El campo fluctúa entre la desazón y la incertidumbre

Durante esta semana sucedió un hecho trascendental para todos aquellos que componemos la sociedad y que habitamos en la Argentina. Como todos ya saben, finalmente llegamos al 10 de diciembre y el gobierno nacional cambió de mando. Este acontecimiento tan significativo en la vida política de nuestro país, que genera muchas ilusiones y otros tantos resquemores, seguramente se irá desarrollando de manera paulatina, conforme pase el tiempo y se sucedan las circunstancias. Como asegura el dicho, "los melones se acomodan solos, con el carro andando".

Pero, mientras esto sucede, hay algunas cosas que ya se saben, que ya fueron dichas por el nuevo Presidente o por sus ministros, especialmente por el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, quien es el que a nosotros más nos interesa.

Al momento del cierre de esta columna todavía no teníamos mayores definiciones respecto a lo que puede ser la política agropecuaria del nuevo gobierno, pero sí algunos punteos de lo que piensa Basterra. Y eso es lo que pretendemos analizar hoy: una especie de primer pantallazo de lo que puede venir con el nuevo mandato y la posición que seguramente ocupará el sector agropecuario en los próximos años.

Lo que Cambiemos nos dejó

Cambiemos tuvo, como ningún otro gobierno en las últimas décadas, el apoyo político de la gran mayoría del campo argentino. Pero este acompañamiento que le brindó la agroindustria al gobierno de Mauricio Macri finalmente no terminó de traducirse en beneficios para el sector.

Recordemos que asumieron el poder con un plan de 13 propuestas para el sector agropecuario:

1 – Apertura de las exportaciones y eliminación de los ROES.

2 – Competencia y transparencia en el mercado interno, que incluía la eliminación de precios sugeridos, cuidados o máximos y la eliminación de las “intervenciones o injerencias arbitrarias”.

3 – Reducción y eliminación de derechos de exportación de todos los granos, sus subproductos, las economías regionales y todas las carnes.

4 – Reducción general de los niveles de presión tributaria efectiva.

5 – Amortización acelerada de inversiones.

6 – Simplificación de la normativa y reglamentación impositiva.

7 – Infraestructura para la producción, la competitividad y el desarrollo, diversificando y potenciando la matriz de transporte.

8 – Ley Nacional sobre Políticas de Fomento Agroindustrial.

9 – Carne vacuna: revertir ocho años de errores. En este punto, se proponía eliminar los ROES y las retenciones a las carnes y cueros. También, generar negociaciones bilaterales y desgravar de manera acelerada las inversiones en forrajes, genética, sanidad e infraestructura.

10 – Lechería: creación del “precio de pizarra lácteo”, con la participación del sector privado y auditorías públicas, para la formación de precios transparentes en todos los eslabones de la cadena; más una industrialización de la materia prima.

11 – Recuperación del Renatre

12 – Nueva estrategia de relaciones económicas internacionales, que apunta a una política proactiva de acceso y recuperación de mercados.

13 – Creación del Ministerio de Agroindustria.

Si bien es verdad que se consiguieron algunas cosas, como por ejemplo la eliminación de los ROES, más transparencia en el mercado de granos, mayor presencia en los mercados internacionales, la creación del Ministerio (que después fue Secretaría y más tarde otra vez Ministerio), la negociación bilateral y un fuerte crecimiento en la exportación de carnes, más la menor cantidad de trámites administrativos.

Pero todo esto quedó en un segundo plano por dos cuestiones centrales: la vuelta de las retenciones y la inexistencia de una política pública y sostenible.

Esa inexistencia de normas y reglas de juego claras se suma, por supuesto, a una presión impositiva altísima, desfinanciamiento, retenciones, aumento de costos, falta de inversiones, desaparición de productores, caídas productivas en economías regionales, entre otros problemas que atraviesa el sector y que necesitan que sean resueltos de manera inmediata por el nuevo gobierno nacional.

Hay muchos rubros más para analizar sobre la labor del gobierno de Mauricio Macri en relación al sector agropecuario, pero no es la intención de esta columna terminar haciendo leña del árbol caído. Solamente intentamos recordar algunas cuestiones como para entender desde dónde partimos nuevamente.

Un ejemplo de esto es lo que sucede con la infraestructura, un rubro que si bien no podemos decir que estuvo abandonado, quedó muy lejos de lograr los objetivos que nos prometieron. El otro punto clave son, por supuesto, los derechos de exportación. Impuesto que Cambiemos deja en niveles bastante elevados.

El futuro como incógnita

Esta columna corre con la desventaja que ingresa a edición unos días antes de ser publicada, así sucede siempre con los suplementos especiales y el riesgo principal es que se pierdan algunas novedades de último momento. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es no buscar la última noticia sino tratar de analizar los temas de una manera más global, más integral.

 Hasta ahora lo que sabemos del nuevo Presidente de la Nación es que en varias oportunidades se dedicó a remarcar que en su gobierno la agroindustria ocupará un rol muy importante ya que, según su consideración, es el único sector que puede generar los dólares genuinos que el país necesita.

"Necesitamos exportar para que ingresen dólares y poder cumplir nuestras obligaciones", aseguró Alberto Fernández en reiteradas oportunidades. Habrá que ver si esa intencionalidad se trasforma en una política de largo plazo, sostenida en el tiempo, que beneficie a todos y que termine (o empiece a terminar, por lo menos) con los problemas estructurales que tiene el sector agropecuario.

Y ese mismo desconcierto que nos puede generar el nuevo presidente también nos los provoca el flamante Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el ingeniero agrónomo Luis Basterra. Aunque en este punto debemos aclarar que es cierto que a Basterra lo conocemos más, lo hemos escuchado muchas veces referirse al sector agropecuario y su trabajo lo respalda.

Justamente algunos días antes de asumir tuvimos la posibilidad de conversar con Basterra, un gran defensor de la agricultura familiar y los pequeños y medianos productores, como así también de las economías regionales, quien todavía en su rol de diputado nacional nos dejaba algunos de sus principales pensamientos respecto al sector agropecuario. Claro está que una vez instalado en el edificio de Paseo Colón 982 y con el poder que le otorgará la posibilidad de decidir las políticas para el sector, sus pensamientos históricos pueden llegar a cambiar. Este es el diálogo entre este columnista y Basterra:

—¿Por qué en los últimos cuatro años no se pudieron generar las políticas que el campo necesitaba?

—La aspiración que tenía el sector productor de granos de que se eliminen retenciones se convirtió en la única bandera, y no se pudieron tratar temas para darle más seguridad jurídica al sector agropecuario, para posicionarlo en el lugar que debe ocupar. Un lugar estratégico para el desarrollo de la economía y del país. Nos enfrascamos, por ejemplo, en una discusión sobre la Ley de Semillas, un tema sobre el cual todos creemos que hay que hacer algunos ajustes (más o menos), pero no se dieron las condiciones para llegar a obtener esa norma. Ahora aspiramos a que en el próximo período podamos avanzar en estos temas y en la generación de mayor seguridad jurídica, que es lo que necesita el sector agropecuario.

—¿Faltó acompañamiento del Ejecutivo?

—Es cierto que, por un lado, en estos últimos años hubo poco impulso del Poder Ejecutivo para que salgan las leyes que el campo necesita. No podemos dejar de recordar que algunos proyectos importantes tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados y todos fueron parados en Senadores por decisión del gobierno nacional. Creo que el campo no estuvo en la agenda del gobierno de Macri, y de cara al futuro entendemos que hay que ser más objetivos y pensar que los problemas que tiene el campo no solo se resuelven con el tema retenciones, sino con una cantidad de otros documentos que requieren ser tratados y debatidos.

—¿Qué necesita el campo?

—Hay un elemento que es central y que tiene que ver con la seguridad jurídica que necesita el sector. Hoy, por ejemplo, es un tema candente el uso de fitosanitarios; hay fallos que frenan producciones y eso es producto de la falta de un marco normativo. También se debe, desde el Estado, dar garantías a la población de que cuando se utiliza este tipo de productos se hace con criterios que están normados, verificados, validados. Otro ámbito en el que tenemos que hacer eje y poner esfuerzos es en la preservación y recuperación de los suelos. Y en esto ya hemos avanzado, pero habrá que ver ahora cómo se analiza el costo fiscal, porque nuestro país tiene un brutal endeudamiento que seguramente durará varias décadas y que va a exigir otro modelo de régimen fiscal.

—¿Y la Ley de Semillas?

—Seguramente también va a volver a estar en debate, porque la realidad es que hoy Monsanto está cobrando 500 dólares por camión de soja y se hace de una manera lateral a la actual Ley de Semillas, utilizando la Ley de Patentes. Nosotros creemos que un mismo objeto tiene que tener un marco normativo comprensivo de todos los derechos de propiedad intelectual. Así que es un debate que seguramente tengamos que dar en el próximo ciclo.

Habrá que esperar a ver qué sucede con el gobierno de Alberto Fernández y con la gestión de Luis Basterra. Lo único que podemos decir, antes de que las cartas estén definitivamente echadas, es que necesitamos que las soluciones aparezcan, y que las dificultades se resuelvan por el bien de todos.