La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) acaba de publicar un estudio en el que afirma que unos 2,7 millones de pequeñas y microempresas de América Latina y el Caribe podrían cerrar por la crisis económica derivada de la COVID-19; lo que produciría la pérdida de 8,5 millones de empleos.
La mayoría de las afectadas, unos 2,6 millones, serán microempresas, en medio de una crisis que “ha llevado a la suspensión total o parcial de las actividades productivas, redundando en desempleo”, dijo la Cepal.
Si la contracción económica en la región alcanza una caída de -9,4 por ciento, como estimó el Fondo Monetario Internacional, el desempleo podría alcanzar a 41 millones de personas en vez de los 26 millones de desempleados que había en 2019, señaló por su parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El cálculo de que se perderían 8,5 millones de empleos al cerrar 2,7 millones de pequeñas empresas no incluye la reducción del empleo posible en las grandes empresas, indicó la Cepal.
Los sectores más afectados son el comercio mayorista y minorista, las actividades comunitarias sociales y personales, los hoteles y restaurantes, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las manufacturas.
Por ejemplo, el comercio perderá 1,4 millones de empresas y cuatro millones de empleos formales, mientras que el turismo perderá por lo menos 290.000 empresas y un millón de puestos de trabajo.
En conjunto, los sectores más afectados por el impacto de la pandemia abarcan un tercio del empleo y una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) en la región.
Esto significa “un cambio estructural regresivo”, ya que “la crisis golpea con mayor intensidad a los sectores industriales potencialmente con mayor dinamismo tecnológico”, publicó el organismo.
La gran mayoría de las empresas han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades, ya que tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo, según el estudio.
Desde marzo de 2020, cuando avanzó el coronavirus en la región, los gobiernos anunciaron medidas para apuntalar las empresas y el empleo y la Cepal identificó 350 acciones con ese objetivo, en las áreas de ayuda directa, crédito, liquidez, apoyo a la producción, a las exportaciones y a la protección del empleo.
Las más frecuentes son la postergación de pagos y la mejora en el acceso al crédito, lo que supone que las empresas generarán ingresos con los cuales devolverán esas facilidades, pero debe tenerse en cuenta que la recuperación del sector empresarial será lenta y gradual, advirtió el organismo de las Naciones Unidas.
Por ello, la Cepal recomienda varias líneas de trabajo, comenzando por extender los plazos y alcances de los financiamientos concedidos a las empresas.
Propone a los Estados cofinanciar las nóminas salariales de las empresas durante seis meses para evitar que se destruya la capacidad de empleo y realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos.
Las empresas privadas también sufren el impacto brutal de la COVID-19.
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