Para comenzar, es necesario recordar la historia reciente. Según un estudio del especialista Juan Manuel Garzón, de la Fundación Mediterráneo durante el gobierno de Néstor Kirchner, los productores de los siete principales cultivos pagaron por derechos de exportación un promedio anual de 3.030 millones de dólares. En el primer gobierno de Cristina Fernández, la extracción por este concepto fue de 7.465 millones de dólares; mientras que en el segundo gobierno, el promedio fue de U$S7.955 millones. El primer año de Mauricio Macri se recaudaron por los derechos de exportación que pagó el campo 4.564 millones de dólares, en tanto que en el ciclo siguiente la recaudación fue de algo menos de 4.000 millones, básicamente aportadas por el complejo sojero, ya que hasta setiembre de 2018 el resto de los productos habían quedado exentos de este castigo.

En 2019, los productores agrícolas dejarán de percibir unos 6.300 millones de dólares por la reinstalación de este tributo para todos sus componentes. De ese total, unos 5.050 millones dólares irán al Estado nacional y 1.300 a “subsidios encubiertos a la industria”. Recuérdese que este es un impuesto no coparticipable.

Mismos derechos, otro discurso

En condiciones normales de producción, hacer proyecciones sobre volúmenes de cosechas y de ingreso de divisas provenientes de las exportaciones es un tema sumamente complejo. Solo es posible hacer estimaciones, ya que los factores que inciden son casi infinitos. Desde la cuestión climática, pasando por el contexto económico nacional, el mercado internacional y muchos etcéteras más. Todo tiene incidencia en volúmenes, precios y también en la decisión de venta de parte de los productores. Si eso es así en condiciones normales, mucho más complejo resulta cuando tenemos un serio problema climático, cuya gravedad y daños producidos en los cultivos son inciertos. Y además el país ingresa en un año político, donde la incertidumbre repercutirá sobre las diferentes variables de la economía y por ende en la decisión de venta de los productores, que con lógica prudencia tratarán de protegerse de la mejor manera que saben hacerlo, con el manejo de la mercadería, aunque estarán condicionados por las dificultades que tienen para acceder al financiamiento. Por otro lado, el miedo al “kuko” con el cual juega gran parte del oficialismo nacional no hace más que provocar alarma entre los agentes económicos.

Hecha está aclaración, todos los números que señalaremos en las líneas siguientes deben ser tomados con las debidas precauciones y simplemente a los efectos de mostrar que, según sea lo que se quiere decir, todo es posible de armar en la teoría. Pero la realidad es una sola y hoy nadie puede conocer con certeza lo que habrá de ocurrir en los próximos meses.

La cosecha 2018/19 iba a ser la más importante de la historia, sin embargo dos hechos ponen en seria duda esta posibilidad. Por un lado la reimplantación de los derechos de exportación en mitad de la campaña, algo que ningún productor, sector particularmente “amable” con el Gobierno, esperaba. Para muchos fue lisa y llanamente una traición.

El otro elemento es el comportamiento climático, con serias inundaciones en Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos y Corrientes, y con problemas potenciales en Córdoba y Buenos Aires. Considerando los seis cultivos principales (soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo) se suponía que podrían obtenerse entre 130 y 135 millones de toneladas (MT). Hoy las cifras más optimistas ubican la cosecha 18/19 entre 120 y 125 MT. En soja y maíz las pérdidas pueden ser importantes. Por ahora los cálculos más realistas mantienen una estimación de 52 MT para la soja y 42 para el maíz comercial. El girasol aportará unos 3,6 MT y el sorgo 3 millones. La cosecha fina, ya definida y terminada, aportó 19 MT de trigo y 4 MT de cebada.

Considerando los valores de exportación actuales, el volumen mencionado puede valuarse en 31.665 millones de dólares. De ese total, y considerando la elaboración de harinas, aceites y subproductos oleaginosos y su posterior exportación, se generaría un ingreso de divisas del orden de los 23.465 millones dólares, bastante lejos de los casi 30.000 que hubo entre 2009 y 2015, dado el diferente nivel de los precios internacionales, en especial de la soja.

¿Sólo el Estado se beneficia?

Sin dudas el Estado nacional es el principal beneficiario de la reimplantación de los derechos de exportación. Solo por estos seis cultivos y sus derivados la recaudación superaría los 5.100 millones de dólares. Pero también, en la primera parte de esta nota, mencionamos los “subsidios encubiertos a la industria”.

¿Qué significan estos subsidios? Lo explicaremos de la manera más sencilla posible mediante el ejemplo cuantitativo en cada uno de los casos.

La industria molinera, que compite con la exportación de trigo, tiene la posibilidad de pagar un 10/11% menos que el valor que debería si no existieran los derechos de exportación, por lo tanto se “ahorra” unos 152 millones de dólares en la compra de la materia prima para la fabricación de harina (6 millones de toneladas de trigo). Sin embargo, como parte de esa harina se vende al exterior y tiene un derecho de exportación de $3 por cada dólar exportado, tiene que devolver al fisco 20 millones de dólares. En definitiva, si las condiciones de mercado se lo permiten, puede “ahorrarse” unos 132 millones de dólares, ya que difícilmente ese “ahorro” llegue al precio final de la harina al consumidor. Por ahora eso no está resultando así, ya que el sector exportador ha hecho una venta muy rápida de la mercadería, en particular a Brasil (nuestro principal socio en el Mercosur tiene serios problemas de calidad con su trigo), y eso está obligando por un lado a los exportadores a trabajar a “contramargen” con la mercadería que debe originar por estos días. Esta circunstancia también le impone a la molinería trabajar pagando precios para obtener la materia prima como si no existieran los derechos de exportación. Una situación excepcional tiene que ser bien aprovechada por los productores trigueros.

En el caso de la industria girasolera, más allá de las distorsiones que ya son tradicionales, los derechos de exportación le permiten contar con un beneficio adicional del orden de los 60 millones de dólares. Paga 44 por las exportaciones de aceite y harina y descuenta 104 en el precio de compra de la materia prima.

Finalmente, en el caso de la industria de la soja, que hizo sentir sus protestas por la eliminación del diferencial arancelario que los benefició por más de 30 años y que salió del bolsillo de los productores, dada la mayor carga tributaria que este complejo soporta actualmente, los compradores descuentan US$4.462 millones por la cosecha, mientras que al exportar el poroto, su aceite y la harina, tributan 3.762 millones de dólares, es decir un diferencial a su favor de 700 millones. Por supuesto que hemos presentado un ejercicio teórico que el dinamismo del mercado puede modificar, pero conceptualmente no admite mayores discrepancias en cuanto a los muchos efectos distorsivos que tiene el tributo en cuestión y que este gobierno eligió como el camino del cambio, muy lejos de las promesas de campaña.

Esperemos que esta vez se haya aprendido la lección y el “campo” se preocupe por construir dentro de las estructuras partidarias una alternativa de exceda aquello que dice permanentemente para justificar los errores propios y ajenos: votamos lo menos malo. Es hora de que podamos decir "votamos lo que aseguraba el verdadero cambio que el país en su conjunto necesita".