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Los vulnerables de las zapatillas sin cordones

La política migratoria que prometió implementar Joe Biden podría encontrar una solución a un viejo problema que afecta a millones de personas. Violencia, trata y afectación de derechos detrás de algunas de las estadísticas más escalofriantes.

Por Agustina Bordigoni
| 01 de marzo de 2021

En las primeras horas de gobierno, el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, marcó entre su agenda de prioridades una amplia reforma migratoria, que comprende nuevas disposiciones, decretos y leyes que todavía deberán ser aprobadas.

 

Si realmente se hacen efectivos todos los planes del flamante mandatario, EE.UU. regularizará la situación de alrededor de 11 millones de personas migrantes, invertirá 4.000 millones de dólares para intentar solucionar los motivos que generan los desplazamientos desde el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), terminará con el programa “Quédate en México”, abandonará definitivamente el muro y finalizará de una vez por todas con la política de “Tolerancia Cero”, lo que hará posible que el grupo de trabajo conformado para llevar adelante tal tarea por fin logre que 545 menores que aún continúan a la deriva puedan reencontrarse con sus familias. De esas promesas para los primeros días de gobierno, algunas ya empezaron a concretarse.

 

La inversión de 4.000 millones estará destinada a movilizar la inversión privada, mejorar la seguridad y el estado de derecho, combatir la corrupción y trabajar en la reducción de la pobreza. Incluirá desde la capacitación de las personas que reciben re mesas para que puedan abrir sus propias empresas y la ampliación de presupuesto para las fuerzas de seguridad hasta la aplicación de estrategias como la “terapia de conducta” para jóvenes.

 

Lo importante a partir de entonces será analizar no solamente cuán eficaces resultan esos proyectos, sino también, y principalmente, quién se encargará internamente de administrar el dinero. Además, las esperanzas puestas en la nueva administración chocan con un triste pasado: durante el gobierno de Barack Obama (y la vicepresidencia de Biden) las deportaciones fueron récord en la historia del país. Sea como sea, lo que viene difícilmente podría ser peor.

 

Como parte del programa “Quédate en México”, y según datos de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), más de 68.000 personas solicitantes de asilo en EE.UU. (que viven hasta ahora en las llamadas Estaciones Migratorias o campos improvisados en México) esperan la resolución de las cortes estadounidenses acerca de su situación migratoria. Los tiempos apremian, pero las decisiones de la Justicia fueron suspendidas por la pandemia.

 

La regularización de 11 millones de personas propuesta por Biden solucionará el problema de esa gran parte de la población que ya vive en EE.UU., pero no cambiará las condiciones para los otros tantos que deben seguir huyendo.

 

 

¿De qué huyen los que huyen?

 

Los motivos principales de la desesperada salida de México de miles de personas tienen que ver con la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades, la reunificación familiar, la inestabilidad y el cambio climático. Las tres primeras razones son las más comunes e importantes, pero todas se relacionan.

 

La violencia de las “maras” genera desplazamientos forzosos para evitar correr riesgos peores. No solamente la extorsión y el secuestro, sino también la presión y las amenazas hacia los más jóvenes para que se integren a sus filas. Las organizaciones criminales controlan ciudades y economías enteras ante la ausencia o inacción de los Estados.

 

Muchas de esas pandillas surgieron en California en la década de 1980, casi junto a los primeros migrantes centroamericanos que huyeron por la inestabilidad política, social y las masacres llevadas adelante por los gobiernos locales, algunos de ellos con el apoyo de EE.UU., ocupado y preocupado en la región por la lucha anticomunista de la Guerra Fría.

 

Sin embargo, una vez terminados los conflictos internos, el gobierno estadounidense inició una deportación masiva. Las nuevas formas de violencia criminal fueron de algún modo instaladas en las sociedades que no estaban preparadas para enfrentarlas. El fenómeno afectó principalmente a El Salvador, pero se extendió también a Guatemala y Honduras, y generó una amplia red de corrupción difícil de desarmar.

 

En 2015, cuando ocurrió uno de los mayores éxodos de menores desde esos países, la tasa de homicidios en El Salvador era la más alta del mundo: 100 asesinatos cada 100.000 habitantes. Hoy, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, la cifra asciende a 52 en El Salvador, 39 en Honduras y 23 en Guatemala. Si bien los homicidios disminuyeron, los menores de 19 años siguen siendo los más afectados por la inseguridad y el número continúa siendo alto.

 

La falta de oportunidades es motivo de migración, y está también relacionada con el cambio climático: muchas de as personas que migran viven en zonas rurales. Las sequías y las diferentes inclemencias medioambientales profundizan la pobreza y la desigualdad. Según consta en el último informe de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), la sequía de 2018 causó la pérdida del 82% de los cultivos de maíz y frijoles en Honduras, lo que perjudicó seriamente el sustento de 3 millones de personas.

 

Por último, si un miembro de la familia migra, es muy posible que al tiempo lo siga el resto de sus integrantes.

 

La aplicación de políticas más restrictivas no cambia la situación de quienes se ven forzados a escapar. Podría incluso empeorar el escenario: si aumenta el número de deportaciones también disminuye la cantidad de remesas, un recurso que representa para estos países una importante fuente de ingresos.

 

Por tanto, existe una explicación de larga data para todos estos problemas, y una historia de círculos que nunca se cierran, o que cierran en el mismo lugar.

 

 

Niñas y niños, los más vulnerables

 

Según la organización Kids in Need of Defense (KIND), más de 260.000 menores de edad ingresaron a EE.UU. desde 2014. La mayoría de ellos provienen del Triángulo Norte y más del 60% llegaron solos, por ende, sin representación legal ante las autoridades migratorias y con muchas más probabilidades de ser deportados.

 

Son las niñas y niños, además, los más propensos a sufrir violaciones a sus derechos en el trayecto. La trata, la explotación sexual y los secuestros son moneda corriente en lo que se llama “el viaje hacia el norte”. Términos específicos como “coyotes” (traficantes de migrantes) o “La Bestia” (el tren de carga en el que miles de personas emprenden el viaje) implican diferentes peligros que se suman al trayecto.

 

Niños y niñas representan una oportunidad de mano de obra gratuita para grupos criminales, cuyos operadores recorren las oficinas de migración buscando a sus víctimas con zapatillas sin cordones, un indicador de que estas personas fueron retenidas y devueltas a México.

 

Según Unicef, entre marzo y noviembre de 2020, 13.000 menores no acompañados fueron expulsados a Centroamérica. Además, y según WOLA, 7.422 niñas, niños y adolescentes fueron detenidos en tránsito.

 

A estas personas en movilidad seguramente se sumarán, durante 2021, las que fueron afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia y por el paso de los huracanes Eta e Iota.

 

Sin embargo, y a pesar de lo alarmante de los números (que en realidad representan personas), el problema mayor son aquellos que no aparecen en ninguna estadística: sin registro de su paso por el mundo, pero con la esperanza de encontrar, por fin, el cordón de sus zapatillas.

 

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