Pidieron 12 años de prisión para dos presuntos "narcopolicías"

Para la fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, Mónica Spagnuolo, “era más que evidente que, en las miles de escuchas, hablaban de estupefacientes. Aunque se expresaban en clave, era obvio que se referían al traslado, compra o venta de estupefacientes”, aseveró durante el alegato que hizo el lunes en el juicio contra cinco acusados de transportar y vender droga. La frase fue escuchada atentamente por el Tribunal Oral Federal de San Luis, que tomó nota cuando la funcionaria judicial solicitó 12 años de prisión para Reynaldo Francisco Retta y Alejandro Javier Moreno, alias “Niño de Cobre”, los dos expolicías acusados de liderar una banda dedicada al traslado y la comercialización de sustancia, actividad a partir de la que generaban ganancias que, según la investigación, “lavaban” con la compra-venta de autos de alta gama en San Luis capital.

Spagnuolo pidió, además, ocho años de prisión para Domingo Mendoza y para el ciudadano boliviano Rolando Asturizaga Morales; y requirió que a José Domingo Tulián le apliquen la pena de seis años de cárcel.

Todos ellos están acusados de integrar la organización narcocriminal. A su vez, Spagnuolo solicitó multas económicas para cada uno de ellos y el decomiso de un lote de vehículos, propiedad de Retta y Moreno, que están secuestrados.

Ayer abrió la etapa de alegatos, que finalizará hoy con las exposiciones de cuatro defensores, ya que, por una cuestión de tiempos y otras actividades que tenía el tribunal, solo pudo refutar la acusación Aldo Giuliani, abogado de Moreno. El veredicto podría conocerse hoy.

El tribunal está presidido por Gretel Diamante y se completa con los vocales Raúl Fourcade y María Carolina Pereira. Como ocurrió a lo largo de todo el debate, la audiencia de ayer se desarrolló de forma mixta: parte del tribunal y algunos abogados estuvieron en la sala de juicios orales y el resto participó mediante videollamada (entre ellos los acusados, que están en el Penal).

Poco después de las 9, la fiscal Spagnuolo comenzó con su pormenorizada exposición. Describió la forma en que se manejaban los cinco acusados (con especial detalle en Moreno y Retta), hizo hincapié en la instrucción y se refirió a cómo se comunicaban los imputados.

También dejó en claro que la investigación tuvo un momento muy relevante cuando se hicieron los allanamientos. E hizo referencia a la cantidad de cocaína hallada en una Volkswagen Suran propiedad de Retta.

En uno de los tramos de su alocución, la fiscal subrayó que los líderes de la supuesta banda no solo sabían que estaban bajo la lupa, sino que estaban informados sobre muchos pasos que daban los pesquisas en busca de pruebas que los comprometieran. “Contaban con informantes, gente que los advertía sobre la tarea de los investigadores. Además, ellos habían estado dentro de la fuerza, conocían cómo se trabajaba”, dijo.

La fiscal consideró a Retta y Moreno “coautores, organizadores del delito de transporte de estupefacientes o alternativamente de la tenencia con fines de comercialización doblemente agravado por interceder en su comisión tres o más personas organizadas y por ser los imputados funcionarios públicos encargados de la prevención del delito”.

También requirió que cada uno de ellos pague una multa 100 unidades fijas (NdeR: cada unidad equivale al valor de un formulario de Precursores Químicos del Registro Nacional de Precursores Químicos –Renpre–, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación), cuyo precio actual es de $7.000 cada una.

Además, solicitó el decomiso de un Ford KA (taxi), un Chevrolet Corsa Classic (taxi), una Volkswagen Amarok y una moto Honda Dax propiedad de Moreno. Y la incautación de un Volkswagen Vento, un Volkswagen Suran y dos licencias de taxi de Retta.

Para Mendoza y Asturizaga Morales, pidió ocho años de prisión más el pago de 70 unidades fijas por considerarlos “coautores, sin organización, del delito de transporte de estupefacientes o alternativamente de la tenencia con fines de comercialización doblemente agravado por interceder en su comisión tres o más personas, sabiendo que los dos primeros imputados eran funcionarios públicos”.

A su vez, tanto a Mendoza (quien es oriundo de Lincoln, provincia de Buenos Aires) como al acusado de nacionalidad boliviana, les imputó otro delito. Los consideró “Coautores en concurso real por la comisión, entre ambos, de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y transporte de estupefacientes” por la sustancia encontrada en el Suran.

Por su parte, a Tulián lo señaló como “Coautor, sin organización, del delito de transporte de estupefacientes o alternativamente de la tenencia con fines de comercialización doblemente agravado por interceder en su comisión tres o más personas, sabiendo que los dos primeros imputados eran funcionarios públicos”. La fiscal pidió para él seis años de prisión y el pago de una multa equivalente a 50 unidades fijas.

La absolución

El defensor de Moreno, Giuliani, aspira a que su cliente sea absuelto, ya que opinó que existe “una carencia de elementos objetivos” que vinculen a su defendido con la acusación. “No puede haber dos cabezas dirigiendo, no podemos hablar de una organización. Quedó demostrado que no existió jamás una organización en la que mi cliente haya sido partícipe”, sostuvo el letrado en su alegato.

“No hay dudas de que la Policía quiso forzar los elementos para establecer que Moreno era jefe de una organización, pero no hay pruebas que lo acrediten. No hay un solo contacto de mi cliente con el resto de los imputados, con quienes no tenía ninguna relación. Por esa carencia de pruebas pido que se lo absuelva de culpa y cargo. Y por la duda razonable que generaron las idas y vueltas de esta instrucción más la requisitoria fiscal", refirió Giuliani.

 Redacción - NTV