El derecho a la tierra, para preservar los bosques

En la Amazonia, las tierras de los pueblos originarios funcionan como la barrera más efectiva frente al desmonte si se garantiza a sus comunidades sus derechos sobre los territorios.
Un trabajo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, en inglés), que investigó la relación entre el derecho sobre la tierra de los pueblos originarios y la deforestación, cruzó información satelital sobre la cobertura vegetal de la selva tropical amazónica de Brasil, entre 1982 y 2016, con los registros del gobierno brasilero sobre los derechos de propiedad de las comunidades locales.
Así, los investigadores hallaron que contar con derechos de propiedad permite a los pueblos originarios proteger la tierra de amenazas externas, lo que se traduce en una reducción del 66 por ciento de la deforestación.
Este efecto no se evidenció en los territorios donde no se les reconoce o se les reconocen parcialmente esos derechos.
La Amazonia representa la mitad de la selva tropical del planeta, con gran influencia en el clima y los ciclos hidrológicos del mundo.
En los últimos años ha experimentado una deforestación sin precedentes debido, principalmente, a los incendios forestales, la tala ilegal y la minería en aumento, según consigna el estudio con base en datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) brasilero.
De enero a agosto de 2019, ese instituto informó más de 40.000 incendios, con un aumento de 278 por ciento en la deforestación de la Amazonia Legal, donde se encuentra 60 por ciento de la selva tropical amazónica.
La quema de bosques, principal causa de esos incendios, es utilizada para despejar rápidamente la tierra con fines agrícolas.
“Consideramos que el reconocimiento pleno de los derechos de propiedad de los pueblos originarios les permite ser eficaces para frenar la deforestación en la Amazonia brasilera”, dijeron los autores del trabajo.
Según el estudio, en 1985 la mayoría de los territorios indígenas no había recibido derechos plenos de propiedad, pero en 1995 cerca de la mitad de esos sitios había sido homologada.
Esta homologación se obtiene por decreto presidencial y es la última etapa de un proceso que involucra a diferentes instancias jurídicas.
El territorio constituye el bien social y cultural más importante para los pueblos originarios. Desde esta perspectiva, asegurar su espacio vital constituye la base sobre la que se apoya el conjunto de sus derechos.
Proporcionar plenos derechos de propiedad y el entorno institucional para hacer cumplir esos derechos es una forma importante y rentable para que los países protejan sus bosques y alcancen sus objetivos climáticos.
La relación es directa y la ciencia aporta argumentos contundentes. El resto, es voluntad política de los líderes de la región.