Dicen ser "ciudadanos del mundo" y no reconocen ninguna autoridad

En los años que llevo redactando noticias policiales nunca me tocó un hecho tan insólito. Pero el caso no deja de ser serio: desde el lunes hay una pareja demorada en un destacamento policial de San Luis y los niños que dicen son sus hijos, de 11, 8, 5 y 2 años, esperan que la Justicia Federal resuelva la situación de los adultos para saber qué hacen con ellos. ¿Cuál es el problema? Dicen ser "ciudadanos del mundo" y miembros de un grupo que no reconoce las leyes nacionales ni internacionales, ni los límites territoriales. Ingresaron a la provincia por un puesto limítrofe y exhibieron una especie de identificación que versa: "Universal Pass (pase universal) CESTUI QUE VIE 2022". Los policías quedaron atónitos y no les permitieron seguir. Ante la posibilidad de la comisión de delitos de índole federal, ese fuero tomó las actuaciones.

Todo comenzó el lunes a la siesta, cuando una camioneta Honda CRV gris llegó al Puesto Limítrofe N° 11 de Las Palomas, en el norte provincial. Los policías que hacían un control le pidieron al conductor que se identificara: “Me considero un ser vivo autodeterminado”, les contestó, pero después les dijo que podían llamarlo Sergio. Dijo que provenían de la zona de Mediolaza, Córdoba, con Villa Praga como destino. Su esposa An y los cuatro chicos tenían el mismo carnet que él y dijeron no poseer DNI, pasaporte ni ningún otro tipo de documentación de curso legal en el país.

La patente del vehículo dice UCC-1-308 y la frase “propiedad privada”. La Policía la introdujo en un sistema de búsqueda, pero no existe. Los agentes del puesto limítrofe informaron a sus superiores y cerca de las 15 llegaron numerarios del Destacamento 40 de Los Cajones. Para entonces, ya habían puesto en conocimiento a la fiscal adjunta Silvina Argüello, quien determinó, cerca de las 18, que la pareja y los niños fueran trasladados a la dependencia de esa localidad.

“En un primer momento intervino la Policía provincial, pero ante la posible comisión de delitos de orden y competencia federal nos pasaron la competencia a nosotros”, le explicó ayer a El Diario el juez federal de Villa Mercedes, Carlos Nacul.

“No sabemos quiénes son, de dónde vienen ni a dónde van”, comentó el magistrado, “pero nuestra preocupación, más allá de la falta de identificación y de colaboración de los adultos, es la situación de los menores”.

“Mi obligación es preservar la vida y salud, sobre todo de los menores, porque así me obliga la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a la Constitución”, sentenció.

Nacul le corrió vista al fiscal federal de San Luis Cristian Rachid, quien dispuso una audiencia que se celebró ayer a la mañana. El juez participó desde su despacho junto a María Virginia Jalil, defensora pública oficial federal de Villa Mercedes; Rachid y Federico Pastor, defensor público oficial de San Luis, lo hicieron desde la capital vía remota, y Sergio y An, si acaso son sus nombres reales, también vía remota desde Los Cajones.

No reconocen ninguna autoridad

“Ellos creen que son ciudadanos del mundo y no reconocen autoridad judicial alguna. No me reconocieron como juez ni al fiscal como fiscal, entonces tuvimos que aportarle la defensa de oficio de Jalil y del doctor Pastor por los menores, a fin de garantizar los derechos de defensa”, pero “terminaron por negar la actuación de la Justicia y por desconocer a todos los que estuvimos en la audiencia, y directamente se levantaron y retiraron de la sala en la que estaban”, informó Nacul.

Este medio intentó comunicarse con el fiscal federal de San Luis, pero no fue posible. Él es el encargado de investigar y definir si existe algún delito y de qué índole. De momento, las sospechas podrían ser por una presunta violación a las leyes migratorias argentinas o un delito de supresión o falsificación del estado civil de los menores.

Según las primeras averiguaciones, los involucrados tendrían actuaciones en un Juzgado Federal de Salta por tratar de pasar hacia Bolivia por el paso Aguas Blancas con la misma documentación que les secuestraron en San Luis, y también por una maniobra similar en Mendoza, desde donde pretendían ingresar a Chile.

Los niños, resguardados

An, como dice llamarse, interrumpió a las autoridades federales durante toda la audiencia dejando en claro que no reconocían su autoridad. Sergio se limitó a filmar un video que luego fue subido a las redes sociales de una mujer identificada en Facebook como Patricia Funes, con domicilio en San Rafael, Mendoza, quien en su perfil asegura ser profesora de Derecho y Ciencias Económicas, doctorada en la Universidad de Maryland; en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos; y en Derecho en la Universidad de Baltimore, Maryland. También dice ser docente titular de Derecho y Ley Natural, Derecho Marítimo, UCC, Derecho Canónico, Derecho Consuetudinario, Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Laboral, Derecho de Familia, Derecho Penal, Derechos Humanos y Ciencias Económicas en su propio Instituto Privado de Carreras Útiles y Capacitación de Empresas (Icuce).

Desde el martes, ella fue la encargada de transmitir en vivo una especie de juicio ante el Juzgado Internacional de las Gentes (sic) contra todos los que intervinieron en el procedimiento en Las Palomas, contra el Estado argentino y contra el Gobierno de la Provincia de San Luis.

Sin éxito en el primer acto defensivo propuesto por Rachid y Nacul, los magistrados ordenaron ayer que se les extraigan las huellas dactilares a la pareja de “manera compulsiva” para definir sus identidades, y que los cuatro niños quedaran bajo el resguardo del Juzgado Civil, Comercial, Ambiental, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia de la Tercera Circunscripción Judicial de la Justicia provincial, a cargo de José Ramiro Bustos.

Este medio trató de comunicarse con él sin éxito. Por la tarde, desde la oficina de prensa del Poder Judicial de la Tercera Circunscripción informaron que no dará declaraciones sobre el tema y pidió transmitir “que el Juzgado Federal es el que lleva adelante la investigación del caso, y que desde el referido tribunal se solicitó la colaboración del Juzgado de Familia del Departamento Junín para el dictado de medidas de protección en favor de los/as menores; hasta tanto se determine la identidad de todo el grupo y el vínculo entre sus integrantes”.

Al cierre de esta edición, la pareja y su vehículo, al que se refieren como “terranave”, aún estaban en el destacamento de Los Cajones. Los niños, no se sabe.