El poder y sus límites

En los países con democracia representativa, el pueblo expresa el deseo del rumbo que elige, a través de elecciones libres. Los candidatos más votados asumen sus cargos con el aval de la mayoría, que le confiere los sufragios. Pero de ninguna manera esta situación exime a los funcionarios electos de rendir cuentas o tomar decisiones reñidas con la Constitución. En democracia, el poder tiene sus límites y es razonable e institucionalmente sano que la sociedad en su conjunto exprese con claridad su opinión al respecto.

La asistencia del presidente Luis Lacalle Pou y de buena parte de su gabinete, con dirigentes de la coalición multicolor a una celebración multirreligiosa en la Catedral de Montevideo, desató una gran polémica en Uruguay.

La participación de representantes del gobierno en esta oración interreligiosa fue criticada por organizaciones que abogan por la laicidad y también por políticos.

Por su parte, la Iglesia Metodista se negó a participar a pesar de que había sido invitada, aduciendo que afecta la laicidad y porque “no existen antecedentes de celebraciones religiosas de este tipo”, lo que “puede dar a entender que se jerarquiza una corriente sobre otras”.

“Laicidad no es laicismo, es no tener una religión oficial; no significa no tener una creencia”, dijo Lacalle al salir de la ceremonia donde pastores, rabinos y obispos rezaron una oración por el presidente y el nuevo gobierno del país vecino.

El acto fue encabezado por el cardenal de Montevideo, Daniel Sturla, quien fue el encargado de recibir al mandatario en la puerta y acompañarlo hasta su silla.

Víctor Rodríguez Otheguy, de la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores, dijo que la misa fue una clara violación de la laicidad (y por lo tanto una transgresión de la Constitución) y rebatió el argumento de Lacalle:

“Laicidad y laicismo son conceptos relacionados. Laicismo es la concepción que sustenta el principio de laicidad. Tal es así que el diccionario de la RAE, institución a la que no se puede tildar de antirreligiosa, señala ambos conceptos como relacionados íntimamente. Y expresa que se establece una separación entre Iglesia y Estado”, planteó.

Rodríguez Otheguy mencionó además que no importa que en la misa hayan participado varias religiones porque la Constitución establece que el Estado no sostiene a ninguna religión.

“Es una estrategia de Sturla para presentar la ceremonia como algo que trasciende a la Iglesia Católica, pero es indistinto a los efectos jurídicos si es una o varias iglesias”, agregó.

El hecho de que “un representante o jefe de Estado, con buena parte del gabinete y cargos oficiales, tuviera sus lugares reservados en primera fila le da carácter oficial”, insistió.

“Cuando los oradores hacían uso de la palabra se referían al señor Presidente de la República. No corresponde la presencia del presidente como tal. Es el jefe de Estado; como tal, lo representa siempre. Es presidente en cualquier circunstancia y lugar, no es un trabajo part-time”, apuntó Rodríguez Otheguy.

Luego sumó argumentos: “Como muestra de todo ello, la página de la Presidencia publicó la asistencia del presidente, sus ministros y secretarios inclusive haciendo un reseña y publicando fotos. No se trata de un hecho privado, es un hecho oficial”, remarcó.

Recordó a continuación que el propio Sturla comentó a la prensa que este tipo de convocatorias se hacía en el siglo XIX. “Obviamente, no había entonces separación de Iglesia y Estado”, dijo Rodríguez Otheguy.

En 1990, Luis Lacalle Herrera participó de una misa, pero cuando era presidente electo, antes de asumir.

El excandidato a senador José Franzini Batlle, líder de Avanza País, también se mostró muy crítico con la misa.

“Por primera vez desde aprobada la Constitución de 1918, un presidente asume la Presidencia y asiste a una misa de oración por la Patria. Violación clara de la laicidad y claro, también, retroceso en la libertad de convicciones espirituales individuales. El Estado no sostiene religión alguna”, escribió.

No es una polémica menor, está en juego el carácter que el Estado de Uruguay mantiene respecto de toda religión. Es una polémica sobre las atribuciones del poder, sobre el respeto a la diversidad de pensamientos, sobre transparencia y sobre una mejor democracia. Señala límites.