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El ciberataque no afectó los sueldos y los registros médicos

La titular de Ciencia y Tecnología dijo que solo existen problemas con el sistema de expedientes.

 

Luego del ciberataque que sufrió la semana pasada el Data Center, que alberga todos los archivos del gobierno provincial, el gobernador Alberto Rodríguez Saá emitió anteayer un decreto que declara la emergencia administrativa por noventa días hábiles. La ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, dijo que lo único afectado es la base de datos del sistema de expedientes desde el 1º de enero hasta el 25 de noviembre de este año. Aclaró que el sistema contable de sueldos, el de registros médicos y todos los demás sistemas están funcionando de manera normal.

La emergencia administrativa incluye el Data Center, los datos del sistema de gestión de expedientes digitales administrativos TRAMIX, la totalidad de resoluciones, notas, registros, antecedentes, archivos y toda la información en soporte digital "obrantes en la Autopista de la Información (AUI)". Explicó que esto es "a fin de producir la reorganización administrativa necesaria para optimizar y restablecer los recursos económicos y funciones de la administración". La emergencia abarca a toda la administración pública provincial centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado. El lunes, la Fiscalía de Estado hizo una denuncia formal ante el Juzgado Federal de la Provincia.

La ministra de Ciencia y Tecnología especificó que "en el decreto están las maneras en que hay que trabajar para dar el tratamiento debido, porque falta un pedazo de la información. Lo que desencriptamos llega hasta el 31 de diciembre de 2018. El 2 de diciembre de este año pusimos en marcha el sistema de contingencia que da un mecanismo que establece cómo se tiene que trabajar. Por supuesto, seguimos buscando recuperar la información que fue encriptada".

Además, explicó que con este decreto la administración pública tiene que actuar como si la información se hubiese perdido. "Si, por ejemplo, un proveedor ganó una licitación y salió adjudicado pero no había salido todavía el decreto, el área que corresponda deberá juntar toda la información nuevamente para resolverlo", dijo.

Bañuelos comentó que todavía no logran desencriptar casi todo el año 2019, que son 350 gigas de información. "Hay gente que nos asesora de diferentes países, aunque las mejores ideas salieron de la AUI", destacó, y agregó que hay   grupos de rusos, japoneses y norteamericanos "que están muy interesados en ayudarnos, porque este tipo de ataque es nuevo y no tienen una experiencia anterior".

"La ayuda nacional e internacional que estamos recibiendo es de gente que está muy interesada. Quieren saber cómo fue y qué están usando, porque saben que esto se va a replicar en otros sistemas", indicó Bañuelos. Agregó que son empresas de antivirus y que por eso buscan conocer los detalles de estos ataques, para desarrollar mejores programas y evitarlos.

Dijo que varias compañías no declaran estos ataques, y a veces les pagan a los hackers. "En definitiva terminan dándoles los recursos para ser más sofisticados", opinó, y agregó: "Fue un ataque que se hizo en varios lugares simultáneamente, tanto en Argentina como en el exterior. No fue específicamente contra San Luis, pero considero que somos interesantes porque tenemos un enlace muy grande. Eso les puede dar motivos".

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El ciberataque no afectó los sueldos y los registros médicos

La titular de Ciencia y Tecnología dijo que solo existen problemas con el sistema de expedientes.

Pagar no es una opción. El Gobierno no utilizará fondos para pagarle a los delincuentes. La Fiscalía de Estado hizo una denuncia penal. Foto: El Diario.

 

Luego del ciberataque que sufrió la semana pasada el Data Center, que alberga todos los archivos del gobierno provincial, el gobernador Alberto Rodríguez Saá emitió anteayer un decreto que declara la emergencia administrativa por noventa días hábiles. La ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, dijo que lo único afectado es la base de datos del sistema de expedientes desde el 1º de enero hasta el 25 de noviembre de este año. Aclaró que el sistema contable de sueldos, el de registros médicos y todos los demás sistemas están funcionando de manera normal.

La emergencia administrativa incluye el Data Center, los datos del sistema de gestión de expedientes digitales administrativos TRAMIX, la totalidad de resoluciones, notas, registros, antecedentes, archivos y toda la información en soporte digital "obrantes en la Autopista de la Información (AUI)". Explicó que esto es "a fin de producir la reorganización administrativa necesaria para optimizar y restablecer los recursos económicos y funciones de la administración". La emergencia abarca a toda la administración pública provincial centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado. El lunes, la Fiscalía de Estado hizo una denuncia formal ante el Juzgado Federal de la Provincia.

La ministra de Ciencia y Tecnología especificó que "en el decreto están las maneras en que hay que trabajar para dar el tratamiento debido, porque falta un pedazo de la información. Lo que desencriptamos llega hasta el 31 de diciembre de 2018. El 2 de diciembre de este año pusimos en marcha el sistema de contingencia que da un mecanismo que establece cómo se tiene que trabajar. Por supuesto, seguimos buscando recuperar la información que fue encriptada".

Además, explicó que con este decreto la administración pública tiene que actuar como si la información se hubiese perdido. "Si, por ejemplo, un proveedor ganó una licitación y salió adjudicado pero no había salido todavía el decreto, el área que corresponda deberá juntar toda la información nuevamente para resolverlo", dijo.

Bañuelos comentó que todavía no logran desencriptar casi todo el año 2019, que son 350 gigas de información. "Hay gente que nos asesora de diferentes países, aunque las mejores ideas salieron de la AUI", destacó, y agregó que hay   grupos de rusos, japoneses y norteamericanos "que están muy interesados en ayudarnos, porque este tipo de ataque es nuevo y no tienen una experiencia anterior".

"La ayuda nacional e internacional que estamos recibiendo es de gente que está muy interesada. Quieren saber cómo fue y qué están usando, porque saben que esto se va a replicar en otros sistemas", indicó Bañuelos. Agregó que son empresas de antivirus y que por eso buscan conocer los detalles de estos ataques, para desarrollar mejores programas y evitarlos.

Dijo que varias compañías no declaran estos ataques, y a veces les pagan a los hackers. "En definitiva terminan dándoles los recursos para ser más sofisticados", opinó, y agregó: "Fue un ataque que se hizo en varios lugares simultáneamente, tanto en Argentina como en el exterior. No fue específicamente contra San Luis, pero considero que somos interesantes porque tenemos un enlace muy grande. Eso les puede dar motivos".

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