La hora de la unidad y el encuentro

Este viernes en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada se firmó el Consenso Fiscal 2020, como resultado de las coincidencias alcanzadas entre el Estado nacional y los gobernadores de todas las provincias del país. El acuerdo fija límites para la toma de deuda en dólares, a efectos de promover el endeudamiento responsable y sostenible; suspende las demandas por el lapso de un año contra el Estado nacional, a partir de la entrada en vigencia del pacto, e incluye el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos. Las provincias contarán con unos 70.000 millones de pesos. Claramente se trata de acuerdos básicos para el funcionamiento de la economía nacional, y la de cada una de las provincias.

Es evidente que se trata de un interesante punto de partida. A partir de esta instancia se deberá comenzar a construir una estructura económica y financiera más sólida, más federal, y más acorde a la necesidad de crecimiento y de desarrollo nacional y regional. La pandemia ha colocado al país y al mundo frente a un escenario complejo que obliga a una reconstrucción inmediata. La unidad y el diálogo en busca de consensos aparecen como imperativos impostergables en esta hora. Son solo condiciones necesarias, no suficientes, para la resolución de los problemas, pero sin ellos no se vislumbra salida alguna. El propio Presidente de la República destacó: “Hay un país que nos reclama que trabajemos unidos”. Este reclamo no es nuevo, pero parece sumamente saludable escucharlo y atenderlo. La profundidad de la crisis no permite mayores dilaciones en este cometido. Si al rigor de los obstáculos que se presentan se le suman discusiones menores y gestos mezquinos de escasa relevancia política, la anhelada solución parece inalcanzable. La clave de la respuesta a muchos de los problemas pasa por la unidad y el federalismo. Más allá de presunciones y de viejas antinomias, la clave de la salida parece estar en las provincias argentinas. El mandatario sintetizó su mirada al expresar que los gobernadores y las gobernadoras “entendieron lo importante que es que trabajemos juntos, que hay un país que nos reclama que trabajemos unidos, y que más allá de las diferencias políticas y las pertenencias partidarias, lo más importante es pensar en nuestra gente”. Se podrá argumentar que se trata de palabras que deberán encontrar correlato en los hechos, y es cierto. Pero como punto de partida parece por demás alentador. Tal vez haya llegado que el Parlamento argentino salde una antigua deuda con la Constitución de 1994 y se disponga a sancionar una nueva ley de coparticipación que contemple la realidad del territorio nacional y sus nuevas necesidades. Esto debió suceder en 1996.

Si se deja paso a cierto optimismo, se pueden observar algunos indicios auspiciosos en el sentido de que aparece cierta coincidencia en la necesidad imperiosa de trabajar en unidad por los grandes objetivos de la Argentina. Hay muchos protagonistas del juego político que comprenden la gravedad de la situación, y vislumbran con claridad que ya no hay margen para enfrentamientos estériles y disputas menores. Puede que la pandemia haya cooperado en acentuar esta mirada, pero ya son muchos los años perdidos en estancarse en rencillas pobres de contenido, y en procedimientos que no han dado ningún resultado. Hay una fuerte demanda de unidad y de que se celebran acuerdos básicos como el que se acaba de firmar. Los discursos que exacerban los desencuentros e impiden el trabajo participativo, además de vetustos, aparecen como absolutamente impropios y repudiables. No cabe otra posibilidad para superar la crisis que acercarse y propiciar políticas públicas pertinentes a la magnitud de los problemas. Otros criterios solo acarrearán nuevos desencantos y exacerbantes pérdidas de tiempo y de recursos muy valiosos para una sociedad que manifiesta tanta inequidad, tanta exclusión y brutales carencias esenciales.