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Controlarán los locales que venden garrafas

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Controlarán los locales que venden garrafas

Defensa del Consumidor verificará que no haya sobreprecios, que los depósitos tengan los envases en buen estado y que sean repartidas por las distribuidoras oficiales.

Como cada año, el Programa Defensa del Consumidor anunció que desde la semana que viene empezará a recorrer todo el territorio sanluiseño con el cuerpo de inspectores para hacer los controles en la venta de garrafas. Aseguraron que el valor de venta oficial es de 342,87 pesos y de 460 para la reventa comercial. Verificarán que se cumplan con esos precios, que los envases estén en buen estado y que únicamente sean repartidos por las distribuidoras oficiales de la provincia.

Si bien aseguraron que aún no recibieron ningún reclamo, el programa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, igual comenzará con sus ya clásicos controles en los puntos de venta y distribución de garrafas, un comercio que crece a medida que el frío avanza.

"La semana que viene empezaremos a controlar los depósitos de garrafas para fijarnos que los envases estén en buen estado y no estén vencidos. También verificaremos el precio que todos los años acordamos con las distribuidoras oficiales. El valor oficial de la garrafa de 10 kilos es fijado por el gobierno nacional, y es de 342,87 pesos. Si el producto es adquirido a domicilio o comprado en un comercio revende gas, el precio fijado con las distribuidoras es de no más de 460 pesos", detalló Alberto Montiel Díaz, jefe de Defensa del Consumidor.
Indicó que se llegó a ese valor tras dos aumentos que hubo en el año (el anterior había llevado el precio a 333 pesos). A fines de 2018 se comercializaba la garrafa de 10 kilos a 306 pesos, y antes a 225 pesos. Por lo cual, en un año, el aumento del producto fue de más del 34 por ciento.

"La Secretaría de Energía de la Nación libera los impuestos provinciales de cada jurisdicción que deben cargarse sobre el valor oficial. Y en el caso de las provincias que no tienen planta de llenado de garrafas y tienen que ser traídas de otro punto del país, lo que también influye en el costo final de venta al público", argumentó Montiel Díaz. Si bien las diferencias son mínimas, San Luis es de las provincias que más cara vende la garrafa de 10 kilos.
Más allá del precio de venta, Defensa del Consumidor pondrá el ojo también en la seguridad, porque corroborará el estado de las garrafas, que se cumpla con las normas elementales y que no estén vencidas. Por estas falencias, el año pasado decomisaron en un comercio once garrafas y dos tubos de 45 kilos.

"También vamos a controlar aquellos lugares que no sean distribuidoras oficiales (que son la empresas Pihuel y Total Gas en San Luis, e YPF en Merlo). Hay lugares que venden garrafas que no son entregadas por estas distribuidoras. Estarían en una deslealtad comercial porque son vendedores que no están debidamente inscriptos en los registros comerciales de la provincia", manifestó el abogado. 

Por último, Montiel Díaz agregó: "Este año vamos a hacer más efectivos los controles, porque sabemos de depósitos que no están en regla y no están debidamente autorizados. Desde el programa, estamos haciendo un trabajo de identificación previa de otros lugares, pero vamos a recorrer todos estos centros con el cuerpo de inspectores del programa. Estos controles se van a hacer en toda la provincia".
 

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Controlarán los locales que venden garrafas

Defensa del Consumidor verificará que no haya sobreprecios, que los depósitos tengan los envases en buen estado y que sean repartidas por las distribuidoras oficiales.

En el Gobierno señalaron que el precio oficial de la garrafa de diez kilos es de $342,87. Foto: El Diario.

Como cada año, el Programa Defensa del Consumidor anunció que desde la semana que viene empezará a recorrer todo el territorio sanluiseño con el cuerpo de inspectores para hacer los controles en la venta de garrafas. Aseguraron que el valor de venta oficial es de 342,87 pesos y de 460 para la reventa comercial. Verificarán que se cumplan con esos precios, que los envases estén en buen estado y que únicamente sean repartidos por las distribuidoras oficiales de la provincia.

Si bien aseguraron que aún no recibieron ningún reclamo, el programa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, igual comenzará con sus ya clásicos controles en los puntos de venta y distribución de garrafas, un comercio que crece a medida que el frío avanza.

"La semana que viene empezaremos a controlar los depósitos de garrafas para fijarnos que los envases estén en buen estado y no estén vencidos. También verificaremos el precio que todos los años acordamos con las distribuidoras oficiales. El valor oficial de la garrafa de 10 kilos es fijado por el gobierno nacional, y es de 342,87 pesos. Si el producto es adquirido a domicilio o comprado en un comercio revende gas, el precio fijado con las distribuidoras es de no más de 460 pesos", detalló Alberto Montiel Díaz, jefe de Defensa del Consumidor.
Indicó que se llegó a ese valor tras dos aumentos que hubo en el año (el anterior había llevado el precio a 333 pesos). A fines de 2018 se comercializaba la garrafa de 10 kilos a 306 pesos, y antes a 225 pesos. Por lo cual, en un año, el aumento del producto fue de más del 34 por ciento.

"La Secretaría de Energía de la Nación libera los impuestos provinciales de cada jurisdicción que deben cargarse sobre el valor oficial. Y en el caso de las provincias que no tienen planta de llenado de garrafas y tienen que ser traídas de otro punto del país, lo que también influye en el costo final de venta al público", argumentó Montiel Díaz. Si bien las diferencias son mínimas, San Luis es de las provincias que más cara vende la garrafa de 10 kilos.
Más allá del precio de venta, Defensa del Consumidor pondrá el ojo también en la seguridad, porque corroborará el estado de las garrafas, que se cumpla con las normas elementales y que no estén vencidas. Por estas falencias, el año pasado decomisaron en un comercio once garrafas y dos tubos de 45 kilos.

"También vamos a controlar aquellos lugares que no sean distribuidoras oficiales (que son la empresas Pihuel y Total Gas en San Luis, e YPF en Merlo). Hay lugares que venden garrafas que no son entregadas por estas distribuidoras. Estarían en una deslealtad comercial porque son vendedores que no están debidamente inscriptos en los registros comerciales de la provincia", manifestó el abogado. 

Por último, Montiel Díaz agregó: "Este año vamos a hacer más efectivos los controles, porque sabemos de depósitos que no están en regla y no están debidamente autorizados. Desde el programa, estamos haciendo un trabajo de identificación previa de otros lugares, pero vamos a recorrer todos estos centros con el cuerpo de inspectores del programa. Estos controles se van a hacer en toda la provincia".
 

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