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La construcción de los pueblos

La democracia es una construcción de los pueblos. El Estado moderno surge en las ideas de “El contrato social” (1762), esa obra con la que Jean Jacques Rousseau sentó las bases de la Revolución Francesa de 1789, que le exige al Estado el cumplimiento de los deberes esenciales: salud, educación, seguridad, igualdad, fraternidad, libertad; a cambio de la representatividad que el pueblo le otorga.

Hay democracias antiguas y persistentes, otras más nuevas; algunas son sólidas, fuertes y seguras; otras son frágiles, sometidas a los vaivenes del autoritarismo. La calidad democrática de un país depende de su seguridad jurídica, de la transparencia de los actos de gobierno, de la igualdad ante la ley, del cumplimiento de las leyes, del respeto a la Constitución, de la fortaleza de sus instituciones republicanas; entre muchos valores.

Cada democracia elige a sus autoridades en elecciones libres y soberanas, y el dictamen de las urnas establece, además, la conformación de las mayorías y minorías en los diferentes parlamentos. Cuanto más madura y sólida es una democracia, con mayor naturalidad incorpora nuevos derechos y responde a nuevas demandas. Las sociedades que evolucionan democráticamente no retroceden en la garantía de los derechos adquiridos. Todo lo contrario; progresan y reclaman nuevos derechos.

América Latina es un “mundo nuevo” en la construcción de la democracia de sus pueblos; sin embargo, existen aspectos elementales que perduran en el tiempo desde la Revolución Francesa; derechos y obligaciones que fueron consagrados y aceptados en pos del bien común.

Hiere a la democracia de Latinoamérica, que algunas naciones tomen decisiones confusas o directamente lesivas, para grupos y personas en estado de indefensión, y que precisamente por ello debieran ser los primeros en ser protegidos.

Como “un proyecto de muerte”, definieron la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y una coordinadora similar de la Amazonia, a la ley propuesta por el gobierno para promover la minería y otras actividades empresariales en las tierras indígenas.

El proyecto de ley 191/2020, enviado al legislativo Congreso Nacional el 5 de febrero, “materializa las manifestaciones de odio y racismo visceral” del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro “contra los pueblos, organizaciones y líderes indígenas”, acusó el manifiesto de la Articulación.

“Además de inconstitucional, es inmoral”, acotó la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña, con el argumento de que la propuesta viola derechos consolidados en la Constitución para atender intereses económicos y usar como argumento opiniones de “algunos individuos” opuestos a los pueblos originarios.

El proyecto probablemente va a ser rechazado en el Parlamento y “si resulta aprobado, caería en la instancia del Supremo Tribunal Federal”, que tiene entre sus funciones velar por la Constitución, evaluaron especialistas del Instituto SocioAmbiental (ISA).

La confianza se basa en “varios puntos inconstitucionales” del texto, que oficialmente busca regular lo que determina la Constitución para “atender las demandas y anhelos de los pueblos indígenas y a la vez viabilizar empresas de generación de energía hidroeléctrica y de minería” en sus tierras.

El Poder Ejecutivo, según plantea el proyecto, se responsabilizará de los estudios previos sobre el potencial de cada área para esas actividades y la extracción de petróleo y gas. Si concluye que hay condiciones favorables, deberá pedir autorización al Parlamento para la explotación de los recursos naturales involucrados.

Estos serán oídos, pero no tendrán derecho de veto, como sí sucede actualmente.

La propuesta también permite que los mismos indígenas usen sus tierras para agricultura, ganadería, extracción de productos naturales y turismo. Son actividades económicas hace mucho practicadas por ellos. La novedad es autorizar la siembra de productos transgénicos.

Una encuesta hecha por el Instituto Datafolha en junio de 2019, promovida por el ISA, apuntó que 86 por ciento de los encuestados en todo el país se oponen a la entrada de empresas mineras en las demarcadas como tierras indígenas. Entre los que están a favor, solo una parte aprueba una ley como la propuesta ahora.

La construcción de los pueblos nunca puede hacerse,por encima de los pueblos. Tarde o temprano, la democracia lo corrige.

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La construcción de los pueblos

La democracia es una construcción de los pueblos. El Estado moderno surge en las ideas de “El contrato social” (1762), esa obra con la que Jean Jacques Rousseau sentó las bases de la Revolución Francesa de 1789, que le exige al Estado el cumplimiento de los deberes esenciales: salud, educación, seguridad, igualdad, fraternidad, libertad; a cambio de la representatividad que el pueblo le otorga.

Hay democracias antiguas y persistentes, otras más nuevas; algunas son sólidas, fuertes y seguras; otras son frágiles, sometidas a los vaivenes del autoritarismo. La calidad democrática de un país depende de su seguridad jurídica, de la transparencia de los actos de gobierno, de la igualdad ante la ley, del cumplimiento de las leyes, del respeto a la Constitución, de la fortaleza de sus instituciones republicanas; entre muchos valores.

Cada democracia elige a sus autoridades en elecciones libres y soberanas, y el dictamen de las urnas establece, además, la conformación de las mayorías y minorías en los diferentes parlamentos. Cuanto más madura y sólida es una democracia, con mayor naturalidad incorpora nuevos derechos y responde a nuevas demandas. Las sociedades que evolucionan democráticamente no retroceden en la garantía de los derechos adquiridos. Todo lo contrario; progresan y reclaman nuevos derechos.

América Latina es un “mundo nuevo” en la construcción de la democracia de sus pueblos; sin embargo, existen aspectos elementales que perduran en el tiempo desde la Revolución Francesa; derechos y obligaciones que fueron consagrados y aceptados en pos del bien común.

Hiere a la democracia de Latinoamérica, que algunas naciones tomen decisiones confusas o directamente lesivas, para grupos y personas en estado de indefensión, y que precisamente por ello debieran ser los primeros en ser protegidos.

Como “un proyecto de muerte”, definieron la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y una coordinadora similar de la Amazonia, a la ley propuesta por el gobierno para promover la minería y otras actividades empresariales en las tierras indígenas.

El proyecto de ley 191/2020, enviado al legislativo Congreso Nacional el 5 de febrero, “materializa las manifestaciones de odio y racismo visceral” del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro “contra los pueblos, organizaciones y líderes indígenas”, acusó el manifiesto de la Articulación.

“Además de inconstitucional, es inmoral”, acotó la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña, con el argumento de que la propuesta viola derechos consolidados en la Constitución para atender intereses económicos y usar como argumento opiniones de “algunos individuos” opuestos a los pueblos originarios.

El proyecto probablemente va a ser rechazado en el Parlamento y “si resulta aprobado, caería en la instancia del Supremo Tribunal Federal”, que tiene entre sus funciones velar por la Constitución, evaluaron especialistas del Instituto SocioAmbiental (ISA).

La confianza se basa en “varios puntos inconstitucionales” del texto, que oficialmente busca regular lo que determina la Constitución para “atender las demandas y anhelos de los pueblos indígenas y a la vez viabilizar empresas de generación de energía hidroeléctrica y de minería” en sus tierras.

El Poder Ejecutivo, según plantea el proyecto, se responsabilizará de los estudios previos sobre el potencial de cada área para esas actividades y la extracción de petróleo y gas. Si concluye que hay condiciones favorables, deberá pedir autorización al Parlamento para la explotación de los recursos naturales involucrados.

Estos serán oídos, pero no tendrán derecho de veto, como sí sucede actualmente.

La propuesta también permite que los mismos indígenas usen sus tierras para agricultura, ganadería, extracción de productos naturales y turismo. Son actividades económicas hace mucho practicadas por ellos. La novedad es autorizar la siembra de productos transgénicos.

Una encuesta hecha por el Instituto Datafolha en junio de 2019, promovida por el ISA, apuntó que 86 por ciento de los encuestados en todo el país se oponen a la entrada de empresas mineras en las demarcadas como tierras indígenas. Entre los que están a favor, solo una parte aprueba una ley como la propuesta ahora.

La construcción de los pueblos nunca puede hacerse,por encima de los pueblos. Tarde o temprano, la democracia lo corrige.

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