El desafío de la transición justa

La cantidad de energía disponible para cada ser humano en la Tierra ha crecido 700 veces desde principios del siglo XIX, pero ha sido un crecimiento desigual.

Mientras una persona en EE. UU. gasta unos 216 kWh al día, en Alemania consume unos 112, en China alrededor de 85 y en la India apenas 19,5.

Más energía significa más emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto una responsabilidad diferenciada ante la crisis climática. Esta es la gran discusión de la COP 28.

Estados Unidos, con apenas el 4% de la población mundial, es responsable del 24% de las emisiones. En América Latina y el Caribe somos responsables del 5% de todas las emisiones mundiales con el 8% de la población mundial, pero dentro de la región existen brechas abismales: el 10% más rico emite el 40% de las emisiones.

De ahí el mantra que ha comenzado a repetirse con más fuerza dentro de las negociaciones climáticas: “Una transición justa”.

La sociedad civil exige que la transición sea justa, rápida y con financiación.

Justa significa que los países desarrollados van primero en deshacerse (phase out) de los combustibles fósiles y deben aportar dinero para que otros países lo hagan. Rápido significa que sea en línea con el límite de 1.5° C del Acuerdo de París.

No por nada, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, recalcó: “Le pido a los países ambición en comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también ambición en entregar justicia climática”.

El concepto de “transición justa” existe desde los años 80. Fue adoptado entonces por el movimiento de sindicatos estadounidense para proteger a los trabajadores afectados por las nuevas normas sobre contaminación del aire y el agua.

Ahora, dentro de las últimas horas de las negociaciones climáticas en Dubai, intenta convertirse en un lenguaje que atraviese cada medida, cada avance en mitigación, adaptación y financiación, que son las tres grandes dimensiones sobre las que gira el mandato del Acuerdo de París.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define esa transición justa como “ecologizar la economía de una manera que sea lo más justa e integradora posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”.

Según un informe publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los principios de la transición justa ya están reflejados en el 38% de los planes climáticos a corto plazo —las conocidas como contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDC— que trazaron los países y en 56 de las estrategias a largo plazo o LTS (en inglés).

Buscar una transición justa implica algunos factores críticos como la necesidad de mecanismos de financiación sólidos, una fuerte alineación con las necesidades y prioridades, la voluntad política y la apropiación, junto con el diálogo social y la participación de las partes interesadas.

Los países están posicionados en dos bandos. Por un lado, los desarrollados —liderados por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá—, que prefieren mantener la definición de transición justa al ámbito del trabajo, que cada país debe resolver por su cuenta.

Por el otro, los países en desarrollo, que promueven la idea de ampliar el concepto hacia otros grupos vulnerables (mujeres, pueblos originarios), y que desean establecer ciertos marcos de entendimiento común sobre qué es una transición justa.

El desafío de la transición justa.