Las acusaciones sobre Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, brotan por todas partes y ponen en riesgo la tensa relación con la democracia que el mandatario de extrema derecha ha construido luego de dos años y medio en el poder.
Voto impreso o electrónico es la disyuntiva con que Bolsonaro y sus generales pretenden someter la democracia en Brasil, en un aparente proyecto golpista que enfrenta los primeros frenos judiciales y el riesgo de un suicidio político.
El Tribunal Superior Electoral (TSE), rector de los procesos electorales en este país sudamericano, decidió investigar si el presidente cometió delitos en su persistente campaña contra el sistema electrónico de votación usado en el país desde 1996.
Abuso del poder económico, uso indebido de los medios de comunicación, fraude, corrupción y propaganda extemporánea son los posibles delitos en sus numerosas declaraciones de que hubo fraudes en los comicios con el voto electrónico, incluso cuando él mismo conquistó la presidencia, en octubre de 2018.
No habrá elecciones en 2022 si no se retorna al “voto impreso y auditable”, amenaza reiteradamente. La operación para desacreditar el sistema electoral, la despliega Bolsonaro en sus viajes oficiales, inauguraciones de obras y en las marchas con sus adeptos motociclistas, en que él participa cada quincena desde mayo.
En todos esos actos emplea recursos públicos para fines políticos y personales. Son gastos de seguridad y de viajes con una amplia comitiva. Además configuran actos de precampaña para su reelección, ilegales porque ocurren mucho antes del período electoral.
El 1º de agosto sus seguidores protagonizaron manifestaciones callejeras en 23 ciudades del país en demanda del retorno al voto en papel. En un video destinado a los participantes en Brasilia, Bolsonaro reiteró que “sin elecciones limpias y democráticas, no habrá elecciones”.
Tres días antes, Bolsonaro reconoció no tener pruebas de fraudes en las elecciones, sino “indicios fuertes de manipulación”.
Sus declaraciones frustraron incluso a sus partidarios en el Congreso Nacional ya que él mismo había anunciado “una bomba”, con pruebas de la vulnerabilidad de las urnas electrónicas. El fiasco debilitó su principal bandera, pero todo indica que la mantendrá como arma para enturbiar un escenario político que no le es favorable.
Guiado por sus creencias primitivas y sus prejuicios, Bolsonaro acumula conflictos con el Poder Judicial, el periodismo y la ciencia, además de desastres en la gestión de la pandemia de COVID-19 y en las emergencias ambientales.
Las encuestas indican una pérdida gradual de su popularidad y de las banderas que, según los analistas, le aseguraron el triunfo electoral en 2018. El ejemplo sobresaliente es la anticorrupción. Hoy una mayoría de los encuestados identifican su gobierno también como corrupto.
La Comisión Parlamentaria del Senado que investiga la gestión de la pandemia reveló ya varios indicios de corrupción en la compra de vacunas.
En 2020, en el inicio de la pandemia, las amenazas a la democracia aparecían principalmente en las consignas de activistas de Bolsonaro que pedían la intervención militar para cerrar el TSE y el Congreso, con el argumento de que le impedían gobernar.
Lo que no logró impedirse fue una gestión destructiva en la cuestión ambiental, en cultura, educación, ciencia, salud y política externa.
Más de 550.000 brasileros murieron por coronavirus y destruyeron la credibilidad de un presidente que boicoteó las medidas de prevención, como mascarillas, la distancia interpersonal e incluso las vacunas.
De ser enjuiciado, una condena le impediría postularse a la reelección en octubre de 2022. Hasta entonces, todo es posible en la política brasilera.
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