Los datos estadísticos sobre cualquier tema que desee conocerse, son un elemento clave para abordar con cierto rigor científico, aquello que desea explicarse: un 96% de las empresas venezolanas paralizó o disminuyó su producción en el primer trimestre de 2019, debido a los apagones, la escasez de gasolina y la restricción de créditos, según una encuesta del gremio industrial presentada esta semana.
El porcentaje resulta impactante: “El 96% de las empresas encuestadas no produjeron o disminuyeron su producción”, dijo Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, al presentar el estudio a la prensa.
La situación es aún más crítica considerando que cuatro quintas partes de las compañías del país cerraron desde el ascenso del chavismo al poder hace dos décadas, según los indicadores del mismo organismo.
El dirigente agregó que las empresas activas apenas operan al 18% de su capacidad instalada, frente a 81% y 78% de las industrias de las vecinas Colombia y Brasil, respectivamente. Un 84%, en tanto, debió despedir trabajadores. Olalquiaga vinculó el retroceso con masivos apagones que golpean al país desde marzo pasado y con la falta de combustible para el transporte.
El desabastecimiento de gasolina es crónico en zonas fronterizas desde hace años, pero se ha extendido a varias regiones del interior. El problema empeoró tras la entrada en vigor, en abril, de un embargo de Washington que prohíbe negociar petróleo venezolano en el sistema financiero estadounidense y vender al país combustibles y diluyentes para procesar su crudo pesado.
Las medidas se enmarcan en sanciones de la Casa Blanca para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, a quien califica de “dictador”, que incluyen restricciones al transporte aéreo y marítimo de carga. “Las navieras han dejado de venir”, expresó Olalquiaga, lo que amenaza con profundizar la caída de las exportaciones no petroleras privadas, que pasaron de 1.718 millones de dólares en 2013 a 699 millones en 2018, según el Banco Central.
A la vez, las importaciones no petroleras, en las que el Estado es el principal actor, se derrumbaron de 44.067 millones de dólares en 2013 a solo 5.835 millones en 2018, lo que sumado a la deficitaria producción nacional ha provocado una severa escasez de bienes básicos.
La restricción de créditos también impacta a la industria, según Olalquiaga, después que el gobierno aumentara el encaje, fondos que los bancos deben colocar ante el BCV para respaldar sus depósitos.
La Confederación Venezolana de Industriales reportó además una contracción del consumo, en una debacle económica marcada por una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019.
Hay un “bajo nivel de ventas” en medio de un “proceso de empobrecimiento” de la sociedad, expresó la Confederación. En este contexto, 68% de las empresas que sobreviven podrían cerrar en un plazo de un año, advirtió el informe.
En la misma semana el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en un reporte conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones, estimó que el número de venezolanos que debieron abandonar el país creció de 695.000 en 2015 a 4 millones en mayo.
Actualmente, Colombia sigue siendo el país con mayor número de refugiados con más de un millón 300 mil venezolanos registrados, seguido por Perú con 768.148 refugiados y Chile con 288.233 ciudadanos. En el aspecto global, los venezolanos son ya uno de los grupos de población más grandes desplazados de su nación, indicó el Acnur.
Los datos hablan de una economía destruida, un país devastado, una sociedad con altos niveles de precariedad y con la esperanza como utopía. Una realidad cruel.
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