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No hace falta inventar nada en políticas agrícolas

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No hace falta inventar nada en políticas agrícolas

Carlos Etchepare

Un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, elaborado con el objetivo de "defender la existencia de un diferencial arancelario en favor de la industria aceitera" en detrimento de las exportaciones de la materia prima, no hace más que fundamentar con datos concretos, que son los mismos que venimos sosteniendo desde esta columna y demostrando de manera recurrente.

El mundo agroindustrial no funciona como algunos sectores ultraliberales, que desde el punto de vista económico, pretenden imponer. En los países más desarrollados, como así también en aquellos de economía capitalista y, aún en otros de economías centralmente planificadas que han tenido un fuerte desarrollo en los últimos años, la participación del Estado generando las políticas activas necesarias para ese desarrollo resulta fundamental.

Antes de avanzar con el contenido del referido informe, una vez más es necesario destacar que de ninguna manera podemos estar en desacuerdo con políticas activas que fomenten el agregado de valor adicional a cualquiera de nuestras materias primas. Sin embargo, el costo de esa política de fomento de ninguna manera puede estar soportado por uno de los eslabones de la cadena, como era el caso del diferencial existente para las exportaciones del complejo sojero, cuyo costo recayó, desde la vigencia de dicho diferencial (mediados de la década del '70) en el sector productor.

Para este tipo de políticas, que implican una decisión estratégica de los funcionarios que administran el Estado, el costo debe salir de los recursos aportados por el conjunto de la sociedad mediante el pago de los impuestos correspondientes. Castigar a unos menos que a otros, como fue el proceso vigente durante la existencia del diferencial en los derechos de exportación, no es el camino indicado. Los derechos deben ser totalmente eliminados, y si se quiere y se cree necesario promover algún tipo de actividad exportadora, existen los denominados reintegros, que implican la “devolución” de aquellos internos que por normas internacionales no se pueden exportar.

En la recopilación siguiente veremos diferentes modelos de “políticas activas” establecidos durante 2018. En ellos  podemos ver cómo diversos países que compiten con la Argentina en la producción y exportación de harina, aceite de soja y biodiésel adoptaron medidas para favorecer a su producción local, tratando de contar con una mayor disponibilidad de materias primas locales para procesar (semillas oleaginosas, maíz y palma), lo cual es la mejor forma de favorecer la mayor disponibilidad para la industria procesadora local.

En los meses de julio y noviembre de 2018 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) publicó el reporte denominado “Food Outlook”, en el cual se listan habitualmente las principales políticas públicas que distintos países tomaron en relación a los mercados internacionales de granos y alimentos y sus complejos agroindustriales.

Allí pueden verse las distintas acciones gubernamentales que adoptaron en el año 2018 los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, China, Unión Europea, India, Indonesia y otros para fortalecer y colaborar en el desarrollo de las actividades de sus propios complejos agro-industriales oleaginosos y de biocombustibles. Las medidas adoptadas por estos países siempre son tomadas para favorecer su producción agroindustrial, empezando por el primer eslabón de la cadena, tal como queda demostrado en el siguiente análisis:

 

República Federativa de Brasil

• Procedió a aumentar la tasa de corte obligatoria para el biodiésel del 8% al 10%, con la expectativa de que se incremente el consumo anual de biodiésel en Brasil en casi el 30 por ciento. Es una medida que beneficia a la industria oleaginosa con un aumento en la demanda de sus producciones de aceite de soja y a las propias fábricas de biodiésel de manera directa.

• Aumentó el porcentaje voluntario permitido de mezcla de biodiésel en gasoil para ciertos grupos de usuarios, en un intento por expandir el consumo doméstico de biodiésel.

• Presentó el programa de apoyo agrícola para 2018/19, que prevé un aumento en los desembolsos para: 1) préstamos agrícolas, 2) programas de apoyo a la comercialización y 3) esquemas de seguro de cultivos. Estas medidas implican un beneficio indirecto para la industria oleaginosa y de biocombustibles local, ya que permitirían aumentar la producción nacional de poroto de soja y de maíz, favoreciendo la obtención de la materia prima por parte de las fábricas de biodiésel y etanol.

• Lanzó en noviembre pasado el plan de bonos verdes para la comercialización de biodiésel producido en Brasil a los efectos de generar ingresos financieros a las plantas.

 

 Estados Unidos

• En febrero 2018 el Gobierno concedió una extensión retroactiva por un año al crédito fiscal otorgado a los mezcladores de biodiésel (que había expirado el 31 de diciembre de 2016), lo que generó una transferencia de 2,6 millones de dólares a la cadena de suministro de biodiésel y se comprometió a hacer lo mismo para 2019. Estas medidas favorecen a la industria oleaginosa norteamericana y sus producciones de aceite de soja.

• Se establecieron derechos antidumping para las importaciones de biodiésel de Argentina e Indonesia (además de los derechos compensatorios impuestos en noviembre de 2017) que resultan en una protección efectiva en frontera del 150%, generando un nivel de rentabilidad muy por encima de los parámetros normales de competencia.

• El Gobierno decidió financiar la investigación sobre el desarrollo de la caña de azúcar y otros cultivos bioenergéticos, en un esfuerzo por identificar materias primas alternativas para la producción de biodiésel y combustible de aviones.

• Aumentó la tasa de corte obligatoria de biodiésel en Minnesota durante los meses de verano (abril – setiembre)

En agosto el gobierno estadounidense lanzó un paquete de apoyo de US$ 12 mil millones para mitigar los efectos negativos de los aranceles de importación fijados por la República Popular China en el marco de la contienda comercial entre ambas potencias. El denominado “Programa de Facilitación del Mercado” otorgó pagos directos a los productores agropecuarios de aproximadamente US$ 4,7 mil millones. La mayor parte de dichos pagos directos, es decir, US$ 3,6 mil millones, benefician a los agricultores que producen soja. La inscripción en el programa se abrió el 4 de setiembre de 2018 y se cerró en enero pasado. Esto favorece la producción de poroto de soja y la obtención de dicha mercadería por parte del complejo industrial oleaginoso estadounidense, a un precio subsidiado, con volúmenes mayores a los normales

• El sobre stock resultante de la guerra comercial con China genera una oferta de materia prima a precios subsidiados que favorece los márgenes de molienda en Estados Unidos y alienta inversiones nuevas que están anunciándose.

• Acordó reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) por el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (Usmca), bajo el cual las medidas que facilitan el comercio de cultivos oleaginosos continúan en vigencia.

 

 

República Popular China

• Introdujo pagos de ayuda directa para industrias que procesan soja en alimentos.

• Renovó un programa de pagos e incentivos para los agricultores que siembran soja, con miras de reducir la producción de maíz del país. También decidió mantener vigentes durante 2018/19 los programas que existen en algunas provincias para favorecer la rotación de cultivos en favor de la soja. Esto implicaría en el futuro una mayor disponibilidad de la oleaginosa para la industria local.

• Redujo el IVA sobre las ventas e importaciones de productos agrícolas, incluidas las semillas oleaginosas, del 11% al 10%.

• Eliminó los aranceles sobre la soja importada de Bangladesh, India, Laos, Corea del Sur y Sri Lanka. La medida forma parte de los instrumentos de facilitación del comercio programados en el marco del Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA). Permite a la industria oleaginosa china contar con mayor cantidad de mercadería para molienda.

• Llevó a cabo políticas agropecuarias en busca de incentivar una expansión en las siembras de soja durante los próximos cinco años, con una reducción simultánea en las siembras de maíz.

• Aprobó importaciones de harinas de girasol y otros granos desde países asiáticos para morigerar el impacto de la pérdida de importaciones desde los Estados Unidos.

• No aprobó la importación de harina de soja desde la Argentina, pero incrementó los compromisos de compra de poroto, suscribiéndose un acuerdo con el Gobierno de Macri para tal fin.

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No hace falta inventar nada en políticas agrícolas

Un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, elaborado con el objetivo de "defender la existencia de un diferencial arancelario en favor de la industria aceitera" en detrimento de las exportaciones de la materia prima, no hace más que fundamentar con datos concretos, que son los mismos que venimos sosteniendo desde esta columna y demostrando de manera recurrente.

El mundo agroindustrial no funciona como algunos sectores ultraliberales, que desde el punto de vista económico, pretenden imponer. En los países más desarrollados, como así también en aquellos de economía capitalista y, aún en otros de economías centralmente planificadas que han tenido un fuerte desarrollo en los últimos años, la participación del Estado generando las políticas activas necesarias para ese desarrollo resulta fundamental.

Antes de avanzar con el contenido del referido informe, una vez más es necesario destacar que de ninguna manera podemos estar en desacuerdo con políticas activas que fomenten el agregado de valor adicional a cualquiera de nuestras materias primas. Sin embargo, el costo de esa política de fomento de ninguna manera puede estar soportado por uno de los eslabones de la cadena, como era el caso del diferencial existente para las exportaciones del complejo sojero, cuyo costo recayó, desde la vigencia de dicho diferencial (mediados de la década del '70) en el sector productor.

Para este tipo de políticas, que implican una decisión estratégica de los funcionarios que administran el Estado, el costo debe salir de los recursos aportados por el conjunto de la sociedad mediante el pago de los impuestos correspondientes. Castigar a unos menos que a otros, como fue el proceso vigente durante la existencia del diferencial en los derechos de exportación, no es el camino indicado. Los derechos deben ser totalmente eliminados, y si se quiere y se cree necesario promover algún tipo de actividad exportadora, existen los denominados reintegros, que implican la “devolución” de aquellos internos que por normas internacionales no se pueden exportar.

En la recopilación siguiente veremos diferentes modelos de “políticas activas” establecidos durante 2018. En ellos  podemos ver cómo diversos países que compiten con la Argentina en la producción y exportación de harina, aceite de soja y biodiésel adoptaron medidas para favorecer a su producción local, tratando de contar con una mayor disponibilidad de materias primas locales para procesar (semillas oleaginosas, maíz y palma), lo cual es la mejor forma de favorecer la mayor disponibilidad para la industria procesadora local.

En los meses de julio y noviembre de 2018 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) publicó el reporte denominado “Food Outlook”, en el cual se listan habitualmente las principales políticas públicas que distintos países tomaron en relación a los mercados internacionales de granos y alimentos y sus complejos agroindustriales.

Allí pueden verse las distintas acciones gubernamentales que adoptaron en el año 2018 los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, China, Unión Europea, India, Indonesia y otros para fortalecer y colaborar en el desarrollo de las actividades de sus propios complejos agro-industriales oleaginosos y de biocombustibles. Las medidas adoptadas por estos países siempre son tomadas para favorecer su producción agroindustrial, empezando por el primer eslabón de la cadena, tal como queda demostrado en el siguiente análisis:

 

República Federativa de Brasil

• Procedió a aumentar la tasa de corte obligatoria para el biodiésel del 8% al 10%, con la expectativa de que se incremente el consumo anual de biodiésel en Brasil en casi el 30 por ciento. Es una medida que beneficia a la industria oleaginosa con un aumento en la demanda de sus producciones de aceite de soja y a las propias fábricas de biodiésel de manera directa.

• Aumentó el porcentaje voluntario permitido de mezcla de biodiésel en gasoil para ciertos grupos de usuarios, en un intento por expandir el consumo doméstico de biodiésel.

• Presentó el programa de apoyo agrícola para 2018/19, que prevé un aumento en los desembolsos para: 1) préstamos agrícolas, 2) programas de apoyo a la comercialización y 3) esquemas de seguro de cultivos. Estas medidas implican un beneficio indirecto para la industria oleaginosa y de biocombustibles local, ya que permitirían aumentar la producción nacional de poroto de soja y de maíz, favoreciendo la obtención de la materia prima por parte de las fábricas de biodiésel y etanol.

• Lanzó en noviembre pasado el plan de bonos verdes para la comercialización de biodiésel producido en Brasil a los efectos de generar ingresos financieros a las plantas.

 

 Estados Unidos

• En febrero 2018 el Gobierno concedió una extensión retroactiva por un año al crédito fiscal otorgado a los mezcladores de biodiésel (que había expirado el 31 de diciembre de 2016), lo que generó una transferencia de 2,6 millones de dólares a la cadena de suministro de biodiésel y se comprometió a hacer lo mismo para 2019. Estas medidas favorecen a la industria oleaginosa norteamericana y sus producciones de aceite de soja.

• Se establecieron derechos antidumping para las importaciones de biodiésel de Argentina e Indonesia (además de los derechos compensatorios impuestos en noviembre de 2017) que resultan en una protección efectiva en frontera del 150%, generando un nivel de rentabilidad muy por encima de los parámetros normales de competencia.

• El Gobierno decidió financiar la investigación sobre el desarrollo de la caña de azúcar y otros cultivos bioenergéticos, en un esfuerzo por identificar materias primas alternativas para la producción de biodiésel y combustible de aviones.

• Aumentó la tasa de corte obligatoria de biodiésel en Minnesota durante los meses de verano (abril – setiembre)

En agosto el gobierno estadounidense lanzó un paquete de apoyo de US$ 12 mil millones para mitigar los efectos negativos de los aranceles de importación fijados por la República Popular China en el marco de la contienda comercial entre ambas potencias. El denominado “Programa de Facilitación del Mercado” otorgó pagos directos a los productores agropecuarios de aproximadamente US$ 4,7 mil millones. La mayor parte de dichos pagos directos, es decir, US$ 3,6 mil millones, benefician a los agricultores que producen soja. La inscripción en el programa se abrió el 4 de setiembre de 2018 y se cerró en enero pasado. Esto favorece la producción de poroto de soja y la obtención de dicha mercadería por parte del complejo industrial oleaginoso estadounidense, a un precio subsidiado, con volúmenes mayores a los normales

• El sobre stock resultante de la guerra comercial con China genera una oferta de materia prima a precios subsidiados que favorece los márgenes de molienda en Estados Unidos y alienta inversiones nuevas que están anunciándose.

• Acordó reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) por el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (Usmca), bajo el cual las medidas que facilitan el comercio de cultivos oleaginosos continúan en vigencia.

 

 

República Popular China

• Introdujo pagos de ayuda directa para industrias que procesan soja en alimentos.

• Renovó un programa de pagos e incentivos para los agricultores que siembran soja, con miras de reducir la producción de maíz del país. También decidió mantener vigentes durante 2018/19 los programas que existen en algunas provincias para favorecer la rotación de cultivos en favor de la soja. Esto implicaría en el futuro una mayor disponibilidad de la oleaginosa para la industria local.

• Redujo el IVA sobre las ventas e importaciones de productos agrícolas, incluidas las semillas oleaginosas, del 11% al 10%.

• Eliminó los aranceles sobre la soja importada de Bangladesh, India, Laos, Corea del Sur y Sri Lanka. La medida forma parte de los instrumentos de facilitación del comercio programados en el marco del Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA). Permite a la industria oleaginosa china contar con mayor cantidad de mercadería para molienda.

• Llevó a cabo políticas agropecuarias en busca de incentivar una expansión en las siembras de soja durante los próximos cinco años, con una reducción simultánea en las siembras de maíz.

• Aprobó importaciones de harinas de girasol y otros granos desde países asiáticos para morigerar el impacto de la pérdida de importaciones desde los Estados Unidos.

• No aprobó la importación de harina de soja desde la Argentina, pero incrementó los compromisos de compra de poroto, suscribiéndose un acuerdo con el Gobierno de Macri para tal fin.

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