Los retrocesos en la normativa ambiental están en pleno apogeo en Brasil y las nuevas medidas de flexibilización legal han aumentado con la pandemia de COVID-19.
Investigadores brasileros señalaron que, desde enero de 2019, el gobierno aprobó 57 actos legislativos que, en la práctica, debilitan la legislación ambiental nacional. De ellos, casi la mitad (27) ocurrió solo entre marzo y septiembre de 2020, en plena pandemia, y este último mes registró la mayor cantidad de actos (16).
Para obtener estos datos, los investigadores observaron las acciones legislativas publicadas en el Boletín Oficial de la Unión, que diariamente publica decretos y cambios en la legislación brasilera.
Las tasas mensuales de deforestación proporcionadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil y las multas asociadas a la deforestación ilegal, emitidas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), de igual modo fueron analizadas.
Así hallaron que, durante el período, la aplicación de multas ambientales por deforestación ilegal se redujo en 72 por ciento a pesar del aumento de las tasas de deforestación entre 2019 y 2020 en comparación con períodos anteriores.
Según el INPE, la deforestación entre agosto de 2019 y julio de 2020 fue solo 9,5 por ciento más alta en la Amazonia que entre agosto de 2018 y julio de 2019. Fue el nivel más alto de deforestación anual desde 2008.
Entre los retrocesos en la legislación ambiental durante la pandemia, el estudio destaca la revisión toxicológica de 47 plaguicidas, que en julio de 2020 fueron clasificados como menos peligrosos o que se quedaron sin categoría específica.
Otro acto citado, de junio de 2020, es la definición de que no es necesario restaurar todas las áreas de preservación ambiental permanente, incluso si se deforestan ilegalmente.
La bióloga brasilera Erika Berenguer, coautora del estudio e investigadora de las universidades de Oxford y Lancaster, en Reino Unido, señaló que ya se preveía un debilitamiento en las normas cuando en abril de 2020 el ministro de Ambiente, Ricardo Salles, dijo en una reunión ministerial que había que aflojar las leyes ambientales tanto como sea posible "mientras los medios solo están preocupados por la COVID-19".
Berenguer dijo estar sorprendida por la forma en que se ha dado la desregulación ambiental, pues se ha dado en numerosos y diferentes frentes. "Imaginé que se concentraría en algunas zonas, como una menor fiscalización a la deforestación, pero los datos muestran otro escenario", observó.
Las decisiones van desde disminuir la cantidad de biodiésel que se agrega al diésel brasilero (de 12 a 10 por ciento, según una resolución de agosto de 2020) hasta el permiso de minería en las áreas designadas para la actividad, antes de la autorización final de las autoridades competentes.
En diciembre de 2018, Salles fue condenado por irregularidad administrativa por alterar los mapas de zonificación del plan de manejo del área de protección ambiental del río Tietê a favor de las empresas mineras. El caso aún está en juicio.
El estudio señala que la presión de la sociedad civil organizada quizás ha evitado un mayor desmantelamiento de la legislación ambiental en Brasil.
Según la investigación, la cobertura de la prensa sobre temas ambientales fue muy intensa durante la pandemia y científicos produjeron una cantidad de cartas de repudio y estudios para atraer atención.
Algunas celebridades y el Papa Francisco también llamaron la atención por el impacto en los derechos de los pueblos originarios en Brasil. El ambiente preocupa en Brasil y en el mundo.
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