Multas de más de 30 mil pesos por no declarar obras privadas

Empezar una construcción y no declararla en el Municipio puede terminar saliendo mucho más caro de lo previsto. La Coordinación de Planeamiento Urbano controla que las obras privadas tengan la autorización y toda la documentación correspondiente, además del aval de un profesional. De lo contrario, paralizan los trabajos y aplican multas que superan los treinta mil pesos.

La responsable del área, Valeria Zavala, contó que en lo que va del año han detectado y sancionado a alrededor de 50 edificaciones que no contaban con los planos aprobados y otros requerimientos técnicos. Pero de ese total, más de la mitad ya pudo regularizar su situación y continuar con sus proyectos.

Existe un procedimiento legal para emprender una propiedad nueva o una ampliación, por simple que sea, en terrenos, viviendas familiares, locales comerciales, instituciones o cualquier otro inmueble particular. Todo está contemplado en la ordenanza 2.560/80, que es la que contiene los parámetros del Código de Planeamiento Urbano.

La primera condición exige contratar a un especialista para dirigir las tareas, quien puede ser un arquitecto, un ingeniero civil o un maestro mayor de obra. Esta persona será quien desarrollará el proyecto y confeccionará los planos, y los presentará en las oficinas de la Municipalidad. Antes, también tendrá que ser autorizado por su respectivo colegio.

"El profesional no solo permite hacer una obra con todas las normas en regla, sino que garantiza que se va a respetar el código. La ciudad se divide en zonas y cada una tiene una normativa especial, en la que hay definidas alturas máximas, las superficies edificables, los retiros, entre otras cosas", sostuvo la funcionaria.

La Comuna cobra un canon por los derechos de construcción, que se calculan con base en la cantidad de metros cuadrados que se van a levantar. Pero, además, puede realizar correcciones a la presentación hasta avalar el dibujo definitivo, que cumple la función de documentación oficial de la propiedad.

"Una vez que está todo autorizado, el propietario tiene que seguir vinculado al profesional, porque debe tener una dirección técnica. Y, además, tiene que exhibir un cartel con toda la información de la obra y sobre quién está a cargo", agregó.

La arquitecta contó que su coordinación cuenta con un inspector, quien se encarga de ir a los domicilios o terrenos y constatar que los datos sean reales, pero también se ocupa de recorrer la ciudad para ver si hay edificaciones que no tengan la habilitación necesaria.

Cuando hay obras que están iniciadas y no están declaradas, el agente labra un acta y ordena la detención de los trabajos. Las multas que deben pagar los dueños para poder continuar rondan la cifra de treinta mil pesos, pero hay una sanción económica extra que queda asentada en el número de finca del inmueble y que debe ser saldada si se quiere hacer alguna operación comercial. En el caso de los comercios este monto es más grande, ya que supone el 330% del valor de los derechos de construcción.

"Todo esto ayuda a que la infraestructura de la ciudad sea de fácil acceso y se hace en pos del crecimiento ordenado de la ciudad", aseguró Zavala.