Acusan por homicidio criminis causa a un empleado rural

La calificación legal es provisoria y puede cambiar conforme avance la investigación, pero la figura que un fiscal pretende imputarle a Luis Alberto Farías es una de las más graves del Código Penal: el homicidio criminis causa, que prevé la prisión perpetua como única pena. Según la hipótesis acusatoria, el hombre mató a un amigo de 69 años con quien convivía para procurar su impunidad tras robarle.

Este jueves, Farías, un trabajador rural de 33 años, enfrentó una audiencia de formulación de cargos en el subsuelo del Poder Judicial de la capital. Tenía un pedido de captura desde inicios de abril, pero lograron ubicarlo recién este domingo en la localidad de Unión, en la casa de un conocido. Fue difícil porque no tiene un domicilio fijo y se mueve en distintos establecimientos rurales.

Emmanuel Sastre, fiscal de Instrucción 1, a cargo del caso, hizo un minucioso repaso del hallazgo del cuerpo de Ramón Nicolás López, la víctima. Fue la noche del 28 de diciembre del año pasado, gracias a un vecino que acudió a casa del hombre porque hacía días que no lo veía.

Un olor nauseabundo lo hizo llamar a la Policía y, ya con un agente, descubrieron el cadáver, que estaba boca abajo sobre un colchón tirado en el piso, con una toalla anudada en la cabeza, las muñecas y los tobillos atados y unidos entre sí, y una colcha, una valija y cerca de 50 prendas de vestir encima. El estado de descomposición era muy avanzado.

La teoría de la fiscalía es que entre el 15 y el 16 de diciembre “el señor Farías sustrajo el teléfono celular y dinero, porque el día 14 de diciembre el señor López cobró la jubilación y el aguinaldo, que retiró en una sola extracción de un cajero de la capital, por un total de 64 mil pesos, y una riñonera de la víctima, que fueron las cosas que no se hallaron en la escena”, expuso Sastre.

Apuntalándose en el informe de la médica forense Marcela Gómez, estima que “lo redujo con un golpe en las costillas, luego le colocó una toalla en el rostro provocándole la sofocación en fosas nasales y boca, y lo maniató de pies y manos para ponerle luego una frazada y ropa encima al cuerpo, que yacía sobre el colchón”.

López, quien nació en La Rioja, tenía muy poco y su vivienda era una construcción precaria sin luz eléctrica. Incluso, al teléfono Samsung J2 que usaba se lo había regalado un vecino. Fue ese aparato el que permitió seguirle el paso al sospechoso y se convirtió en una prueba de cargo.

Por seis mil pesos

“El día 16 de diciembre, conforme impactó en la antena de telefonía, (Farías) emprende su retirada hacia la localidad de Monte Comán, Departamento de San Rafael, Mendoza, donde se queda unos días y se le pierde el rastro cuando se vende el celular del occiso”, siguió Sastre.

Al aparato lo compró Néstor Zubeldía, vecino de Monte Comán y amigo de Farías, quien dijo haberse quedado sin trabajo y le pidió 6 mil pesos por el teléfono. El 17 de diciembre, el nuevo propietario sacó el chip de López e instaló una nueva línea.

Días después, una comisión del Departamento Homicidios viajó a esa provincia e hizo un allanamiento en casa de Zubeldía, quien entregó el celular de forma voluntaria y contó cómo lo adquirió. Peritos del Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial puntano lograron recuperar 8 fotos de interés tomadas con el aparato, en las que víctima y victimario figuran sentados a una mesa con bebidas alcohólicas en la casa de la víctima, el 14 de diciembre.

Sabía que lo buscaban

Del análisis del teléfono también extrajeron un número de otro vecino de Monte Comán, de apellido Nievas, con quien el sospechoso se había contactado. En una entrevista, esa persona contó que el imputado le dijo que había llegado a la localidad para pasar Año Nuevo con su madre, ya que su hermana, quien vive en la localidad puntana de Unión, lo acusaba de haber asesinado a un hombre en San Luis y dijo que lo buscaba la Policía.

A esa misma persona Farías le contó una historia en la que aseguraba que a López lo visitaba una chica a quien él no conocía y que había muerto por “tomarse la pastilla azul” (viagra).

 Conflictos y violencia

Según estableció la investigación, hasta mediados de septiembre de 2022 el sospechoso trabajó para una empresa de baños químicos, de donde presuntamente lo despidieron por llevarse una camioneta sin permiso y andar alcoholizado. Sin trabajo ni techo, fue a pedirle asilo a su pareja, pero la mujer se lo negó. Días después, comenzó a mandarle amenazas de muerte desde el teléfono de López, a quien ella conocía como “Ramoncito”.

La mujer acudió a un Juzgado, radicó una denuncia y pidió una orden de restricción. Otra expareja que vivía cerca de la casa de la víctima, y que por ella Farías habría conocido a López, fue quien le advirtió a la hermana del acusado, por Facebook, que su hermano había matado a un anciano. “Tenía la costumbre de emborracharse, pelear y llevarse las cosas sin permiso”, dijo esa testigo.

Para Sastre, Farías se hizo del dinero y las pertenencias de quien le había dado asilo, y luego lo mató para encubrir ese delito y lograr impunidad, que es como se configura el homicidio criminis causa.

Por la gravedad del hecho, la expectativa de pena en caso de ser sentenciado y el peligro de fuga, ya que el hombre no tiene lugar de residencia, el fiscal pidió encarcelarlo por 120 días mientras terminan de producir pruebas.

La defensora oficial 2, Nadia Agúndez, quien asistió al acusado, solicitó ocho días de prórroga de la detención para tratar de aliviar su situación procesal.

Redacción/ALG