Usos (y abusos) de la no injerencia

“Todo Estado tiene el deber de abstenerse de cualquier intervención en la vida política de un Estado extranjero”, dictaba la resolución de 1936 de la Liga de Naciones, nombrando por primera vez uno de los principios rectores de las relaciones internacionales: el de soberanía nacional y no injerencia. Más adelante, en 1945, la Carta de Naciones Unidas consagraba esta disposición en su artículo 2.

Desde entonces (y también desde mucho antes) los Estados usaron ese principio como defensa ante las diferentes amenazas extranjeras. Pero siempre —también desde entonces— existieron interpretaciones libres sobre lo que significa una injerencia y sobre cuándo esa defensa de la soberanía nacional debe ser aplicada.

Si la intervención es solo militar o de otro tipo, si una declaración puede ser considerada o no injerencia, o cuál es el límite de la no intervención (basada siempre en la violación a los derechos humanos, cosa sobre la que también —y aun tratándose de una cuestión universal— hay diferentes posturas) son asuntos sobre los que se discute más bien en la práctica y sobre la marcha. La Doctrina Monroe, antecesora de las disposiciones de la ONU, establecía que la no injerencia era lisa y llanamente la no intervención de los países europeos, pero también dejaba la puerta abierta a la intervención de EE.UU. en la región (“América para los americanos” es sin dudas un concepto muy ambiguo). Luego surgieron otras doctrinas como la Doctrina Drago en Argentina (que hacía referencia particular a la prohibición del uso de la fuerza como medida para cobrar una deuda financiera) o la Doctrina Estrada en México (que establecía específicamente la prohibición de que un gobierno extranjero determine si otro es legítimo o no) que entendieron, a su manera, lo que significa una violación a la soberanía de un Estado.

La última invocación de ese principio fue tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Cuba. Jeanine Áñez, interinamente en el gobierno boliviano y candidata en las próximas elecciones, decidió dar un paso atrás en la historia y terminar el vínculo con la isla: “El gobierno cubano de manera sistemática ha afectado la relación bilateral basada en el respeto mutuo, los principios de no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los Estados”, decía el comunicado.

Lo que se entendió como injerencia, en este caso, fueron las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que había acusado al gobierno de Áñez de “servilismo a EE.UU.”. Pero ¿puede ser esto realmente una injerencia en los asuntos internos del país?

Invocar este principio parece erróneo o al menos exagerado en un contexto en el que las guerras, las intervenciones militares y la participación en golpes de Estado son moneda corriente.