Cannabis industrial: en San Luis destacan la ley, pero piden despenalizar

Con la aprobación este jueves en el Congreso Nacional de la Ley de Cannabis Industrial, que regula la producción con fines médicos e industriales de la planta, activistas puntanos destacaron que es un paso favorable que exista otra norma que respalde su actividad,  además de la Ley de Cannabis Medicinal. Sin embargo, dijeron que aún falta una despenalización del consumo.

"Ayer (por el jueves) se dio un gran paso con la sanción de esta ley, porque va a permitir desarrollar una industria que trae aparejada divisas y trabajo, además de garantizar a las personas que utilizan cannabis con fines terapéuticos el acceso a un producto seguro y de calidad", apuntó la abogada y activista cannábica Agostina Salvarredi.

"Sin embargo, el cannabis sigue estando prohibido por la ley penal 23.737. El cultivo de una planta o la tenencia de cannabis o semillas siguen siendo considerados un delito y los allanamientos de personas que usan y cultivan cannabis son parte de la escena diaria", apuntó.

En Villa Mercedes la convocatoria será a las 16:20   en la Plaza del Mercado, con la organización de la Asociación Libre Acción Puntana (Alapu).

Es decir, aquellos consumidores que actualmente no estén registrados legalmente en el Reprocann como pacientes que usan cannabis o no lo usen con fines industriales seguirán teniendo causas penales por tener o consumir la sustancia.

"Aunque falta un largo camino por recorrer, hoy celebramos este logro y continuamos en el sentido de ampliar derechos para todos y todas las que quieren acceder a la planta de cannabis", concluyó la letrada.

"Es un punto de partida y es positivo porque es real que el

cannabis tiene una gran variedad de usos más allá de lo terapéutico y medicinal. Hay muchas personas del país que están preparadas para poder adentrarse a la producción y a la comercialización de distintos productos que ya han aprendido a hacer con el tiempo", coincidió Valeria Sánchez Lucero, ayudante terapéutica e integrante de Les Florindes, grupo de mujeres y disidencias de Villa Mercedes que colaboran mutuamente en la siembra, cultivo y preparación de aceites.

"El paso siguiente es la despenalización, sacar finalmente al cannabis de la lista de drogas

prohibidas. La aprobación de esta ley va a permitir hablar cada vez más, empezar a conocer y formarnos a ciencia cierta", agregó Sánchez Lucero.

"Hay bastantes puntos claros en la ley de lo que es la industria, sobre generar puestos de empleo, pero hay que ver hasta qué punto se va a cumplir. Hasta el momento a muchas ONG o pymes que han querido entrar en la industria les ha costado", apuntó José Paz, integrante del grupo de cultivadores Rastapaz, con sede en San Luis.

"Ojalá no vengan a ponerles trabas a las empresas chicas o a los pequeños emprendimientos que van surgiendo y que pueda ser igualitario ante todos", remarcó.

"La parte medicinal es muy buena, se va a seguir usando el Reprocann, que no está mal, pero deja un gris donde la gente que no está inscripta va a seguir siendo penalizada. Al seguir atacando al consumidor, al cultivador que consume para sí mismo, que prepara su propia medicina y no está en el registro, para el Estado es un narcotraficante", agregó.

Lo más importante de la ley

Salvarredi aprovechó de hacer un repaso de los puntos más importantes de la ley. La norma establece que ahora será legal la producción y comercialización de cannabis y sus derivados cuando sea para uso medicinal e industrial. A partir de la planta se podrá, por ejemplo, elaborar medicamentos, cuyo consumo ya estaba permitido con la ley medicinal, pero también cosméticos, alimentos, materiales de construcción como ladrillos, biocombustibles y hasta autopartes.

En lo medicinal, la ley busca garantizar que usuarios y sus familias puedan acceder a un producto seguro. Para esto, se estableció un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena de producción y complementar así la actual ley medicinal. En cuanto a lo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, de comercialización y subproductos.

En este sentido, la ley crea una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que tiene como objetivo el control, la fiscalización y el monitoreo de la producción. La Ariccame tendrá representantes de los ministerios de Desarrollo Productivo, Salud, Agricultura, Ciencia y Tecnología. Esta entidad coordinará con todos los entes de la cadena productiva para garantizar la agilidad de los trámites.

Salvarredi destacó que Argentina tiene "grandes oportunidades"  para ser un jugador importante en la industria, por su tradición agropecuaria, su conocimiento científico y tecnológico y sus capacidades productivas. De acuerdo al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el cannabis puede generar "en un escenario conservador" 10 mil nuevos empleos en los próximos 10 años, U$S 500 millones en ventas al mercado interno anuales y U$S 50 millones de exportación anuales.

Redacción/MGE