América Latina y el Caribe alberga casi la mitad de la biodiversidad del mundo, el 60% de la vida terrestre y suma más de 8,8 millones de kilómetros cuadrados de zonas protegidas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Resulta así la región más protegida del mundo y esa cobertura es mayor que la superficie total de Brasil o la suma de los territorios continentales de Argentina, México, Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay, de mayor a menor.
De allí que en términos de prioridad ambiental el desafío para 2023 sea la gestión de sus áreas protegidas terrestres y marinas, junto a los desafíos de la economía extractivista y del tránsito hacia una economía verde con atención prioritaria a las poblaciones más vulnerables.
Los especialistas hablan de gestión efectiva, participativa y de justicia ambiental y climática, con protección para el entorno y los pueblos originarios.
El otro gran desafío ambiental en la región para 2023 y los años siguientes está en las economías extractivistas, de la región, que van en contravía de la responsabilidad que la región tiene ante el planeta como gran reserva de biodiversidad.
La minería de metales en la región de Los Andes, el macizo guayanés y la Amazonia, y los hidrocarburos en la mayoría de los países sudamericanos y México.
Ese extractivismo, más la deuda en la mayoría de los países por la contaminación —en las zonas urbanas y en los ríos y otras fuentes de agua dulce— pesa como una losa para el tránsito de la región hacia una economía verde que, de manera cíclica, replantea como un reto la gestión de las áreas.
Otras heridas punzantes para la defensa del ambiente en la región son la destrucción del hábitat, de los medios de vida y de las culturas de los pueblos originarios, y el asesinato de líderes y activistas ambientales.
Un aspecto esencial en América Latina, y en particular en América del Sur, es la deforestación, el ataque y extinción de áreas de bosques para dedicarlos a cultivos y a ganadería, o como consecuencia de la explotación minera.
Según el informe “Amazonia viva 2022”, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés), el 18% de los bosques amazónicos se ha perdido por completo, otro 17% está degradado y en el primer semestre de 2022 el daño seguía creciendo.
La pérdida del bioma amazónico puede afectar directamente los medios de subsistencia de 47 millones de personas que viven en esa región repartida entre ocho naciones, incluyendo 511 pueblos originarios diferentes (con más de un millón de individuos), así como al 10% de la biodiversidad del planeta, indicó el WWF.
Brasil es el foco principal en esa deforestación, porque posee el 62% de la superficie amazónica y porque la tala de bosques para abrir espacio a la agricultura y la ganadería —más la devastación que causan los incendios— reduce velozmente la superficie boscosa.
El universo ambientalista respiró con alivio cuando Luiz Inácio Lula da Silva reemplazó en la presidencia de Brasil a Jair Bolsonaro, quien hacía oídos sordos a los llamados para contener la deforestación y favorecía la expansión de la frontera agrícola.
Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) asegura que la restauración de 20 millones de hectáreas de ecosistemas degradados en la región podría generar 23.000 millones de dólares en beneficios en 50 años.
Políticas ambientales con base en la gestión ambiental.
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