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La corrupción que destroza todo

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La corrupción que destroza todo

El suicidio de Alan García, dos veces presidente de Perú, agravó el drama latinoamericano en que se cruzan corrupción, deterioro de la democracia y un intento de Brasil de consolidarse como potencia internacional emergente.

El conglomerado de construcción Odebrecht, el gran vector de la epidemia que diezmó a líderes políticos, fue también el principal instrumento de una expansión brasileña, geopolítica y económica, en América Latina y África, durante los gobiernos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff (2003-2016).

Los confesados sobornos de Odebrecht generaron órdenes de detención contra los cuatro últimos presidentes de Perú, una incumplida, porque Alejandro Toledo (2001-2006) está pendiente de un pedido de extradición a Estados Unidos. La otra quedó definitivamente anulada después que García (1985-1990 y 2006-2011), de 69 años, se pegó un tiro en la cabeza, el 17 de abril, cuando efectivos policiales llegaron a su casa con una orden de detención preventiva, inicialmente por 10 días.

El origen de esta cadena de detenciones sin precedentes está en la operación Lava Jato (autolavado de vehículos), mediante la cual el Ministerio Público (Fiscalía) y la Policía Federal de Brasil investigan desde marzo de 2014 la corrupción en los negocios de la compañía petrolera estatal Petrobras.

La detención de Marcelo Odebrecht, entonces presidente del grupo empresarial, en junio de 2015, dio paso a un acuerdo de colaboración, lo que la justicia local califica como “delación premiada” a cambio de reducción de penas. En consecuencia, 77 directores de la empresa prestaron testimonios dentro de la operación, a partir de diciembre de 2016.

Las primeras informaciones permitieron poner bajo investigación a 98 políticos, entre ministros, gobernadores, diputados y senadores, además de tres ex presidentes, entre ellos, Lula (2003-2011), en prisión desde marzo de 2018 y ya condenado por otro proceso de corrupción.

El escándalo se extendió a nueve países latinoamericanos y dos africanos el 21 de diciembre de 2016, cuando el estadounidense Departamento de Justicia divulgó los informes de Odebrecht, a los que accedió por un acuerdo de Brasil con Estados Unidos y Suiza, sobre casos vinculados con las transacciones financieras corruptas.

Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela son los países con autoridades señaladas. Pero fue en Perú donde las denuncias motivaron investigaciones y acciones judiciales de un equipo especial del Ministerio Público, que adoptó también el nombre de Lava Jato.

El ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, estuvieron encarcelados durante nueve meses y esperan el juicio por lavado de activos en libertad restringida. La acusación es de haber recibido tres millones de dólares ilegales para las elecciones de 2011.

El 19 de abril un tribunal ordenó una detención preventiva de 36 meses contra Pedro Paulo Kuczynski (2016-marzo 2018), dentro de la investigación sobre sus vínculos con Odebrecht, que el ex mandatario aún no comenzó a cumplir porque a sus 80 años está hospitalizado aquejado de problemas cardiacos.

En el caso de Alan García, no se conoce hasta ahora denuncias de haber recibido personalmente recursos ilegales de Odebrecht. Pero sí se acusa a su partido, Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra), de haber recibido ayuda indebida para financiar procesos electorales.

También asesores directos del ex presidente son mencionados como receptores de abultados sobornos para asegurar que la constructora brasileña ganase la licitación de la Línea 1 del metro de Lima, una de las obras más visibles de Odebrecht en el país andino vecino.

La cruzada anticorrupción que abrió en América Latina la operación Lava Jato contribuyó a debilitar aún más el sistema político, ya fragmentado y con falta de credibilidad en la opinión pública, en varios países latinoamericanos.

El resultado fue la emergencia de opciones radicales, como la de extrema derecha del presidente Jair Bolsonaro en Brasil, y el deterioro de la democracia en su conjunto. La corrupción que destroza todo.

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La corrupción que destroza todo

El suicidio de Alan García, dos veces presidente de Perú, agravó el drama latinoamericano en que se cruzan corrupción, deterioro de la democracia y un intento de Brasil de consolidarse como potencia internacional emergente.

El conglomerado de construcción Odebrecht, el gran vector de la epidemia que diezmó a líderes políticos, fue también el principal instrumento de una expansión brasileña, geopolítica y económica, en América Latina y África, durante los gobiernos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff (2003-2016).

Los confesados sobornos de Odebrecht generaron órdenes de detención contra los cuatro últimos presidentes de Perú, una incumplida, porque Alejandro Toledo (2001-2006) está pendiente de un pedido de extradición a Estados Unidos. La otra quedó definitivamente anulada después que García (1985-1990 y 2006-2011), de 69 años, se pegó un tiro en la cabeza, el 17 de abril, cuando efectivos policiales llegaron a su casa con una orden de detención preventiva, inicialmente por 10 días.

El origen de esta cadena de detenciones sin precedentes está en la operación Lava Jato (autolavado de vehículos), mediante la cual el Ministerio Público (Fiscalía) y la Policía Federal de Brasil investigan desde marzo de 2014 la corrupción en los negocios de la compañía petrolera estatal Petrobras.

La detención de Marcelo Odebrecht, entonces presidente del grupo empresarial, en junio de 2015, dio paso a un acuerdo de colaboración, lo que la justicia local califica como “delación premiada” a cambio de reducción de penas. En consecuencia, 77 directores de la empresa prestaron testimonios dentro de la operación, a partir de diciembre de 2016.

Las primeras informaciones permitieron poner bajo investigación a 98 políticos, entre ministros, gobernadores, diputados y senadores, además de tres ex presidentes, entre ellos, Lula (2003-2011), en prisión desde marzo de 2018 y ya condenado por otro proceso de corrupción.

El escándalo se extendió a nueve países latinoamericanos y dos africanos el 21 de diciembre de 2016, cuando el estadounidense Departamento de Justicia divulgó los informes de Odebrecht, a los que accedió por un acuerdo de Brasil con Estados Unidos y Suiza, sobre casos vinculados con las transacciones financieras corruptas.

Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela son los países con autoridades señaladas. Pero fue en Perú donde las denuncias motivaron investigaciones y acciones judiciales de un equipo especial del Ministerio Público, que adoptó también el nombre de Lava Jato.

El ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, estuvieron encarcelados durante nueve meses y esperan el juicio por lavado de activos en libertad restringida. La acusación es de haber recibido tres millones de dólares ilegales para las elecciones de 2011.

El 19 de abril un tribunal ordenó una detención preventiva de 36 meses contra Pedro Paulo Kuczynski (2016-marzo 2018), dentro de la investigación sobre sus vínculos con Odebrecht, que el ex mandatario aún no comenzó a cumplir porque a sus 80 años está hospitalizado aquejado de problemas cardiacos.

En el caso de Alan García, no se conoce hasta ahora denuncias de haber recibido personalmente recursos ilegales de Odebrecht. Pero sí se acusa a su partido, Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra), de haber recibido ayuda indebida para financiar procesos electorales.

También asesores directos del ex presidente son mencionados como receptores de abultados sobornos para asegurar que la constructora brasileña ganase la licitación de la Línea 1 del metro de Lima, una de las obras más visibles de Odebrecht en el país andino vecino.

La cruzada anticorrupción que abrió en América Latina la operación Lava Jato contribuyó a debilitar aún más el sistema político, ya fragmentado y con falta de credibilidad en la opinión pública, en varios países latinoamericanos.

El resultado fue la emergencia de opciones radicales, como la de extrema derecha del presidente Jair Bolsonaro en Brasil, y el deterioro de la democracia en su conjunto. La corrupción que destroza todo.

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