Por el ciberataque al Data Center, el Gobierno declaró la emergencia administrativa

Luego de un informe elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y tras considerarlo un hecho delictivo y radicar la denuncia, el Gobierno de San Luis declaró la emergencia administrativa del Poder Ejecutivo.

La medida se debe al ciberataque que sufrió el Data Center la semana pasada. El alcance de la emergencia administrativa alcanza a toda la administración pública en sus diferentes niveles y se prolongará por 90 días hábiles.

El ataque virtual fue un hecho delictivo, ya fue denunciado por el Estado puntano, estropeó el normal andamiaje del software y los programas computarizados que se utilizan en la administración pública para los diferentes trámites y movimiento de expedientes.

A su vez impide continuar con el habitual procedimiento administrativo que rige la actividad del Poder Ejecutivo, lo que atenta contra el cumplimiento de distintas obligaciones. El golpe virtual es una situación inédita para el Estado sanluiseño que radicó la denuncia ante la Justicia Federal.

La emergencia administrativa incluye el Data Center, los datos del sistema de gestión de expedientes digitales administrativos denominados ‘Tramix’, la totalidad de resoluciones, notas, registros, antecedentes, archivos y toda información digital que contiene la Autopista de la Información (AUI).

El decreto firmado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá tiene como meta reorganizar el trabajo para optimizar y restablecer los recursos económicos y las funciones administrativas tal como funcionaban antes del golpe hacker.  

El alcance de la medida

Con la emergencia administrativa ya vigente, los expedientes serán confeccionados nuevamente y los interesados tendrán que acercarse hasta Terrazas del Portezuelo o el organismo estatal donde iniciaron sus papeles para entregar nuevamente su documentación. Así lo establece el decreto conocido este viernes.

“Para la reconstrucción de expedientes administrativos, quedará a cargo de los particulares interesados aportar la totalidad de la documentación que haga a su derecho, siendo pasibles de las penalidades y acciones previstas en el Código Penal en caso de falseamiento u ocultación”.

A su vez, el Poder Ejecutivo, mientras dure esta emergencia administrativa, podrá autorizar la contratación directa de bienes o servicios que sean urgentes e imprescindibles. También aquellos cuyos trámites se hayan visto perjudicados por el daño infringido a la base de datos del Estado.

En otro orden, el decreto también autorizar a la Tesorería General a liquidar o cancelar toda orden de pago que cuente con el control previo a su firma de la Contaduría General de la Provincia.

Mientras tanto, siempre según el documento rubricado por el gobernador Rodríguez Saá, el Ministerio de Ciencia será el organismo encargado de reiniciar nuevamente los procedimientos digitales que fueron perjudicados por el ataque hacker.

Lo mismo hará con “el ordenamiento, registro y circulación de los expedientes digitales administrativos en trámite mientras dure la emergencia declarada, así como el inicio de los nuevos. A tal fin, implementará un sistema de contingencia para el ejercicio de la función administrativa cuando la salud, la educación, la seguridad, el medioambiente, el desarrollo social y el normal desenvolvimiento de las funciones del Estado estén en riesgo”, indica el decreto.