En lo que va del año hubo un femicidio cada 22 horas

Han pasado 45 días desde que comenzó el año y ya se sufrieron 46 femicidios en todo el país. Según el trabajo que actualiza diariamente el Observatorio "Lucía Pérez" de violencia patriarcal, el año pasado una mujer era víctima de femicidio cada 29 horas; pero en lo que va de este se agravó y ahora es cada 22 horas.

Además, durante la primera semana del año 2021 la agencia de noticias Télam informó que fueron asesinadas 7 mujeres: 5 de ellas en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires; otra en Córdoba y una en La Rioja. Y otro número que es igual de doloroso es que en lo que va del año al menos 30 menores perdieron a sus madres, es decir que se quedaron sin su hogar.  

Estos crímenes también confirman que el Poder Judicial no cumple con eficiencia la función encomendada, y quien señaló esto fue la abogada penalista y especialista en violencia de género Raquel Hermida Leyenda. “Los integrantes del Poder Judicial y de las comisarías de la Mujer deberían estar denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, por encubrimiento, complicidad y en algunos casos hasta por homicidios culposos. Porque su desidia y negligencia ocasionan los femicidios”, sentenció. Y enseguida explicó que “hay que analizar cada caso en concreto: en algunos son cómplices, en otros encubridores y en otros son realmente homicidas culposos. Porque son quienes tienen la obligación de ejercer nuestra guarda, pero en realidad no lo hacen”.

Según su experiencia, dijo que “las mujeres que patrocino, gracias a Dios y al trabajo obsesivo que realizamos en el estudio; están cuidadas. Pero la verdad es que varias de ellas viven con mucho miedo porque todavía no logramos que a algunos abusadores los detengan, a pesar que la mayoría de ellos viola las restricciones perimetrales”.

En ese sentido recordó el caso de Paola Tacacho (32 años), la profesora de Inglés asesinada en Tucumán en octubre del año pasado por un exalumno: “La amenazó tantas veces que finalmente la mató. Y el juez penal Francisco Pisa, que actuó por las denuncias que hizo ella, rechazó los planteos, dejó al agresor en libertad y se terminó jubilando. A ese juez no hay que pagarle la jubilación, hay que sancionarlo y dejar de pagársela porque incumplió con los deberes de funcionario público. Si hubiera hecho su trabajo correctamente el resultado hubiera sido otro: Paola hoy estaría viva”.

La experimentada abogada, que  atiende unos 400 casos de violencia de género, explicó que “el femicida avisa lo que va a hacer. Las estadísticas muestran que en el 25 por ciento de los femicidios cometidos durante enero las víctimas tenían botón antipánico. Es decir que estaban hechas las denuncias correctamente y eso demuestra que no hay una contención de parte del Poder Judicial y que el proceso, además, es perverso”.

Sobre esto último detalló que “para iniciar una denuncia por violencia de género, la víctima primero tiene que ir a un Juzgado Civil, patrocinada por un abogado a solicitar la restricción perimetral del agresor. Después pasar por el Juzgado Penal, con un abogado penalista, para iniciar la causa por las agresiones, amenazas o abusos que haya sufrido. Y si además el agresor viola la restricción, tiene que hacer otra denuncia más que luego se sortea y cae en un tercer Juzgado. Entonces nunca esos tres expedientes se juntan en un solo lugar, y esos fiscales y jueces nunca están en comunicación entre sí. Esto genera una lentitud perversa que provoca que las chicas mueran en el camino”. Asimismo, aclaró que muchas de ellas no pueden pagarle a un abogado defensor.

Consultada sobre este tema, la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género de la cartera nacional, Laurana Malacalza, comentó que “el Ministerio de las Mujeres, más el de Justicia y el de Seguridad de la Nación tienen un programa de acción que involucra a los poderes judiciales. Aunque somos el organismo rector de la ley de violencia contra las mujeres en todo el país, la división de poderes les confiere autonomía al resto de los poderes públicos y no nos permite la intromisión de uno sobre otro. De cualquier manera, entendemos que el Poder Judicial debe incorporar la perspectiva de género en sus actuaciones y resoluciones porque esto implica que frente a un caso se violencia de género las investigaciones tienen que ser tomadas en un contexto de altísimo riesgo para mujeres, adolescentes y personas del colectivo LGTB+, como es el actual”.

Malacalza indicó que “como lo dice la legislación nacional, la diligencia de estos casos debe aplicarse con celeridad e inmediatez. Sobre todo ante el incumplimiento de una medida de restricción. Se debe actuar produciendo pruebas e investigando con rapidez y haciendo un seguimiento de esos casos”. También dijo que “el reciente femicidio de Úrsula Bahillo nos conmueve y nos indigna porque pone en evidencia las enormes dificultades que hay en la actuación coordinada entre los distintos fueros que intervienen en casos de violencia de género. Por supuesto que tienen que funcionar de manera más articulada conectando las causas”.

Y, por otro lado, sostuvo que “las instancias de los poderes ejecutivos provinciales, que tienen a su cargo las fuerzas de seguridad, deben capacitarlas para que la toma de denuncias ponga en valor el testimonio de las víctimas para actuar rápido y no decirles que vuelvan a los tres días”. 

Agustina Santamaría, coordinadora de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad ante la Red Interministerial de Contención a Víctimas de Violencias de San Luis, destacó que en la provincia “se trabaja en contacto permanente con los juzgados, y la secretaría tiene un dispositivo de comunicación con los jueces de turno para atender cualquier urgencia”.

La funcionaria recordó que en mayo del año pasado se creó la Red Interministerial, que actualmente la integran esa secretaría, los ministerios de Seguridad, Desarrollo Social, Educación y Salud, más el Centro de Atención a las Víctimas del Delito, que durante el año pasado atendió 750 casos de violencia de género.

Santamaría destacó que “hoy la sociedad ha cambiado y tanto las mujeres como las diversidades tienen sus derechos reconocidos. A veces en la Justicia esto es difícil que se entienda porque se necesita un cambio cultural, pero de a poco esto se va logrando y al menos hasta ahora en San Luis no se ha dado un caso como los que hemos visto últimamente, en los que las víctimas han realizado varias denuncias y no fueron escuchadas”.

 Y agregó que “el trabajo que hacemos con los y las juezas locales ha dado sus frutos porque tenemos una buena comunicación”. Lo que sí reconoció fue que “existen problemas con las medidas de restricción que aplican los magistrados, porque la mayoría de los agresores las incumple. Este es un tema muy complicado porque aunque los detienen por eso, cuando quedan libres vuelven a reincidir”. Y estimó que “esta es una de las limitaciones que tiene el Poder Judicial. Pero a pesar de esto, los Juzgados siempre atienden nuestros pedidos por estos temas y responden frente a nuestras medidas”.

Además, señaló que “desde hace varios años se viene trabajando en equipo con las distintas comisarías, por eso apenas una denuncia se hace efectiva, al instante la secretaría toma conocimiento y se pone en contacto con la víctima para brindarle nuestros servicios”.