El "clásico" con Ferrari, otra derrota judicial de la Comuna

Es un “clásico” de la política puntana que suma innumerables rounds y acusaciones. De un lado el juez de Faltas, Alejandro Ferrari; del otro la Comuna, encabezada por Enrique Ponce. Tras varios intentos, la Municipalidad trató de asestarle al magistrado un golpe de KO con la esperanza de sacarlo de combate de una buena vez: pidió el juicio político en el Concejo Deliberante, con apartamiento del cargo mientras dure el proceso. Sin embargo, Ferrari anduvo rápido de reflejos y apeló a una oportunísima medida cautelar.

La amenaza de juicio político al juez de Faltas no es una estrategia que no haya ensayado en el pasado la Intendencia. Las justificaciones esgrimidas tampoco constituyen una melodía novedosa. Insisten en que hay “mal desempeño de funciones y deberes” y lo acusan de "una eventual comisión de delitos menores”. En este último punto, reiteran de que Ferrari exige coimas a los dueños de locales nocturnos a cambio de no clausurar sus negocios.

El enésimo embate de Ponce estuvo a pocos minutos de ser tratado en el Legislativo municipal. El jueves el Juzgado Civil, Comercial y Minas  Nº 1, a cargo de Fernando Spagnuolo, hizo lugar a la cautelar y puso así en el freezer el debate del juicio político y el posible desplazamiento del magistrado del Tribunal Electoral Municipal. El oficio recibió el sello en la mesa de entrada del Concejo a las 8:48, cuando la sesión acostumbra a arrancar alrededor de las 11.

El revés confirma una seguidilla de rechazos en la Justicia a planteamientos o acciones de la Comuna.  Hace menos de un mes el Superior Tribunal ordenó a la Intendencia que presente un plan para el adecuado funcionamiento del Juzgado de Faltas y la semana pasada la jueza laboral  Nº 1, Lucrecia Estévez, hizo lugar a una medida que suspendió el traslado de una empleada y dirigente del Sindicato de Empleados Provinciales San Luis (SIEP), que había sido desplazada de sus oficinas para cumplir funciones en el sector del Estacionamiento Medido.