Autoahorristas cierran otro año sin soluciones

Con el cierre del año, los damnificados por los planes de autoahorro llegan a 2023 sin soluciones a la vista. Aseguran que la situación se mantiene prácticamente sin cambios desde 2019, o en todo caso, ha empeorado. A las cuotas con incrementos exorbitantes, sobrevinieron deudas y hasta el secuestro de las unidades.

“Es la misma situación que se suscita desde comienzos del año 2019, ante el incremento de manera desmedida y más aún ante las cláusulas abusivas dispuestas que no hacen más que dañar la economía y el derecho del adquirente”, remarcó Damián Cabáñez, quien conformó, antes de la pandemia, un grupo de autoahorristas autoconvocados.

“Los aumentos desmedidos que no acompañan la escala salarial de aquellos trabajadores adquirentes, sumado a un contrato con un oferente desde una posición dominante que todo lo gana y ante una parte débil que todo lo pierde, se consuma con el agravante de no disponer de un ente regulador que norme, legisle y controle estos sistemas de contratos. La Inspección General de Justicia no lo está haciendo”, agregó.

El damnificado recordó que alrededor del país, en distintas provincias, ya recurrieron a instancias legales tanto en la Justicia ordinaria como en la Federal, con denuncias y amparos colectivos para tratar de frenar el aumento de los planes, a la vez que impulsaron diversos proyectos de ley en el Congreso Nacional, buscando modificar el sistema de contratos. En ninguno de los casos estas acciones prosperaron.

“Nuestra nación fue víctima de una estafa sistemática que afectó a más de 4 millones de argentinos y más de 6 mil ciudadanos de nuestra amada provincia vieron sus derechos vulnerados por cuanto vivieron el horror de perderlo todo”, concluyó Cabáñez.

Se frenan los secuestros

La vía legal actualmente se sostiene por demandas individuales que a veces generan acciones favorables. En agosto, la abogada Victoria Villegas logró frenar una ejecución prendaria de un cliente en San Luis, es decir el secuestro de un vehículo, ya que legalmente las ejecuciones solo las pueden realizar entidades bancarias y no empresas con los planes de ahorro.

“Tuvo un efecto importante, se sentó una jurisprudencia. Actualmente cuando se están iniciando las ejecuciones prendarias, los abogados de las empresas piden el secuestro, pero no lo hacen, porque no quieren que le planteemos esto. Es todo un gasto para ellos realizar el secuestro, llevarse el auto y después devolverlo. Lo que hacen ahora es presentarse ante los domicilios de los deudores, dejan la intimación para que hagan el pago”, explicó Villegas.

El deudor tiene un plazo de tres días para contestar la demanda, en el que puede plantear cualquier excepción que lo pudo haber llevado al endeudamiento. “Nosotros pedimos la nulidad de todo el procedimiento, pero lo bueno para el deudor es que sigue teniendo el auto en su poder. Si transita el juicio, puede seguir trabajando, seguir usándolo”, agregó Villegas.

El incremento de los contratos de los planes tiene su origen en el valor “móvil” de las unidades. Justificándose en el aumento del dólar, incrementan el valor de los vehículos y las empresas de los planes actualizan las cuotas constantemente, muchas veces por arriba de la inflación. Esta situación de fondo no se vio modificada, remarcó la abogada, que hace poco conformó la representación provincial de Usuarios y Consumidores Unidos, una asociación civil que trabaja por los derechos de los consumidores.

“Desde el lado de las administradoras de los planes no se ha modificado una coma de estos contratos, se sigue actualizando el valor móvil. Han cambiado algunas estrategias de venta, que confunden más a la gente, porque te plantean que los primeros doce meses son cuotas fijas y eso no es verdad. Después de ese período, aplican lo que no te cobraron. La gente ve de repente, sin haberlo dimensionado desde un principio, que su cuota aumenta”, resumió sobre el panorama actual.

“Son situaciones abusivas y las queremos seguir denunciando, hasta que la gente se dé cuenta de que estos planes de ahorro son una estafa y que las empresas busquen otra manera de poner sus productos a la venta, pero de una forma más transparente y más acorde con la legislación y la realidad económica y social de cada provincia y del país en que estamos”, concluyó la abogada, quien defiende a varios damnificados en su estudio.