Juana Koslay, donde realizamos regulación de tránsito y control de alcoholemia. Son operativos que vienen desarrollándose de forma permanente”, enfatizó.

Admitió que no trabajan en conjunto con la Municipalidad. “El sistema de prevención lo hace la Policía en sí. Siempre hemos trabajado por separado”, dijo.

Señaló que últimamente a los controles de la avenida Illia afectan personal del Comando Radioeléctrico y unidades especiales. “Hacen recorridos y operativos estáticos y móviles. No solo sobre la avenida, sino también en calles aledañas. Porque siempre hay vehículos estacionados, circula gente que concurre a la avenida y luego sale de la concentración y para que no sean víctimas de algún delito también cubrimos los alrededores”, sintetizó.

En cuanto a la seguridad de los locales, dijo que generalmente trabajan con seguridad privada. “Si hay una ordenanza que establezca que debe haber efectivos como parte de la seguridad y no se cumple es un tema municipal, tienen que ejecutar el control. Si hay una habilitación de por medio que exige que tiene que haber un efectivo, no deberían habilitar el local”, resaltó.

Astudillo dijo que los bares y boliches de la avenida Illia en su mayoría “están con habilitaciones provisorias, permisos y recursos de amparo”. Muchas veces “esas habilitaciones terminan judicializadas”.

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